Por qué la economía va a poner difícil al Gobierno hacer políticas sociales este año

Los números bailan. Las calculadoras echan humo en los ministerios y las previsiones económicas se lo ponen difícil al Gobierno para desplegar este año la artillería social con la que coser las heridas de la crisis. Especialmente en Sanidad y Educación cuyas partidas, según reconocen fuentes de Hacienda a El HuffPost, no es seguro que engorden en 2020.

El Ejecutivo rebajó la semana pasada dos décimas la previsión de crecimiento del PIB y la dejó en el 1,6% cuando acabe diciembre. Hacienda tiene, por tanto, menos margen de lo que calculó a finales del año pasado para afrontar los compromisos de gasto de los presupuestos que está diseñando y que como muy pronto, estarán listos en verano.

“El crecimiento se mantendrá en tasas similares durante el período 2021-2023, con un ligero incremento al final. El caso español está influido por un entorno exterior más incierto y por la madurez del ciclo económico”, advierten desde La Moncloa.

Además, este jueves el Ejecutivo acude a Bruselas con un ‘no’ tajante a las cuentas comunitarias en las que España sale perdiendo. Menos dinero a la vista. Moncloa ve inaceptable los recortes del presupuesto europeo en política de cohesión (12% menos) y agricultura (14% menos), dos de las partidas que más dinero enviaban a Madrid, justo cuando el campo español está en pie de guerra con manifestaciones por todo el país.

El Gobierno enfrió las expectativas económicas. ¿Pero qué pasará este año con las grandes apuestas sociales? El acuerdo de coalición que firmaron PSOE y Unidas Podemos es un programa socialdemócrata con un claro énfasis en lo social y una política económica basada en elevar el gasto financiado con más impuestos.

El problema es que ninguno de los dos partidos plasmaron entonces número alguno que despeje las dudas sobre cómo cuadrará el Gobierno la realidad con el programa. Eso sí, las intenciones las dejaron claras: incrementar los recursos públicos destinados a la educación hasta situar la inversión en un 5% del PIB en el año 2025, desde el 4,28% de 2018. Y la de sanidad en el 7% en 2023, desde el 6,24%, también de 2018.

“El compromiso del Gobierno de fortalecer el Estado de Bienestar, lo que incluye la Sanidad y la Educación pública, es firme y así se plasmará en los Presupuestos Generales del Estado de 2020 y continuará a lo largo de la legislatura”, responden a este diario fuentes del Ministerio de Hacienda sin aclarar si subirán la inversión. “Es pronto para saber la evolución de las partidas concretas”.

Fuentes de la vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 que lidera Pablo Iglesias explican que la previsión es que, a través del reparto presupuestario, puedan impulsarse los acuerdos en materia social que aparecen en el pacto de Gobierno entre PSOE y Podemos. No obstante, en estos momentos es prematuro hablar de recursos e incluso comparar con las cuentas que se plantearon el año pasado, ya que nunca ha habido una vicepresidencia de Derechos Sociales.

O gastar menos o ingresar más

Si los equipos de María Jesús Montero y Nadia Calviño no quieren dinamitar los objetivos a los que se han comprometido con Bruselas en cuanto a techo de gasto, déficit y reducción de deuda de las administraciones, el Ejecutivo tendrá que hacer algún esfuerzo o bien gastando menos o bien ingresando más, la vía preferente.

La aprobación este martes de la tasa Google y la tasa Tobin lo deja claro, pero Montero rebajó las expectativas del impacto en las cuentas de ambos impuestos. El Gobierno espera introducir en las arcas 1.818 millones de euros anuales, 232 menos de lo que pronosticó hace un año por culpa, entre otros motivos, de la ralentización económica. Pero aun así tiene poco margen para regar más las grandes partidas que mantienen el Estado del Bienestar, según el economista José Moisés Martín.

“Los compromisos que se han asumido en cuanto a aumento de las pensiones y del salario de los funcionarios ya elevan el gasto. Con una consolidación fiscal pendiente y sin haberse reducido el déficit estructural, la posición de partida es mala y deja por margen. Además, la previsión de impuestos está marcada por lo tarde que llegará el proyecto de presupuestos, en verano”, explica Martín a El HuffPost, quien añade: “No habrá esfuerzos hasta 2021 o 2022”.

