Qué pasa con la nueva directiva de Copyright de la Unión Europea y cómo te afecta

“El Internet libre se va a acabar”. Esa es una de las proclamas más repetidas de los últimos meses. Y poco tiene que ver con Black Mirror, aunque la realidad se parece demasiado. La nueva directiva de Copyright aprobada por el Parlamento Europeo el pasado mes de marzo y que lleva meses centrando el debate de la cámara europea va a marcar un antes y un después en el consumo de nuevos medios y, especialmente, en las redes sociales.

A raíz de esto han nacido movimientos en la propia red y directamente de la sociedad civil como #SaveTheCopyright o #SaveTheInternet, que acumula más de 5.000.000 de firmas en Change.org y que permiten lanzar peticiones a los eurodiputados. Y muchas, muchas protestas y movimientos ciudadanos alrededor de toda Europa.

YouTube no será como estamos acostumbrados. Google tampoco. Mucho menos Instagram, Facebook o Twitter. La nueva normativa busca proteger la correcta remuneración de los autores y sus derechos de explotación, algo de los que nombres como Iván Ferreiro o Vega se han quejado en más de una ocasión.

Pero, ¿qué tiene para que genere tanta polémica? Especialmente dos artículos el 15 y el 17 (anteriormente 11 y 13). El primero, regula la posibilidad de compartir y recopilar artículos de medios de comunicación, en cualquier soporte especialmente los digitales. El segundo deja en manos de las plataformas digitales y redes sociales la responsabilidad del cumplimiento de los derechos de autor mediante lo que se conoce como “filtro de carga”, un sistema de filtrado de contenidos y retirada previa en caso de ser susceptible de vulneración de derechos de autor. Un software parecido al que utiliza Instagram para detectar un pezón femenino en una imagen. 

La normativa todavía está difusa y el derecho a la transposición de los Estados —para el que disponen de dos años— y varios debates parlamentarios pendientes hacen que no se saque demasiado en claro en cómo se va a aplicar en España, ni cómo van a adaptarse las plataformas.

Este sería un supuesto hipotético de cómo podría funcionar la carga de contenidos, del mismo modo que sucede en Instagram:

¿Antes no había derechos de autor?

Antes de que se aplique esta nueva normativa, que queda pendiente de aprobar y transponer en España, la legislación vigente es la normativa E-Commerce, que perseguía a los usuarios de contenidos que subían a internet contenido de forma ilegal y que tenía clara relación con frenar a la piratería.

Por esta normativa, también se aplicaron los filtros de las plataformas como YouTube, que retiraban los vídeos de los usuarios, pero no se hacían responsables de ello y los artistas tampoco veían remunerado su trabajo. Sin embargo, este filtro no es perfecto. Ha fallado en casos como versiones a cargo del pianista James Rhodes o el youtuber Jaime Altozano, alegando que no eran ellos los que tocaban el instrumento durante una versión.

“Oye ⁦⁦Sony Music, al parecer eres ‘dueño’ de los 47 segundos de mi interpretación de Bach. Murió hace 300 años. E hice esta grabación en mi sala de estar. Deja de ser gilipollas. Tú no eres dueño de nada!”.

Google, YouTube, Facebook e Instagram guardan silencio

Desde los departamentos de comunicación de estas corporaciones no responden a preguntas sobre los filtros de carga que aplicarían o cómo serán capaces de recopilar todas las obras registradas y cómo van a poder de diferenciar un meme o una parodia —exentas dentro de la directiva— de una vulneración de derechos.

Este tipo de mecanismo no es obligatorio, pero según los expertos es la única forma de controlar las ingentes cantidades de contenidos que se suben a las plataformas.

Para Google, “la directiva de Copyright ha mejorado, pero seguirá provocando inseguridades jurídicas y perjudicará a las economías creativas”. Sin embargo, desde la plataforma esperan “poder trabajar con los responsables políticos, editores, creadores y propietarios de derechos, a medida que los Estados miembros de la UE avanzan en la aplicación”.

