El Sahel africano: un mundo de nómadas en crisis

Los tiempos de pastores nómadas peul o songhais o tuaregs recorriendo el sur del Sáhara con sus rebaños de camellos, de cabras o cebúes, de pozo en pozo, comerciando entre los centros concurridos de Tahoua o Segú o D’jamena… forman parte del pasado, como las leyendas que antes los griots africanos llevaban de pueblo en pueblo. En esa zona acosada por los conflictos, el cambio climático, dirigentes corruptos y un legado histórico colonial que expulsan a sus gentes, las tradicionales formas de vida se vuelven imposibles y las alternativas para sus millones de habitantes no están a la vista.

Las migraciones en el Sahel, palabra árabe que se traduce como esa frontera entre el mar de arena del desierto y la sabana, son fruto de un nudo enrevesado y complejo de factores que planean sobre pueblos que nunca supieron de estados, ni de banderas, ni de países… Hasta hace escasas décadas, los sahelinos sabían de su pertenencia a etnias que siempre fueron expertas en sobrevivir en un territorio hostil, yendo de pozo en pozo, al albur de las escasas lluvias en esa franja que cruza África del norte de este a oeste, pueblos nómadas con una forma de vida hoy en extinción que parece que nadie echa de menos. “Ahora el cambio climático multiplica los conflictos en toda la zona, y la escasez de agua y su contaminación.… Hay mil millones de personas que ya están expuestos a riesgos climáticos según ACNUR y el IPCC nos alerta de que en el Sahel el impacto será muy grande porque ya son más vulnerables”, señalaba Anton Leis, director de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID), en un reciente encuentro virtual convocado por la ONG Alianza por la Solidaridad, bajo el nombre de Derechos Humanos y migraciones climáticas en el Sahel.

Para Leis, la relación entre las migraciones y los impactos climáticos en una zona al límite, como es el borde del Sáhara, es evidente. De hecho, la AECID ha puesto en marcha unas guía para que la variable ambiental figure en todos los proyectos de desarrollo y de emergencia humanitaria que se financian desde la agencia. “Queremos una cooperación en verde y justa, porque las emisiones contaminantes del Sahel son insignificantes comparadas con las nuestras, pero no los impactos;  queremos que nuestra cooperación esté muy centrada en temas de adaptación al cambio climático”, aseguraba. Iniciativas como las mejoras de gestión de los pastos o la creación de huertas regadas gracias a agua, cada vez con un acceso más profundo, que se consigue con energías renovables ya están en marcha en países como Senegal con fondos españoles, pero ¿son suficientes?

En la última Cumbre del Clima de Glasgow quedó claro que los temas de adaptación al clima son la pariente pobre, algo que confirmó después del IPCC en su último informe, que también ha certificado con datos cómo la subida de temperaturas es mayor en el Sahel y cómo las lluvias son cada vez más erráticas. Eso sí, se hicieron promesas de apoyo a los países del sur. “España  apuesta por ello con numerosos proyectos de protección de ecosistemas, con soluciones basadas en la naturaleza y la economía circular, pero en general habrá que ver si los instrumentos que hay funcionan. Por otro lado, en nuestro país, que se desertifica, tenemos experiencias que podemos compartir con el Sahel”, argumentaba el responsable de la AECID.

Pero si algo quedó en evidencia en este evento es que, con ser importante, no todos los males del Sahel son ‘cambio climático’. Del nudo gordiano también forman parte la violencia armada y el aumento demográfico en esa franja habitada ya por 150 millones de habitantes, 300 millones si se suman las poblaciones totales de los 12 países que la conforman. Las previsiones indican que para 2050 podría duplicarse. “Además, en todo el continente, las personas están migrando a las ciudades y ello va a requerir un cambio desde una agricultura de subsistencia, que ya no es suficiente, a otra más productiva que pueda proveer a los centros urbanos, además de que hay que mejorar la logística del transporte”, señalaba Leis. “Pensemos que es una zona donde el estado no ha existido nunca, pero donde sus dirigentes quieren tener el control del territorio”, añadía.

También más allá de los impactos ambientales, el antropólogo Oriol Puig, que hizo su tesis sobre migraciones en África, reflexionaba sobre la necesidad de “repolitizar el cambio climático” . Afirmó, aludiendo a algunos estudios, que “el Sahel está reverdeciendo”, una realidad que señaló no recoge “la academia”. Puig denunció que “los líderes locales del Sahel se acogen a que llueve menos para culpar al clima de ser la causa única de la pobreza, cuando la seguridad alimentaria depende allí más de los precios internacionales y de la privatización de la tierra”. “En el Sahel no hay escasez de recursos” –añadía - “Lo que pasa es que hay una política desarrollista agraria en la región y los pastores han sido relegados, no se ha respetado su trashumancia, y se cierran las fronteras, haciendo que proliferen los conflictos. Las migraciones tienen más que ver con la mala gestión”. Además, recodaba que el 90% de los desplazados del Sahel no emigran fuera de la zona, es decir, no llegan a Europa, frente a la imagen que se quiere trasladar, sino que se queda en países cercanos. “Si hablamos de migraciones ligadas al clima puede legitimizarse las políticas de seguridad y externalización de fronteras”, concluía.

