Stop acoso

Como ciudadano español y demócrata, considero intolerable el acoso que sufren Pablo Iglesias, Irene Montero y su familia. El escrache continuado que vienen soportando desde su llegada al Gobierno de España por parte de representantes de la extrema derecha no tiene cabida en nuestra Constitución ni en el Estado de derecho que todos tenemos que defender sin ambages. No se puede disfrazar de crítica política lo que simplemente es odio. Si ya es grave esta actitud intransigente contra dos miembros del Gobierno de España y representantes legítimos a través del voto de los ciudadanos, lo que no se puede tolerar es la espiral de violencia que cerca el día a día de tres menores, los tres descendientes de la pareja. Por eso, con la ley en la mano, un país democrático tendría que poner fin sin más demora a ese martilleo cotidiano de grupúsculos intolerantes.

Ya sabemos adónde conducen a las sociedades la ideología y los métodos de la ultraderecha. Generan crispación y enfrentamiento, revientan las instituciones, aniquilan al diferente e imponen su visión del mundo por la fuerza. La primera mitad del siglo XX supone una página negra de la historia de Europa. En España tenemos también un recuerdo imborrable de sus fechorías y sus herederos buscan hoy dinamitar nuestra convivencia democrática con actitudes del pasado. No olvidamos para que no se repita de nuevo. 

No se puede transitar, por tanto, en la equidistancia ante el hostigamiento a la familia Iglesias-Montero. Se escuchan voces que justifican el actual acoso a los dos miembros del Ejecutivo como consecuencia del “jarabe democrático” a modo de escrache que Podemos y grupos afines protagonizaron contra cargos del PP y otros partidos políticos durante la crisis económica anterior. Aquello estuvo mal y lo que hoy padecen los líderes de la formación morada, también. Sin matices. No podemos aceptar sin más esa idea tan recurrente que ‘de aquellos polvos, estos lodos’ o el castizo de ‘quien a hierro mata a hierro muere’. Se equivocan gravemente los que resucitan la Ley del Talión, el fatídico ojo por ojo de un Antiguo Régimen más que superado. Frente a la persecución y la violencia no caben medias tintas en democracia, sólo la condena y el rechazo frontal sea quien sea la víctima y el autor de tan denostables hechos. Ante todo, hemos de preservar y ser proactivos en la defensa del respeto y la convivencia.

En un Estado de derecho se actúa y se responde bajo el imperio de ley. Una ley que ha de ser igual para todos y que en su aplicación no distingue a nadie. Sin embargo, la extrema derecha tan altanera y totalitaria no se siente muy concernida por nuestro marco legislativo de referencia porque sólo busca la división, hacer ruido y la convulsión social. Esta estrategia de intimidación, amenazas e incitación al odio ha de ser penalizada y cortada de raíz, por salud democrática. Que se lo hagan mirar quienes miran al tendido porque las víctimas hoy son Iglesias y Montero. Condenemos con contundencia sea quien sea el que sufra esta tipo de cacería antidemocrática.