Es decir, las grandes plataformas van a estar muy presentes en las negociaciones. Las pequeñas, no tanto, así como los usuarios, que serán los afectados directos de su aplicación.

Esta participación implícita ha sido muy cuestionada por los contrarios a la nueva directiva. “Esta directiva le da más poder a las grandes plataformas. Ellas son las que tienen la capacidad de decidir qué es lo que se publica y qué no. Atendiendo a los controles de Copyright, pero estos algoritmos no son tan inteligentes”, recalca a El HuffPost Lola Sánchez, eurodiputada de Unidas Podemos.

“Llega a ser muy difícil que la inteligencia artificial identifique una violación de derechos con una parodia o con algo que tenga fines educativos o científicos”, enfatiza Sánchez, haciendo hincapié en las dos excepciones que recoge esta norma.

Wikipedia: organismo educativo y de divulgación científica

Tras meses de lucha, Wikipedia se incluye dentro de las excepciones a la directiva que recogen el contenido con fin de divulgación educativa y científica, al igual que todo el contenido universitario, de patrimonio cultural, etc. Además, la reproducción de contenido de Wikipedia será totalmente libre para los usuarios.

Sin embargo, desde la enciclopedia online van a ver mermada su actividad. “Lo que no se acaba de entender es que siendo una fuente de información secundaria, todo está referenciado y, de hecho, tenemos muchas notas de referencias, si ese ecosistema en el que trabajamos no es el idóneo para compartir libremente contenidos o conocimientos”, señala Virginia Díez, responsable de comunicación de Wikimedia España.

Según señala Díez, Wikipedia ya tenía un filtro de contenido menos invasivo que el que se propone en la Unión Europea: aboga por debatir la infracción y no por retirar el contenido directamente. “Cuando hay algo así, ese tipo de duda, que no está claro se suele retirar el contenido. Se deja subirlo, debatirlo y, después retirarlo. En los últimos seis meses hemos tenido seis o siete peticiones en todo el mundo que lo infringieran y hubo solo una que era válida”, señala.

Además de esta plataforma, las instituciones educativas y culturales podrán seguir haciendo uso de obras con derechos de autor siempre y cuando cumplan lo que denominan “minería de textos”. Por ejemplo, en el caso de las universidades, los estudiantes que realicen trabajos académicos deberán analizar las obras de terceros y reinterpretarla para poder utilizarla.

La parodia, los memes y las covers seguirán existiendo, aunque corren peligro

YouTube se ha convertido en uno de los principales reproductores de música en streaming. Según Promusicae, cerca del 90% de los usuarios utilizan la plataforma para escuchar música. Ahora, solo podrán hacerlo mediante las cuentas acreditadas, de la discográfica o el propio artista.

Esta plataforma incluye también numerosos canales de versiones de jóvenes artistas y youtubers que, como Jaime Altozano, analizan partiendo de la teoría musical canciones clásicas y modernas. Las covers por parte de artistas, que reinterpreten una obra están teoría permitidas dentro de la directiva, pero el límite entre la reproducción de una obra y la reinterpretación de esta es muy fino. Y la principal duda es si un software digital va a poder llevarlo a cabo.

Para el rapero Rayden esto supone un inconveniente, incluso para su promoción. “Los vídeos en los que analizan tus canciones, por ejemplo, te dan valor y profundidad con reproducir fragmentos. Se van a cargar todo de la música, es peliagudo el caso. La idea inicial era salvaguardar derechos, pero ahora no es así para nada”, señala. “Están haciendo mucho daño a nuestra labor porque así nadie va a poder compartirnos, ni darnos feedback ni hacer de embajadores y darnos a conocer”.

