Susto o muerte en el Consejo del Poder Judicial

Un viejo chiste te forzaba elegir entre “susto o muerte”; casi todos escogían el susto, que desencadenaba una broma en forma de grito acompañado de un “ahhhh, podías haber elegido muerte”. 

Hasta ahora venía siendo materia de escándalo el bloqueo en la renovación de instituciones como el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo, al tiempo que una nueva oportunidad para afearles a los partidos su incapacidad para dialogar y entenderse, sobre todo en cuestiones institucionales en momentos tan críticos como la situación de pandemia que sufrimos. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es el foco de la más reciente en la bronca parlamentaria ya habitual de los miércoles y de las admoniciones, bienintencionadas o antipolítica, posteriores. 

El largo bloqueo que va para casi dos años, el consiguiente deterioro de la institución y la captura de los nombramientos aprovechando la situación de interinidad, ha sido la causa de la presentación de una proposición de ley por parte de los grupos parlamentarios de la izquierda que forman parte del Gobierno, que ha venido precedida de la exigencia y el apoyo por parte de una amplia mayoría del Parlamento, lo que ha puesto aún más en evidencia el bloqueo espurio que se sitúa al margen de una voluntad más que mayoritaria. 

La respuesta por parte del presidente del Consejo General del Poder Judicial, el Sr. Lesmes, no ha podido ser más política. Ha continuado como si tal cosa con los nombramientos y ha filtrado una conversación protocolaria con el Jefe del Estado para así convertirla en una crisis institucional. 

La muestra de la seriedad que desde la oposición se atribuye a la propuesta de reforma ha sido la elevación del tono y de los argumentos críticos por parte de la derecha y sus afines, tanto en el ámbito jurídico como entre los medios de comunicación, situando la misma al margen del espíritu constitucional e incluso en la línea de las medidas iliberales de algunos gobiernos centroeuropeos. Aunque en los últimos tiempos estemos habituados a los epítetos del más grueso calibre en la política española. 

Ha habido incluso quien, como el PP, se ha permitido amenazar con el bloqueo de los fondos de reconstrucción europeos, vinculándolos a un supuesto retroceso en el estado de derecho, sin recordar que hace tan solo unos días ha votado en contra de esa misma vinculación en el pleno del Parlamento Europeo, acompañado tan solo por la extrema derecha. 

Con la proposición de reforma en la reducción a la mayoría absoluta para la elección de los vocales judiciales y en el funcionamiento fuera de mandato del CGPJ se trataría de presionar para una negociación cada día más remota, o en el caso más probable de mantenerse el bloqueo por parte del PP, para devolver el pluralismo y equilibrio perdidos, tanto en el órgano de gobierno de la justicia como en sus futuros nombramientos. Es evidente que por mucho que el Sr. Cosidó afirmase en su momento lo contrario, el PP no iba a mejorar su posición actual y carecería por tanto de ningún interés para llegar a un acuerdo.

Por eso, el PP no ha hecho otra cosa que buscar excusas desde el mismo momento en que finalizó el periodo de vigencia del actual Consejo y mientras tanto con su mayoría en él no ha dejado de realizar nombramientos a pesar de encontrarse en periodo de interinidad. Como consecuencia de todo ello, la mayoría conservadora es aplastante y ya tiene copados los principales órganos del Tribunal Supremo y de los tribunales superiores de justicia, habiendo aprovechado en particular los bloqueos políticos y los consiguientes periodos de interinidad para monopolizar los principales nombramientos.

En definitiva, el PP no tiene hoy ningún incentivo para pactar: Que si la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno, que si la filtración de las conversaciones... todo vale. Lo más reciente, es la vuelta a los argumentos de principio que ya perdió en el TC frente a la reforma de 1985, considerada constitucional por el TC, con la propuesta del nombramiento corporativo de los doce componentes del Consejo de Extracción Judicial. Con ello pone aún más dificultades a cualquier acuerdo.

