Un año del 11-J en Cuba: el régimen perpetúa la crisis que llevó a la mayor protesta en décadas

“Que no es lo mismo, pero es igual”, canta Silvio Rodríguez. Cuba cambió para siempre el 11 de julio de 2021, pero un año después, Cuba es la misma. Parece imposible, una cosa y la contraria, pero así es: el país vivió las manifestaciones antigubernamentales más potentes desde la Revolución de 1959 y ese levantamiento espontáneo insufló un aire nuevo, esperanzador, a una sociedad cansada del régimen. A la vez, la Cuba del poder sigue inamovible, ha ejecutado reformas mínimas y los problemas son los de siempre: falta de democracia, de libertad, de oportunidades.

El 11 de julio de 2021, miles de cubanos salieron a las calles en las manifestaciones más multitudinarias contra el gobierno a nivel nacional desde la revolución de 1959. Estas protestas, abrumadoramente pacíficas, surgieron en reacción a las violaciones de derechos humanos que ocurren en la isla hace décadas, la inflación, la escasez de comida y medicamentos, los cortes de electricidad constantes y la respuesta del Gobierno de Miguel Díaz-Canel ante el covid-19. El acumulado del sistema autoritario, sin derechos, sin elecciones, más las sanciones de Estados Unidos impuestas desde hace 60 años, daba la base sistémica a la mala coyuntura.

El cansancio rompió en San Antonio de los Baños, a 35 kilómetros de La Habana, y la epidemia de protestas contagió pronto a una cincuentena de ciudades del país, con convocatorias rápidas, populares, sin liderazgos ni siglas, a través de las redes sociales -esas que con un foco contestatario desde que se pueden usar en la isla, 2018-. “Patria y vida”, gritaban, el famoso lema de Fidel Castro dado la vuelta y hecho canción.

Hubo algún lanzamiento de piedras, hubo alguna moto de policía tirada, algún patrullero con los cristales rotos, pero no fue a más. Eso fue suficiente para que el Gobierno quisiera contarle al mundo que los contestatarios estaban organizados y buscaban guerra, y también para iniciar una ola de detenciones arbitrarias de opositores, activistas o periodistas en las que a falta de justificación se sumaron luego torturas, amenazas, interrogatorios, allanamientos de casas, cortes de internet, persecución hasta el exilio... Lo han denunciado ONG locales e internacionales.

La semana pasada Miguel Díaz-Canel aún insistía en su relato, pese a estas quejas que han saltado hasta a Naciones Unidas. Dice que aquel día y los que le siguieron hubo un “golpe de Estado vandálico”. Ya antes había llamado a los manifestantes “violentos” y “contrarrevolucionarios”. Contra ellos mandó primero a otros manifestantes, afines a él, los verdaderos “revolucionarios” que seguían su orden de “combate” para recuperar la calma en la patria, y luego a la policía y el ejército. Washington, decía, estaba detrás de todo.

“El régimen cubano ha cometido violaciones sistemáticas de derechos humanos en respuesta a las protestas masivas de julio de 2021 con el aparente objetivo de castigar a los manifestantes y disuadir futuras protestas”, dice expresamente Human Rights Watch, que ha publicado estos días el informe Prisión o exilio: Represión sistemática contra las protestas de julio de 2021 en Cuba. Juan Pappier, investigador sénior para las Américas de la organización, denuncia que “hace un año, miles de cubanos y cubanas protestaron exigiendo derechos y libertades, pero a muchos de ellos el régimen solo les dio dos opciones: la prisión o el exilio”. “Tienen sobradas razones para pensar que han sido abandonados por gran parte de la comunidad internacional”, denuncia, además, reclamando una mayor presión internacional para que el régimen no siga en su línea de bota en el cuello.