Los sindicatos animan al Gobierno a ser más valiente. Comisiones Obreras, por ejemplo, sostiene que las tasas van a contribuir muy poco al aumento de la recaudación, por lo que recomienda al Ejecutivo llevar a cabo “una verdadera y profunda reforma fiscal para detener la desaceleración, recuperar y mejorar los niveles de protección social y reequilibrar las cuentas públicas a medio plazo”.

El Gobierno aclara que el mayor esfuerzo fiscal recaerá sobre la Administración Central, que deberá reducir su déficit desde el 1,32% de 2018 al 0,5%. Un esfuerzo de ocho décimas. La Seguridad Social tiene la obligación de bajar su déficit en tres décimas (del 1,44% al 1,1%). Y el esfuerzo exigido a las comunidades autónomas será menor. Entre 2018 y 2020 será suficiente que reduzcan una décima el déficit para cumplir los objetivos de estabilidad.

Para poder llevar a cabo todo eso es necesario invertir más. En 2020, el Gobierno podrá gastar 127.609 millones de euros, un incremento del 3,8% respecto al presupuesto base de 2019, que recoge la prórroga de las cuentas de 2018 más los gastos asumidos el último ejercicio al no existir presupuestos como tal porque las cuentas vigentes son herencia directa de Mariano Rajoy.

Hacienda, que precisa a este diario que el aumento del techo de gasto es inferior al que contemplaban los PGE 2019 (4,4%), intenta tranquilizar: “El incremento es acorde con la realidad económica y las previsiones de una moderación del crecimiento”.

¿Y de dónde sale el dinero? Las nuevas cuentas que el equipo de Montero está dibujando contendrán, previsiblemente, más subidas de impuestos en línea con el programa de la coalición. Como la subida de dos puntos del IRPF a las rentas de más de 130.000 euros y de cuatro puntos a las que superen los 300.000.

No obstante es bastante probable que se queden sin tiempo suficiente para recaudar lo que se espera. Un diputado popular hace el siguiente análisis a El HuffPost: “El techo de gasto sube aproximadamente 5.000 millones de euros respecto del año anterior, que se corresponde con gasto público estatal. Los ingresos derivados de la tasa Google y de la tasa Tobin en el mejor de los escenarios alcanzarán los 1.800 millones de euros. El resto lo acabarán financiando con el incremento del IRPF, IVA y Sociedades”.

La economía, el arma de la oposición

La marcha de la economía es el punto al que se empieza a agarrar el PP para hacer oposición e intentar distanciarse de Vox. En estos momentos hay una batalla encarnizada entre los populares y la ultraderecha por encontrar su espacio en estas primeras semanas de control al Gobierno.

Este miércoles, en el Congreso, Pablo Casado cuestionó a Sánchez por las cuentas aunque, eso sí, dando un rodeo para recordar Venezuela y el encuentro del ministro Ábalos con la vicepresidenta de aquel país en Barajas. “Mientras los jerifaltes chavistas traen maletas y dinero a España la inversión extranjera ha caído un 80 por ciento”.

Fuentes populares reconocen que el Gobierno no tiene dinero para hacer grandes políticas sociales y consideran que, por el momento, la única opción del Ejecutivo de coalición pasa por dar la batalla en las cuestiones culturales. “Eutanasia, pin parental, memoria histórica...”, enumera a este diario un diputado del PP.

Un compañero suyo de filas en el Congreso apunta que “no es previsible que haya mayores recursos para esos Sanidad y Educación habida cuenta del proceso de desaceleración”. Lo que sí queda claro para este diputado del PP, según se desprende del cuadro macroeconómico es que el Gobierno “renuncia prácticamente a la reducción del desempleo como también al equilibrio en 2023″

En plena ralentización, los ingresos del Estado perderán fuerza y hará que este año vuelva a ser muy difícil cumplir con la meta de déficit (1,8% del PIB) que se ofreció a Bruselas. Aunque la economía española avanza con mayor ritmo que la del resto de países europeos, está lejos del que puso tras la crisis con subidas por encima del 3% en 2015, 2016 y 2017.

De momento, los datos provisionales de 2019 señalan un crecimiento del 2%, seis décimas menos que en 2018. Los principales organismos internacionales, como el FMI, el Banco Mundial y la OCDE ya advirtieron las nubes negras que ahora el Gobierno se ve obligado a aceptar.

“Hemos preferido hacer una previsión alineada con los organismos”, dijo la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, cuando presentó el cuadro macroeconómico para el trienio 2020-2023. El Consejo de Ministros tiene un reto por delante: que el resfriado de la economía no contagie la política social.