Se trata por tanto de una reforma legal para a evitar un mayor deterioro de la institución, y de garantizar al menos su renovación. La disyuntiva es entre un bloqueo contrario al espíritu y la letra de la Constitución y una iniciativa política y legal para la regeneración de la institución. Es verdad que posiblemente se trata de un remedio coyuntural.

Lo que no se acaba de entender es por qué el nombramiento corporativo entre jueces y magistrados que se propone es mejor que la elección por parte de la representación de la soberanía popular en el Parlamento. Tampoco por qué los criterios objetivos han de garantizarse solo para evaluar a los ocho que no son jueces o magistrados. El último recurso al absurdo es la elección por sorteo.

Porque, al contrario del discurso populista contra la casta política, los vocales del CGPJ españoles no son nombrados a dedo por los políticos. Son elegidos por una amplia mayoría del Congreso de los Diputados, entre los propuestos por las asociaciones o como independientes y pactados entre los partidos. Un sistema mixto, no muy diferente de cualquier país democrático europeo. Otra cosa es que tanto el proceso de negociación, la valoración de los méritos y la comparecencia ante la Cámara sean manifiestamente mejorables. Pero lo que es mucho más mejorable es el criterio profesional por el que son promovidos a los más altos cargos de la Magistratura. Pero eso no depende de los políticos.

El constituyente dejó abierto el sistema de elección de los 12 vocales jueces. Así los elegidos deben ser entre los jueces, pero nada dice de los electores. Si hay que deducir algún espíritu a la norma, sería que fueran elegidos también por el Parlamento.

En las ultimas horas, a estas posiciones conservadoras, se les han sumado otros sectores, alarmados ante la bronca política o defensores de tesis similares. Así, Manuel Aragón, antiguo miembro del Tribunal Constitucional, muy influyente en el desgraciado ‘cepillado’ del Estatut, ha dictaminado que no solo la reforma del CGPJ es contraria al espíritu de la Constitución, sino que lo es también la reforma de 1985, aunque el TC la considerase entonces plenamente constitucional. En igual o parecido sentido se ha pronunciado un editorial de El País, aludiendo a una posible merma en la independencia del poder judicial y de la división de poderes.

Sin embargo la independencia que se predica del poder judicial no está en el órgano de gobierno, que en otros países es el propio Ministerio de Justicia, está en la independencia del juez cuando instruye y juzga, y esa no está en cuestión ni en esta reforma ni en la vida política española. A la vista está la capacidad y la independencia de la justicia española frente casos como la corrupción o ahora mismo como garantía de los derechos ciudadanos en este periodo de pandemia.

Se ha oído de todo para excluir el órgano de gobierno de la justicia de la dialéctica política y la elección parlamentaria. Pero los esfuerzos de contorsionismo más recientes tienen que ver con la elección de los miembros vitalicios al Tribunal Supremo norteamericano y el debate abierto en el Senado con respecto a la legitimidad de la propuesta presidencial, en pleno periodo electoral. Lo que nadie ha puesto en duda ha sido la independencia judicial en los EEUU, como tampoco el derecho del presidente promover sus propios candidatos vitalicios.

Por otra parte, la derecha, que hoy se escandaliza por la iniciativa para cambiar las mayorías de tres quintos exigibles en el nombramiento del CGPJ, es la misma que reformó unilateralmente la organización y el funcionamiento del CGPJ, con el objetivo de reducir la influencia de las organizaciones de jueces y para acabar con la autonomía presupuestaria y reglamentaria del CGPJ, a mayor gloria del Sr. Gallardón, entonces ministro de Justicia.

El PP cambió su propia ley orgánica 4/2013 con la LO 7/2015 como ellos dicen, “en mitad del partido”, y luego la lo 4/2018 siguió el mismo proceso de producción, la proposición de ley, sin informes de nadie. Y los que hoy se rasgan las vestiduras no dijeron nada.

Esa sí que era una medida iliberal.