Silenciando

Fuentes como Cubalex y Justicia 11-J elevan a 1.484 los detenidos; en enero había ya 790 procesados, según la Fiscalía General de la República, 55 de ellos de entre 16 y 17 años. Se han dictado 76 sentencias sobre 381 cubanos y el 78% de los condenados han acabado con pena de cárcel. Prisoners Defenders añade que antes del 11 de julio había 152 presos políticos documentados y que ahora se elevan hay 999 y entre ellos hay 33 menores de edad.

HRW abunda no sólo en los números, sino en los tipos de juicios: tuvieron lugar en tribunales militares, lo que viola el derecho internacional. Son civiles, no contendientes en una guerra. Numerosos manifestantes fueron procesados por “sedición”, un cargo gravísimo, y condenados a penas de prisión “desproporcionadas” de hasta 25 años por su presunta participación en incidentes violentos, tales como arrojar piedras durante las protestas.

A través de entrevistas y con ayuda del Grupo Independiente de Expertos Forenses (IFEG) del Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de Tortura (IRCT), se ha documentado que las autoridades “detuvieron de forma reiterada a personas que protestaban de manera pacífica, arrestaron a críticos cuando se dirigían a las manifestaciones o les prohibieron salir de sus casas durante días o semanas”.

En la mayoría de los casos documentados, “los detenidos permanecieron incomunicados durante días, semanas y a veces meses, sin poder hacer llamadas telefónicas ni recibir visitas de sus familiares o abogados. Algunos fueron golpeados, obligados a hacer sentadillas desnudos o sometidos a maltratos, incluyendo privaciones del sueño y otros abusos, que en algunos casos constituyen tortura”.

Los fiscales enmarcaron acciones como protestar pacíficamente o insultar al presidente o a la policía, “que constituyen un ejercicio legítimo de la libertad de expresión y asociación”, como conductas delictivas. “Muchos manifestantes y transeúntes fueron condenados en base a evidencias poco confiables o sin corroborar, tales como declaraciones exclusivamente de miembros de las fuerzas de seguridad o supuestas “huellas de olor” de los acusados encontradas en piedras”, señala el informe.

Y exiliando

Las autoridades cubanas también han tomado medidas para “desmantelar el limitado espacio cívico que permitió que las protestas ocurrieran”, denuncia HRW. En mayo de 2022, la Asamblea Nacional aprobó un nuevo código penal que incluye múltiples normas vagas e imprecisas que podrían ser utilizadas para criminalizar la oposición pacífica al gobierno. El nuevo código también establece la pena de muerte para varios delitos, incluido el de “sedición”, un cargo empleado contra muchos manifestantes del 11 de julio, y “actos contra la independencia del Estado”.

La situación en los últimos 12 meses ha sido de tal presión que el exilio se ha tornado la única salida, forzada, para miles de personas que no comulgan con Díaz-Canel en los suyos, sin más. El número de cubanos que huyen del país ha aumentado dramáticamente: la Patrulla Fronteriza de EEUU detuvo a más de 118.000 cubanos entre enero y mayo de 2022, en comparación con 17.000 en el mismo período de 2021. La Guardia Costera norteamericana ha interceptado también a más de 2.900 cubanos en el mar desde octubre de 2021; la cifra más alta, por mucho, en los últimos cinco años.

En total, según datos de EEUU, sólo en los primeros ocho meses del actual año fiscal -que comenzó en octubre- han llegado a ese territorio 140.602 cubanos. La cifra supera al hasta ahora mayor éxodo, en 1980, cuando 125.000 personas salieron por el puerto del Mariel en siete meses, recuerda EFE.

Entre los que se fueron, el portavoz del colectivo disidente Archipiélago, Yunior García Aguilera, que se fue a Madrid tras una salida rocambolesca de la isla, después de ser retenido en su casa por si acaso lideraba nuevas protestas, el pasado noviembre.

