Estimados compañeros y amigos de grupo parlamentario: Hoy, que me encuentro retenido en Alemania, me veo obligado a dirigirme a vosotros por carta en lugar de los habituales encuentros que hacemos en Bruselas, donde podemos compartir ratos que son muy importantes para mí. Añoro poder hablaros directamente y el intercambio de sus reflexiones, pero siento su calor y apoyo. Como sabéis, el pasado día 23 de marzo el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dictó unas medidas cautelares por las que el Estado español debe garantizar al diputado Jordi Sànchez el ejercicio en plenitud sus derechos políticos. La decisión es consecuencia de la vulneración de su derecho a someterse al debate de investidura para ser elegido presidente de la Generalidad de Cataluña, derecho que tenía y tiene, dada su condición de diputado del Parlamento de Cataluña.
No es esta una resolución menor ni trivial sino de gran trascendencia. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, es un organismo que vela por el cumplimiento, por parte de los Estados firmantes, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Todos los Estados que se han adherido, entre los que el Estado español, deben cumplir obligatoriamente las resoluciones que dicta el Comité de Derechos Humanos. Cabe decir que la resolución que afecta al diputado Jordi Sànchez fue emitida con una celeridad extraordinaria, sin duda debido a la gravedad de los hechos y la irreversibilidad de la vulneración de sus derechos en caso de que este proceso se alargara excesivamente.
Estamos ante una oportunidad sin precedentes, que debemos aprovechar jurídica y políticamente en la defensa de nuestra causa a nivel internacional. Hay que exigir al Estado español el cumplimiento de las medidas de las Naciones Unidas y preservar los derechos del diputado Jordi Sànchez como candidato a la presidencia de la Generalidad de Cataluña. Hacerlo es un acto de justicia que repara el daño causado por los poderes del Estado español. Hacerlo insta al Estado a comportarse como el resto de países de Europa y a respetar los derechos políticos de todos, incluidos los derechos políticos de las minorías que quisiera silenciar. Ya que el Estado español no se comporta de manera democrática por propia voluntad, al menos hacemos que responda a las instancias internacionales que tiene la obligación de obedecer, en virtud de los acuerdos firmados.
En caso de que el Estado español opte por ignorar el derecho internacional y la petición del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y persevere en su persecución política e ideológica, demostrará una vez más que es capaz de cualquier cosa para alterar el normal funcionamiento de la democracia en Cataluña. Esta, que es una posibilidad muy real, deberíamos también aprovechar para la defensa de libertades políticas de Cataluña, sumando a nuestra causa una nueva vulneración de los derechos civiles en nuestro país.
Aprovecho para reiterar nuestro compromiso con la formación de gobierno, para que sirva para fortalecernos y desarrollar el mandato de las urnas del 21 de diciembre. A la espera de que nos podamos reencontrar personalmente pronto os envío un fuerte abrazo.
