Sánchez intenta que Irene Montero acceda a estudiar cambios en la ley del 'sólo sí es sí'
La titular de Igualdad defiende no realizar modificaciones y el Gobierno plantea un comité de técnicos en Justicia, según 'El País'.
El Gobierno está barajando tomar cartas en el asunto de las revisiones y rebajas de condenas a agresores sexuales en el marco de la implementación de la conocida como ley del ‘sólo sí es sí’. Según ha publicado El País este jueves citando fuentes gubernamentales, el presidente Pedro Sánchez intenta que la ministra de Igualdad, Irene Montero, acceda a estudiar modificaciones de la norma.
Tal y como recoge el citado medio, ese goteo de reducciones de penas y varias excarcelaciones sumado al reciente pronunciamiento del Tribunal Supremo en el caso de los jugadores en el ‘caso Arandina’ -aún falta la publicación completa- han llevado al Ejecutivo a plantearse la necesidad de un ajuste técnico con el fin de evitar la interpretación que están haciendo algunos tribunales, contraria al criterio de la Fiscalía.
En este sentido, Sánchez ha trazado la posible salida, que requiere de la interlocución para buscar soluciones es entre la ministra de Justicia, Pilar Llop, e Irene Montero. El plan del Gobierno pasa por un equipo técnico de Justicia con participación de Igualdad que analice posibles ajustes.
Diferencias
La que simboliza una de las leyes estrella del Gobierno progresista en esta legislatura es defendida por Sánchez en público y en privado, confiado en que el tiempo demostrará su utilidad. “Es una gran ley, de todo el Gobierno, que amplía derechos y protege a las mujeres”, han comunicado al diario desde el entorno del líder del Ejecutivo.
Sin embargo, ante un desenlace inesperado que está siendo utilizado como arma política por la oposición, el ala socialista entiende que no pueden quedarse de brazos cruzados. Así, esta es también la postura en Justicia.
No obstante, y según El País, en el entorno de Irene Montero creen que no hay que hacer cambios y que el tiempo acabará ajustando todas las interpretaciones y que ya se han revisado todas las posibles opciones de reforma. Según esta posición, todas son perjudiciales para el objetivo de proteger mejor a las mujeres agredidas y es mejor enfocarse en que los jueces sigan el criterio de la Fiscalía.
