Bloqueo en la reforma de la 'ley mordaza' por la devoluciones en caliente

El Gobierno continúa trabajando para acabar con algunos de los puntos más lesivos de la Ley de Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como la ley mordaza. No obstante, y según recoge El País, este proceso está atascado por uno de los asuntos más polémicos, las devoluciones en caliente.

Con la crisis de Ceuta como telón de fondo, el Ministerio de Interior trata de mantener las devoluciones de migrantes en el nuevo texto, una decisión que no cuenta con el apoyo del socio del Ejecutivo, Unidas Podemos. La norma aprobada por el Partido Popular en 2015, en plena ola de protestas derivadas de la crisis económica, fue recurrida al Tribunal Constitucional hace seis años por PSOE, IU, ERC, y UPyD. El pasado noviembre, el tribunal avaló la mayor parte de su contenido.

La pauta del Constitucional es la que quiere seguir el Gobierno para mantener las devoluciones de migrantes, una medida que permite el regreso automático de personas que cruzan la frontera sin haberles prestado asistencia jurídica.

Las medidas más polémicas

Entre los asuntos más controvertidos que se está debatiendo para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana se encuentran también la inclusión o no del artículo que permite manifestarse ante el Congreso -que promueve Podemos- o la horquilla de cuantías relativas a las sanciones de los delitos. La coalición está de acuerdo en rebajar las más graves a importes de entre 6.001 a 12.000 euros; las graves, de 301 a 6.000 euros y las leves, de 50 a 300 euros. Actualmente van de 30.001 a 600.000 euros; de 601 a 30.000 euros y de 100 a 600 euros; respectivamente.

Con todo, la ley mordaza verá perder medidas como las sanciones a organizadores de manifestaciones pacíficas de forma espontánea en la vía pública, castigar la difusión de imágenes de actuaciones policiales o el desnudo parcial y total en registros corporales de las fuerzas del orden.