Por qué la ley sobre armas que quiere Vox es un disparate

España se divide socialmente en dos: los españoles “de bien” y aquellos que derraman “bilis antiespañola”. Esta distinción de trazo grueso es la que plantea Vox. A poco más de un mes de que se celebren las elecciones generales,  el presidente de este partido, Santiago Abascal, quiere que los primeros puedan ir armados para protegerse. Lo que hace el líder de la ultraderecha española es transmitir una inseguridad que en España no se corresponde con la realidad. De hecho, según el último CIS, la inseguridad ciudadana es el duodécimo problema para los españoles. Solo 2 de cada 100 ven la inseguridad como problema. O lo que es lo mismo, el 69% asegura sentirse seguro.

Los datos están ahí, pero Abascal los ignora y se dedica a pedir un “cambio radical urgente en la ley” para que sus españoles “de bien” puedan “disponer de un arma en su casa” y utilizarla “en situaciones de amenaza real” para su autodefensa. Básicamente quiere que sigan su estela: él tiene una pistola Smith & Wesson, de la que asegura que no se separa. Su propuesta, vacía de contenido por otro lado, es la salvajada del día. O del mes, según se apunte.

El líder del partido de extrema derecha español quiere ver a España convertido en un país como EEUU, donde las armas son un derecho que garantiza la Constitución. Pero mirar, Abascal mira a un país más cercano que Estados Unidos: Italia, donde el ministro del Interior, Matteo Salvini, ha impulsado la “ley de legítima defensa” apoyado por, casualidades de la vida, el poderoso lobby armamentístico transalpino.

La “idea” de Abascal ha llegado después de la condena a dos años y medio de cárcel a un anciano que mató al ladrón que asaltó su casa en Tenerife. Algo parecido hizo Salvini, que mostró su apoyo a un hombre que disparó a matar a uno de los ladrones que entraron en su casa. Ambos líderes ultras defienden lo mismo: que hay que modificar la ley de tenencia de armas para poder defenderse sin ser penalizado.

A Salvini, de momento, la jugada legislativa le está saliendo bien: esta semana el Parlamento italiano ha dado luz verde a un proyecto de ley que autoriza el uso de armas de fuego frente a intrusos y reconoce que la defensa es “siempre” legítima. El partido italiano se escuda en que los crímenes no dejan de crecer, aunque, como en el caso español, los datos dicen justo lo contrario: el país nunca había sido tan seguro y encabeza los ránkings europeos.

Que la realidad no te amargue el discurso: no sólo buena parte de los italianos le han comprado el postulado, Abascal quiere traer su modelo a España. En un mensaje publicado en su cuenta personal de Twitter, aplaudió la iniciativa de modificación del artículo 52 del Código Penal italiano impulsada por la Liga de Matteo Salvini:

El Gobierno, PP, Ciudadanos… Todos se han echado las manos a la cabeza ante la propuesta, ya que consideran que el debate, en España, es completamente innecesario. Algunos, como el portavoz del PP en el Parlamento vasco y candidato a la Alcaldía de San Sebastián, Borja Sémper, han tirado de ironía para cargar contra Abascal: “Ya era hora de que pudiéramos dispararnos con tranquilidad”.

Todos rechazan la propuesta, incluido Podemos, en el centro de la polémica también este miércoles por unas declaraciones de Pablo Iglesias de 2012, en las que, en el contexto de una reflexión teórica sobre la construcción de la democracia en EEUU, dijo que el derecho a portar armas era una de las bases de la democracia en ese país.

“Iglesias jamás propuso que en España hubiera venta libre de armas. Cualquiera puede ver el vídeo y comprobarlo. Hizo una reflexión teórica sobre la construcción de la democracia en EEUU. Podemos lleva cuatro años en las instituciones y nunca ha propuesto que en España la gente pueda llevar armas”, han indicado fuentes de la formación morada al respecto, citadas por Efe.

¿Armas implica más seguridad?

La pregunta que surge en este contexto es evidente: ¿poseer un arma conlleva más seguridad para un país? ¿puede cualquiera tenerla en su casa? Estados Unidos lleva años debatiendo sobre ello. Este país tiene la tasa de posesión de armas más alta del mundo y el mayor número de muertes causadas por ellas del mundo desarrollado. Cambiar la legislación estadounidense, para que sea más restrictiva a la hora de permitir a los ciudadanos acceder a estos dispositivos, es tema de discusión una y otra vez. Pero nunca se logran cambios, pese a que después de cada tragedia son más y más las voces que piden que no puedan poseerse sin más. Una mezcla tóxica de historia, cultura, política que evita que se restrinja la tenencia privada de armas de fuego en este país.