Aminata Monekata, de ActionAid Malí, desde este país, confirmaba que son pocos los habitantes del Sahel que llegan a Europa, en proporción a los que se mueven por el continente. Ella si destacaba el impacto social del cambio climático en un Sahel que sufre una temperatura media 1,5 veces mayor que en el resto del mundo y aludió a informes que hablan de que entre 200 y 1.000 millones de personas tendrán que dejar su hogar en 2050 en África, pese a que ONG como la suya están desarrollando la resiliencia de las poblaciones. Monekata destacaba que ya han formado con los proyectos en marcha a más de 800 mujeres sahelianas para poner en marcha iniciativas agrícolas sostenibles. Son, en palabras de Oriol Puig,  parte de esa  población  “inmovilizada”, la que no puede migrar, la que se queda por falta de recursos para plantearse otra opción.

El diputado en la Asamblea de Madrid y activista Serigne Mbaye conoce bien esta realidad, aunque él es de los que pudo emigrar. En otro de los eventos sobre migraciones y derechos humanos organizados por Alianza ActionAid, Mbaye recordaba como en su país, Senegal, se promovía décadas atrás una agricultura intensiva para la exportación, recurriendo al uso de agroquímicos que acabaron afectando a la tierra. Consecuencia: aumentan los que dejan un campo que ya no da lo suficiente y se desplazaron a las ciudades, no como antes de forma estacional, sino para siempre.

Y si el interior se vacía, lo mismo pasa en la costa por la pérdida de la pesca como medio de vida. Es otra migración que no tiene detrás al cambio climático, sino acuerdos comerciales con Europa y Asia que promueven una sobrepesca que les deja sin alimento. De hecho, según datos oficiales las capturas locales bajaron de 95.000 a 45.000 toneladas anuales entre 1995 y 2005, mientras que solo 43 barcos franceses, españoles y portugueses pueden pescar al año 10.000 toneladas de atún. “Si a este expolio sumas que en mi pueblo el nivel del mar ya ha subido lo nunca visto, se entiende que los jóvenes se cojan una patera e intenten llegar a Canarias”, señalaba Mbaye.

De hecho, explicó cómo vivió en su país las huelgas que hubo tras el último acuerdo de pesca entre la UE y Senegal, protestas de las que no nos llegó ningún eco: “En las zonas de pescadores hubo muchos disturbios, incluso se atacó a barcos extranjeros, pero es el gobierno del país quien les autoriza pescar a cambio de un dinero y al final se llevan el alimento de los africanos a otro lugar. Debemos saber que el pescado que comemos en España viene de esos países” . Y añadía: “Hagamos un comercio más justo y más local”, en referencia a estas migraciones ‘forzosas’

La perspectiva de género la puso Beatriz Felipe Pérez, de la cooperativa de investigación CICrA Justicia Ambiental, al recordar que son las mujeres las que tienen que ir cada vez más lejos a por agua debido a la crisis climática cuando hay sequía, las que se ahogan en mayor número en las inundaciones, las que no pueden pedir créditos para reconstruir sus vidas tras una catástrofe porque los bienes no están a su nombre, las que sufren más violencia machista y matrimonios infantiles cuando falta comida, las traficadas… “Pero ellas también son agentes de cambio, con conocimientos muy valiosos y estrategias de adaptación fundamentales”, destacaba.

Sobre la panorámica más legal y judicial, están los pasos que se están dando para reconocer internacionalmente que las catástrofes ambientales otorgan el derecho migrar, es decir, que no pueda devolverse a quien tuvo que dejar su país por este motivo. Un informe elaborado por la organización Migraciones Climáticas, cuya coautora es Beatriz Felipe, recoge ejemplos como el pionero caso Teitiota, un habitante de la isla Kiribati, en el Pacífico que pidió refugio climático en Nueva Zelanda en 2013 porque su isla se inunda. Se le negó, pero su caso llegó al Comité de Derechos Humanos de la ONU, donde se reconoció que si el cambio climático afecta a la vida de las personas, que también se lo negó pero acabó señalando que habrá que reconocer el derecho de no devolución de los migrantes por esta causa si se pierden vidas. Según esta experta, “cada vez más gente no es devuelta y también son más quienes documentan mejor estas causas antes de viajar; si antes no se hablaba del tema, ahora ya está tribunales en Alemania o Francia”. “Hace pocas semanas, en Argentina se ha aprobado un visado para centroamericanos y mexicanos desplazados por catástrofes socio-naturales. Serán casos puntuales pero está claro que hay que reformar todo el sistema de migraciones sin queremos una solución porque las migraciones climáticas ya están aquí”.