Un delito de género y europeo

La trata de seres humanos es un crimen contra la humanidad. Atenta contra la propia vida, la libertad y la dignidad, convierte a los seres humanos en simples mercancías. Los traficantes utilizan contra sus víctimas una violencia extrema, tanto física como psicológica ―coacciones, amenazas y toda clase de extorsiones― para deshumanizarlas. Esas víctimas, meros objetos del tráfico criminal, sufren un dolor profundo, duradero y en muchas ocasiones irremediable.

El Parlamento Europeo acaba de adoptar un informe de aplicación legislativa sobre la directiva de 2011 relativa a la prevención y lucha contra la trata, del cual soy coponente junto a Juan Fernando López Aguilar. Como la trata de seres humanos no ha dejado de aumentar en los diez años pasados desde que se adoptó la directiva, queremos que se revise, y que la trata sea una prioridad para la Unión Europea.

Hablamos de un delito europeo, porque la mitad de sus víctimas son ciudadanos europeos. El tercer informe sobre los progresos contra la trata de personas, publicado por la Comisión Europea, especifica que el 72% de las víctimas en la UE son mujeres y niñas, utilizadas sobre todo para la explotación sexual.

La explotación sexual representa más del 60% de todas las formas de trata, cuyas víctimas son esencialmente mujeres y niñas (92%). Hablamos de un delito de género, profundamente radicado en la desigualdad estructural, la discriminación y la violencia contra las mujeres, que, junto a niñas y niños, son un blanco fácil para los traficantes, porque son los más vulnerables.

Las niñas y los niños en migración no acompañados en las rutas y los campamentos corren el mayor riesgo, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Suponen una tercera parte de las víctimas de trata en el mundo, pero en los países pobres y en desarrollo esta cifra se incrementa hasta el 50%. Su mayor vulnerabilidad, junto a la pobreza, incrementa el riesgo de ser captado por los tratantes de seres humanos.

Este delito está definido por los enormes beneficios que genera. La ONU afirma que la trata ―en particular, con fines sexuales― representa la segunda fuente de ingresos ilícitos más rentables del mundo tras el tráfico de drogas. Las redes son grandes multinacionales del crimen. Actúan de manera global, captando y colocando a sus víctimas y reinvierten sus enormes beneficios en otras actividades delictivas y negocios de blanqueo.

Son verdaderas organizaciones policriminales que actúan con casi total impunidad. Los datos sobre detención y enjuiciamiento de sus responsables son desalentadores. En 2018, de los 9.429 sospechosos, solo hubo 7.368 juzgados y únicamente 3.553 condenas. Y solo somos capaces de liberar al 1% de las víctimas de trata.

Es la tormenta perfecta, el crimen casi perfecto: la especial vulnerabilidad de las víctimas, los enormes beneficios económicos en juego y el altísimo grado de impunidad de los criminales hacen que la trata sea un delito en expansión.

No podemos olvidar que la trata de seres humanos no existiría sin los que están dispuestos a pagar por el uso de los servicios de las víctimas. Son los cooperadores necesarios de este delito y contribuyen a su expansión. Por ello pedimos la revisión de la directiva: para que la Comisión exija a todos los Estados miembros que incluyan como delito en sus legislaciones nacionales el uso consciente de servicios prestados por víctimas de trata. Este es un elemento clave para luchar contra la impunidad y amparar a las víctimas, que necesita protección, reparación y justicia. Es evidente que las instituciones europeas no hemos sido capaces de garantizar ninguna de estas tres cosas.

Uno de los mayores retos de la trata es la identificación temprana de las víctimas, ofrecerles tutela y servicios de asistencia y garantizar que acceden a sus derechos. Por eso es urgente abordar de manera prioritaria la formación y especialización de agentes judiciales y policiales, trabajadores sociales y sanitarios, contando siempre con las ONG de asistencia a las víctimas, que hacen desde hace años un enorme y valioso trabajo.

Pedimos también un enfoque global verdaderamente transnacional en la lucha contra este crimen que impulse la cooperación policial y judicial con las agencias europeas, como Europol y Eurojust, y con todas las agencias e instituciones encargadas de perseguir el blanqueo de capitales para detectar las actividades poli-criminales de los traficantes.

Necesitamos una mayor colaboración para luchar contra el uso de las tecnologías digitales por parte de los traficantes que, aprovechando los ángulos más oscuros de internet, captan en las redes sociales a mujeres, adolescentes y niños invisibles y vulnerables. Los traficantes se han adaptado perfectamente a la era digital; para combatirlos, tenemos que ser más eficaces que ellos en este terreno.

Todo esto tiene hoy una urgencia aún mayor. Sin contar aún con datos cuantificables, todas las agencias nos avisan de que el coronavirus, afectará desproporcionadamente a mujeres y niñas. Las hará más vulnerables para las redes de tratantes y los usuarios de sus servicios.

Parecen invisibles, pero están entre nosotros. Las víctimas de la trata trabajan en los talleres textiles ilegales, en la construcción, en empleos domésticos y agrarios. Las víctimas de trata de explotación sexual están en los anuncios de neón, en los reclamos online, porque necesitan ser anunciadas para poder ser vendidas.

Todas las víctimas tienen nombres. Tienen también madres, padres, hijos que lloran su pérdida, que están esperando que nosotros tengamos el valor de mirar para verlos. Como nos decía el escritor portugués Fernando Pessoa, “a veces lo más difícil es ver lo que más se ve”. Miremos, por favor. Miremos.