Lo no resuelto

¿Ha hecho algo Cuba en este año para contentar a los descontentos? Poco, prácticamente nada. Los problemas siguen siendo los mismos en el país caribeño, a excepción del coronavirus, que entonces tenía picos de más de 9.000 contagios diarios y cerca de un centenar de muertes al día y hoy ha estabilizado la situación. A ello ha ayudado la producción de hasta tres vacunas locales, que han permitido proteger a toda la población: el 90% tiene la pauta completa.

Donde no hay mejoría es en la crisis energética y en la alimentaria. Según datos oficiales, la inflación en el mercado minorista estatal alcanzó en 2021 el 70%. El incremento de los precios en el extendido mercado informal, dependiendo de los cálculos, rondó entre el 500 y el 700%. Mientras, el producto interior bruto (PIB) tuvo un incremento del 0,5% tras un desplome por encima del 10 % en 2020. El PIB “aún no se recupera de la caída estrepitosa” de 2020 y 2021, dijo en marzo el propio Gobierno. La inflación interanual se situó este mayo en el 26 %. La culpa, no obstante, es siempre de EEUU -innegable el impacto del embargo-, y no de la gestión doméstica.

En cuanto a la energía, hay 54 días de apagones de media por trimestre, lo que complica notablemente cualquier actividad diaria, en las casas, en la sanidad o en la educación.

Toque de atención

HRW critica la inacción mundial ante esta crisis democrática, pero al menos estos días se han producido importantes críticas a La Habana, coincidiendo con el aniversario, por parte de EEUU y la UE. El Alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha expresado su “preocupación” por la situación en Cuba y ha recordado a los procesados. “La Unión Europea ha seguido de cerca las condenas desproporcionadas contra los manifestantes, algunos de los cuales tenían menos de 18 años cuando fueron arrestados”, dijo en un comunicado.

Los juicios ponen en tela de juicio la situación de los Derechos Humanos en Cuba y la violación de “los estándares y principios internacionales de transparencia”, añade. “Durante los últimos doce meses, la UE ha reiterado su llamamiento al Gobierno cubano para que respete los Derechos Humanos y las libertades del pueblo cubano, incluido el derecho a la libre asociación y asamblea”, enfatiza su texto, en el que pide “liberar a todos los presos políticos” y abrir el diálogo para hacer frente a la crisis.

La UE ha vuelto a pedir, a su vez, que las autoridades cubanas permitan a la comunidad diplomática asistir a los juicios y ha ofrecido su apoyo para “proteger e impulsar” los Derechos Humanos y las libertades de los cubanos y mejorar su calidad de vida.

En agosto de 2021, poco después de las protestas, el Gobierno aprobó el Decreto ley 35, dirigida a contenidos o mensajes que La Habana considere noticias falsas, ofensivas o que puedan incitar a actos “que alteren el orden público”.

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, ha reprochado a Borrell y ha afirmado que “la UE carece de autoridad moral para realizar juicios de valor sobre la realidad cubana”. “Bebería ocuparse de sus propios problemas y las frecuentes violaciones de Derechos Humanos en sus Estados miembros”, ha recriminado, según Europa Press.

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo el lunes que “reconoce la determinación y el coraje del pueblo cubano”, ya que este “continúa luchando por el respeto de los Derechos Humanos y perseverando, pese a la represión, durante un año histórico”. Habló de “la determinación indomable” de la ciudadanía cubana “frente a la opresión”. “Los estadounidenses observaron con admiración el 11 de julio de 2021 cómo decenas de miles salieron a las calles para alzar sus voces”, abundó. Obvió que estas protestas, además, generaron un importante debate interno en el seno del Partido Demócrata, el de Biden, sobre la necesidad de flexibilizar o hasta de levantar el embargo a Cuba. Eso queda también sepultado, un año después.

El ministro de Relaciones Exteriores cubano ha recalcado que Cuba rechaza “los comentarios del Secretario de Estado de EEUU que confirman el involucramiento directo del gobierno de ese país en intentos de subvertir el orden y la paz en Cuba, en violación del Derecho Internacional”.