Por qué los Mossos y la Guardia Civil han acabado a porrazos

Las cargas que la Policía Nacional y la Guardia Civil llevaron a cabo este domingo para evitar el referéndum catalán de independencia han suscitado una gran indignación en Cataluña, pero también críticas en España y rechazo en buena parte de la comunidad internacional. El Ministerio del Interior y los dos cuerpos policiales señalados defienden que su actuación fue "impecable" en el cumplimiento de la ley y señalan a la policía autonómica catalana por su "pasividad" a la hora de hacer cumplir el mandato judicial de no permitir la consulta.

El debate sobre la desproporción de la fuerza empleada por policías y guardias civiles, pues, discurre en paralelo a una cuestión también importante: una disputa abierta entre los cuerpos policiales que deben construir la seguridad diaria de todos.

Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, se ha referido a Guardia Civil y Policía Nacional como "comandos del miedo" que protagonizaron "graves actos de violencia" el domingo y ha exigido "la retirada de todos los efectivos policiales" destinados estos días a Cataluña. Además, ha anunciado la creación de una comisión especial para investigar "la violación de los derechos fundamentales" y acciones legales "hasta las últimas consecuencias". La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha añadido que su ayuntamiento denunciará casos de "agresiones sexuales" cometidos supuestamente por los agentes durante las cargas del domingo. También Girona denunciará a Policía y Guardia Civil.

Que denunciaran fue precisamente lo que pidió el Govern a los 893 heridos que su departamento de Salud contabilizó durante la jornada del domingo: según los Mossos, lo han hecho 112 particulares. La cifra de atendidos, en todo caso, era lo suficientemente abultada como para provocar la alerta en la comunidad y los medios internacionales. No es sólo que las portadas del 2 de octubre estén copadas por las escenas de violencia, sino que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, ha urgido a las autoridades españolas "a que se aseguren una investigación rigurosa, independiente e imparcial sobre todos los actos de violencia".

Para tratar de cortar la hemorragia que las escenas de porrazos y empujones han causado en la percepción internacional de España, el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis se ha pasado el día atendiendo a televisiones extranjeras para explicar que la actuación policial del domingo fue proporcionada. Quizás para tratar de neutralizar el relato víctimas-verdugos, el ministerio del Interior ha elevado por sorpresa el número de agentes heridos durante las intervenciones, 24 horas después: de los 39 de los que hablaba su última cifra oficial han pasado a 431. Pero parece difícil que las maniobras de hoy del Gobierno sirvan para deshacer la impresión de que Mariano Rajoy encajó el domingo una de sus más graves derrotas.

DESCONFIANZA ENTRE POLICÍAS

La Policía y la Guardia Civil respondieron a las críticas durante la tensa jornada publicando en redes sociales imágenes de las agresiones sufridas por sus agentes durante las intervenciones: el apedreamiento de varios efectivos en una localidad de Tarragona, el golpe con una silla que noqueó a un guardia civil en un colegio de Sant Carles de la Rápita y un largo etcétera. El día después, tanto los mandos como los sindicatos han defendido que su actuación fue "proporcionada" y han mostrado su indignación por la actitud de los Mossos durante la jornada.

Los cinco sindicatos policiales más representativos denuncian, en un comunicado conjunto, que la "política ha calado en su estructura de mando" y que eso explica que el dispositivo diseñado por la policía autonómica catalana para el 1-O fuese "insuficiente, deliberadamente endeble, bochornosamente equidistante". Esa actuación abre, prosigue el comunicado, "un intenso debate sobre su papel en el modelo de seguridad pública de nuestro país, su carácter de Policía integral y la fiabilidad de sus actuaciones". Se sumarán, como la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) a las actuaciones de la Fiscalía para aclarar si hubo "inacción" por parte de los Mossos, una cuestión que también van a investigar al menos ocho juzgados de Cataluña.

Para mostrar lo injustificado de estas sospechas, los Mossos han recurrido a los datos: de los 319 centros de votación que se clausuraron durante el domingo, 227 lo fueron por efectivos de la policía catalana. Lo hicieron,aseguran, "a nuestra manera, sin alterar la convivencia ciudadana y aplicando los principios de proporcionalidad y oportunidad". Cada una de esas palabras es leída como una acusación por parte del resto de fuerzas de seguridad, ahora que la tensión se ha desbordado.

Los momentos posteriores a los atentados de Barcelona y Cambrils, en agosto, ya mostraron que había grietas en la relación entre los Mossos y la Policía y la Guardia Civil. Pero lo que entonces sólo fueron conatos de desencuentro se han convertido en confrontación directa, como muestran las imágenes de unos y otros peleándose durante las intervenciones del domingo en los centros electorales.

La confianza entre los distintos cuerpos está definitivamente rota, como se desprende de las palabras de Isabel Rodríguez, portavoz de la Unión Federal de Policías en Telecinco: "Si antes pensábamos que los Mossos estaban poniéndose de perfil, ahora pensamos que nos han dado directamente la espalda. Nos dejaron totalmente desvalidos y la carga de lo que ocurrió ayer podría haberse evitado si ellos hubieran cumplido el mandato judicial que se les había encomendado". Eso es lo que ha asegurado también Ramón Cosío, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP): "Si los Mossos hubiesen hecho el trabajo encomendado, hubiera sido mucho más sencillo". Algunos en los Mossos creen, al margen de la versión oficial, que las cosas no se hicieron bien:

Isabel Rodríguez insiste: "Nosotros cumplimos los mandatos judiciales y ahora está claro que ellos cumplen mandatos políticos". Por eso, denuncia, algunos de sus efectivos están siendo hostigados en Cataluña, como los efectivos que han tenido que abandonar el hotel de Calella en el que se habían alojado durante los últimos años.

La desconfianza ha llegado a tal punto que el comunicado de los sindicatos policiales incluye una petición al Gobierno para que se replantee la inclusión de los Mossos en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) tras su "desacato" al mandamiento judicial en Cataluña y por tratarse de un órgano "que atañe a la seguridad nacional". Quizás Rajoy ya se lo está pensando: cuando compareció por la noche para valorar la jornada, felicitó a la Policía Nacional y la Guardia Civil y olvidó mencionar a los Mossos.