Lo mismo sucede con los memes, no queda claro cómo van a ser capaces de distinguir una parodia de una reproducción. Sin embargo, los que apoyan la nueva normativa se muestran optimistas al respecto. “Claro que se pueden, si se desarrolla el derecho de cita y no se vulneran los derechos de autor. Precisamente, está expresado. Los memes podrían ponerse en toda Europa, no como actualmente, que está legislada por cada Estado”, señala Luis de Grandes, eurodiputado del Partido Popular.

¿Qué es el derecho a cita? ¿Qué breves fragmentos puedo incluir sin vulnerar el derecho de autor?

Según establece la directiva, el derecho a citar el autor, retuitearlo o compartirlo desde su cuenta oficial haría que no se retire el contenido. Sin embargo, en el caso de lo que repercute a medios de comunicación (artículo 15) plataformas como Menéame no podrían reproducir extractos de noticias, tampoco Google. Se producirá algo parecido a la prohibición de Google News, que no puede operar en España desde 2014. Esta medida busca igualar los derechos de autor de medios digitales con los tradicionales.

“La normativa limita el que se puedan compartir artículos a que se compartan extractos muy cortos. Pero por un lado pensamos que no es suficiente, ni sabemos qué es un extractos muy cortos”, señala Díez.

Por su parte De Grandes recuerda que van a seguir estando disponible en buscadores, siempre linkando al medio original. “Los motores de búsqueda pueden seguir usando los hipervínculos y las citas, pero la clave es que puedan obtener beneficios tanto los tradicionales como los nuevos medios y que no solo se restrinja el derecho a los medios tradicionales: radio, televisión y prensa escrita”, detalla.

Artistas y periodistas recibirán beneficios de sus empresas

El pago de licencias de las plataformas no se quedará solo en los gigantes de Internet. O, al menos, esa es la idea inicial. La directiva recoge que los periodistas deberán recibir la parte proporcional de los derechos de autor por parte del periódico, así como que se controlará que las plataformas paguen correctamente a los artistas por sus obras.

Sin embargo, los creadores no están tan de acuerdo. “Al final, hay unos intereses que van a crecer en las discográficas y productoras, eliminando a otros de en medio que no les iban a quitar el pan, que son los usuarios y los seguidores. Esto se solucionaría si YouTube o Google repartieran el gran beneficio que se están llevando con los autores y discográficas”, señala el rapero Rayden a El HuffPost.

Según datos proporcionados por la Unión Fonográfica Independiente (UFI), las discográficas independientes reparten una media de un 25% de los royalties por las reproducciones en streaming a sus artistas, pudiendo alcanzar en algunos casos un 50%. Algo que, según indican, no se corresponde con las multinacionales —que guardan silencio al respecto— y que suelen dar la misma proporción para ventas físicas y digitales.

Para la eurodiputada de Unidas Podemos, el problema radica en que no se regula específicamente eso, sino que siguen siendo las grandes plataformas de Internet las que están en el punto de mira de los artistas. “Esto lo soluciona al final y consideramos que se ha obviado los intermediarios que son las empresas propietarias de los derechos de los autores: productoras, discográficas… Que se les obvia en la directiva, se les nombra, pero no se les impone nada. Realmente el problema está ahí”, enfatiza.

Por otro lado estarían los conocidos como Creative Commons, que permite la libre distribución de productos culturales, siempre con derecho a cita y con condiciones en función del acuerdo seleccionado. Este tipo de licencias estarían exentas ya que se considera como artistas que pagan a sí mismos sus licencias de distribución.

Los eventos musicales, fiestas y eventos deportivos, en el punto de mira

En el caso de que las licencias sean corrientes y respondan a una compañía y un creador, olvídate de compartir tu fiesta en Instagram si suena tu canción favorita. Y también si eres aficionado al fútbol y quieres hacerte una foto en la grada. La vulneración de derechos que impone esta directiva también regula estos ámbitos.