Para muchos colectivos, como la Asociación Nacional del Arma (ANARMA), no hay relación entre la tenencia de armas y los crímenes. Pero en EEUU las cifras son dramáticas: en 2018 se registraron 94 tiroteos sólo en escuelas. Por eso el debate se centra en cómo introducir más restricciones a la hora de poder acceder a las armas. EEUU cuenta con leyes muy liberales en este campo, a pesar de que varían de un Estado y siempre bajo el amparo de la segunda enmienda, que reza: “Siendo una milicia bien regulada necesaria para la seguridad de un estado libre, el derecho del Pueblo a tener y portar armas no debe ser infringido”.

El ‘sueño’ de Abascal

Ahora Abascal lo que quiere es justo lo contrario que los críticos con las armas estadounidenses: que la legislación española sea mucho menos dura. Cuando alguien desea comprar un arma en EEUU sólo debe, una vez que cumple los requisitos, rellenar un formulario, dejarse tomar las huellas digitales que se utilizan para determinar si esa persona tiene antecedentes y, en caso de ser extranjero, si lo es de forma legal.

No es necesaria ningún tipo de licencia para tener un arma en el domicilio particular en este país, sin embargo, en algunos Estados, sí hace falta un permiso para llevar el arma contigo que, por otro lado, es muy fácil de conseguir y es el propio Estado el que establece los requisitos. Esto no es así, ni de lejos, en España, donde hay nueve tipos de licencias de arma.

Cualquier persona puede aspirar a portar todas menos a la clase A, reservada a los cuerpos de seguridad del Estado. Para el resto de permisos hay que presentar, además de los documentos administrativos (DNI, solicitud...), un certificado de antecedentes penales y otro de aptitudes psicofísicas. A partir de ahí cada tipo de arma requiere una serie de condiciones adicionales. Para tener un arma corta como particular hay que argumentar debidamente el uso que se le va a dar. Generalmente se pide por seguridad y hay que demostrar que existe una necesidad real. El arma corta también se utiliza en empresas, que tienen que garantizar todos estos aspectos ante la Intervención de Armas y Explosivos.

Los rifles, armas largas, escopetas y ballestas requieren, del mismo modo, un documento que certifique que el demandante se dedica realmente a la caza. Lo mismo pasa con el tiro olímpico. Son las armas tipo D y E, que requieren un examen de capacitación realizado por el Ministerio del Interior.

Así están las cosas en España

Parejo al debate que ha recuperado Abascal sobre la posesión de armas, está su otra pretensión: la de “ampliar el concepto de legítima defensa” para que no se produzcan “situaciones injustas” como a su juicio es la condena a dos años y medio de cárcel al anciano de Tenerife. Según el artículo 20.4 del Código Penal español, se puede definir como la causa que justifica una conducta ilegal y que elimina la responsabilidad de su autor, si ha actuado en defensa de su persona o de derechos propios o ajenos.

Precisamente el pasado miércoles, Compromís hacía pública la respuesta que había recibido por parte del Gobierno a su pregunta en el Senado sobre las armas b en España: 8.459 licencias en vigor a 20 de diciembre de 2018. Con esta etiqueta se denomina a las pistolas y revólveres que portan civiles, no personas pertenecientes a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Como informa la web de la Guardia Civil, estos permisos se otorgan bajo estrictas medidas de seguridad a quien está en una situación de “especial riesgo”, siempre como “autodefensa”. Entre las personas autorizadas para ir con pistola por la calle hay políticos, jueces, joyeros… pero también antiguos militares o deportistas destacados. La duración de la licencia es de tres años y no admite renovación, aunque sí se pueden pedir nuevas concesiones y, dado el caso, se decidirá si es pertinente dar una nueva licencia a la misma persona.

Como indica la información de Compromís, la distribución de estas licencias es variada en todo el territorio nacional. Madrid destaca sobremanera, con 2.426 licencias a finales de 2017, seguido de Murcia (437), Barcelona (358), Granada (309) y Sevilla (298). En el extremo contrario se encuentran Teruel, Soria o Segovia, con sólo dos licencias en cada provincia.  

El senador de Compromís Carles Mulet sostiene en declaraciones a El HuffPost que estamos ante un dato “escandaloso”, que “multiplica los riesgos”. “Si tienes un arma cerca, puedes cometer un error, desde por un arrebato a un accidente, y en vez de más seguridad, tienes más riesgo”, sostiene.

A su entender, en vez de armar a quien esté en riesgo o desprotegido, hay que “dar la vuelta” al argumento de la ultraderecha y apostar por “cubrir a esas personas que están indefensas”, pero desde la atención del estado y las administraciones, desde el “seguimiento de los casos”. “Es un asunto de seguridad pública y como tal hay que abordarlo. Un estado de derecho debe garantizar la calma a sus ciudadanos y tejer una red que haga que no se sientan indefensos. Hay que buscar el origen del problema”, remarca.