“Claro que si pones música en una fiesta hay que pagar. Es igual. No se cercena la libertad del ciudadano, sino que se protegen los derechos de autor y recalcar los límites por los que tiene que pagar. Se define donde empieza la libertad de otro. Garantiza el respeto de la libertad intelectual”, indica De Grandes, que enfatiza que los jóvenes viven en “la cultura de todo gratis”.

Según el artículo 17, “solo el organizador de eventos deportivos tendrá derecho a poner a grabar, publicar, reproducir o compartir vídeos y fotos del evento en concreto”, una medida para acabar con las retransmisiones ilegales en streaming, pero que podría afectar, si finalmente se aplican los filtros de carga, a cualquier usuario.

El pago por contenidos, la posible solución

Para De Grandes y la mayoría de expertos que apoyan la normativa, el pago por las licencias de contenidos es la solución más factible. Si un usuario quiere hacer un vídeo con una canción determinada, deberá pagar por ella, aunque tampoco queda muy claro el proceso a seguir ya que la responsabilidad sigue recayendo en los aglutinadores de contenido.

“La situación legal anterior es que las personas que hacían uso de ese contenido, eran los únicos responsables y cuando los autores querían demandar, no podían. Era de imposible cumplimiento, aunque el derecho existía. Ahora se puede responsabilizar a las plataformas, que todo el mundo sabe que no lo hacen sin lucrarse”, indica De Grandes.

¿Vamos hacia un futuro de censura?

Para muchos, este filtro de contenidos que dirigen las grandes plataformas no solo queda en la protección de derechos de autor, sino que repercute directamente en el control de las plataformas sobre el contenido que se comparte en ellas.

“Nos parece que es una herramienta que poco tiene que ver con los derechos de autoría y más con la libertad de expresión. Por ejemplo, en China se ha aplicado este sistema y Wikipedia está censurado y no puede acceder a la información”, señalan desde Wikipedia.

Para Sánchez, esta medida “va a hacer que internet se convierta un desierto de contenidos, que desaparezcan las parodias, los contenidos con fines educativos o científicos”. Todo por el filtro indiscriminado de las plataformas.

Asimismo, señala que los que no puedan pagar este tipo de software no podrán seguir adelante, porque contar con personal humano para llevar a cabo este control es prácticamente imposible. Sin embargo, en la directiva se incluye una restricción a las start up y pequeñas empresas, aunque todavía no se han especificado cuáles serían.

Para Rayden, lo único que va a fomentar esta directiva es una especie de “fuga de cerebros”, en su caso, hacia América Latina.

Para él, este futuro distópico no le beneficia como artista y tampoco le parece tan lejano. “Esto puede ser conspiparanoico, pero es así. Hace unas semanas, una representante de la Aspciación de Víctimas del Terrorismo empezó a decir cosas que no le parecían bien del PP, incluso comentarios personales y rápidamente desapareció su tuit porque ella no lo había borrado. En Instagram pasa eso también”, enfatiza refiriéndose al caso de Pilar Manjón.

Incertidumbre dominante y un paso hacia la búsqueda de soluciones

España tiene dos años por delante para aplicar la normativa y para ver cómo será la transposición. Los grados de aplicación pueden ser tan dispares que es difícil aventurarse a cómo será el futuro. Lo más probable es que no sea ni una dictadura de la censura, como achacan sus detractores, ni sea la panacea de los artistas, como señalan sus defensores.

Una de las claves será que se dé a conocer el software que permitirá controlar los contenidos y cómo se va a controlar la ingente cantidad de creaciones con derechos de autor que existen. Suena imposible, veremos si se cumple.

Hace unos 10 años era prácticamente imposible pensar que la gente iba a pagar por ver una película o una serie en Netflix. Hoy en día, la plataforma en streaming acumula más de 8.000.000 de usuarios en España. 

La tecnología se adapta y las rutinas de los usuarios cambian. Parece que con la nueva normativa todo apunta a que los intermediarios en la industria cultural no perderán poder y mucho menos las grandes plataformas, que saldrán fortalecidas ante la falta de alternativas en la red.