“No es lógico”, dice, que “cualquier persona”, con en EEUU, pueda portar un arma, por lo que exige que en nuestro país estos permisos se mantengan regulados y fiscalizados. “Lo normal en una sociedad de derecho”, apostilla. A la idea de Abascal de que se necesita más protección, Mulet insiste: “las armas son para matar, no son la vía para estar más seguros. Ponte una alarma, si quieres, pero es un error muy grave pensar que con una pistola se arreglan las cosas. Sencillamente, es un pensamiento contradictorio”, añade. El debate generado por el líder de Vox debe servir, concluye, para “aclararlo y aparcarlo de una vez”, porque es “equivocado”.

Los expertos coinciden: menos es más

Los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado consultados por este periódico están de acuerdo con el senador de la formación valenciana. “En cuestión de armas, menos es más, cuantas menos haya y más concentradas estén, en manos más formadas, menor es el riesgo que entrañan”, sostienen.

Para empezar, defienden con vehemencia el trabajo de los distintos cuerpos contra cualquier tipo de delincuencia. “Se trabaja mucho y bien”, dicen, descartando el alarmismo, aunque siempre les gustaría “ir más allá”. En este contexto, entienden que es mejor siempre la prevención, social y policial, que el armar a personas que, “aunque pasan unos controles importantes y creíbles, no tienen la formación de un profesional ni han sido sometidos a las mismas exigencias para poner a prueba su capacidad de soportar presión o de autocontrol”, matizan.

Defienden que es “perfectamente legal” en España tener un arma b con permiso, ya que es una figura creada para “excepciones”. Muchos años de terrorismo a nuestras espaldas amenazando a políticos o empresarios, muchos clanes de la droga buscando eliminar a un juez o fiscal molesto. Por ejemplo. Defienden que son pocos los casos en los que esas armas acaban por usarse mal, pero los hay: entran en juego en una trifulca familiar, las cogen los niños como si fuera un juego, las encuentran delincuentes que van a las casas o negocios y acaban por usarlas contra su dueño...

Lo que dice la estadística

Los datos dejan claro que España, pese a su número de habitantes, la población flotante que recibe o su situación de frontera sur europea no es un país especialmente dado a la delincuencia. Es cierto que el volumen general de casos ha subido ligeramente, pero sobre todo se debe al incremento de causas sobre tráfico de drogas, nuevos delitos telemáticos como estafas, secuestros o delitos sexuales, que sí están al alza.

La criminalidad en el conjunto de España subió un 4,19% en el cuarto trimestre de 2018 respecto al mismo periodo del año anterior, con una cifra total de 2.131.424 infracciones penales, según datos del Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior. Sin embargo, bajan los más alarma social generan, como los homicidios (-6,77%) o los robos (-1,76%).

En España mueren por homicidio o asesinato cerca de 300 personas al año, un 30% menos que hace 30 años. El nuestro es uno de los países con tasas de asesinato más bajas no sólo de la Unión Europea, sino del mundo, por debajo de Alemania, Francia o Portugal. Por esta causa, mueren 0,7 de cada 100.000, habitantes, lejos de la media mundial, que asciende a 5,3. Sólo Irlanda, Holanda, Austria, Singapur y Liechtenstein tienen una tasa menor. Y no son datos aportados sólo, de forma tranquilizadora, por los Gobiernos de turno, sino avalados hasta por el Banco Mundial.

En el caso de los robos sí han subido los que se cometen en domicilios (+1,48%), los que quitan el sueño a Abascal. Pero si se ven con perspectiva los datos, estamos mejor que hace tres años, por ejemplo.

El Institute for Economics & Peace (Instituto para la Economía y la Paz) publica además cada año su Índice de Paz Global fijándose en 23 indicadores diferentes y España siempre se encuentra en la zona verde, es decir, de un alto o muy alto nivel de convivencia. Ocupa el puesto 30 de 163, cuando Italia está en el 38, Reino Unido en el 57 y Francia, en el 61, por poner ejemplos de países próximos.

Abascal llevaba semanas sin salir a la palestra y justo ahora se convierte de nuevo en tendencia, pero no centrándose en los problemas más acuciantes de los ciudadanos, en los reales, sino en los que la nueva y radical derecha quiere imponer en la agenda. Por ahora, sólo sirve para demostrar que más allá de su discurso no hay más que palabrería. “Pero cuidado: si nos contagiamos y seguimos el juego todos seremos culpables”, previene Carles Mulet.