Por qué el FBI ha investigado la casa de Trump ahora

El registro sin precedentes del FBI en la residencia del expresidente Donald Trump en Florida cayó como una bomba el martes en el Gobierno estadounidense, en su esfera política y en un país polarizado. No tardaron en surgir preguntas sobre por qué el Departamento de Justicia, que suele ser muy cauteloso bajo el fiscal general Merrick Garland, había decidido tomar una medida tan drástica.

Las respuestas se iban a hacer esperar.

Los agentes registraron el lunes la mansión de Trump en Mar-a-Lago, que también es un club privado, como parte de una investigación federal sobre si el expresidente se llevó registros clasificados de la Casa Blanca, según explicaron fuentes de dentro del caso. Esta medida ha supuesto una escalada drástica del escrutinio sobre Trump, que se enfrenta a varias investigaciones relacionadas con su conducta en los últimos días de su mandato.

Washington, una ciudad acostumbrada a los agostos tranquilos, se encontró con un titular especulativo o acusador tras otro. ¿Está el Departamento de Justicia politizado? ¿Qué le ha llevado a registrar la residencia privada de Trump en busca de documentos clasificados ahora, cuando ya han pasado meses desde que se revelara que Trump se había llevado cajas de material al abandonar la Casa Blanca?

Garland no ha dado su brazo a torcer a pesar de las protestas de algunos demócratas, impacientes por saber si lo que están buscando son nuevas pruebas sobre la investigación del 6 de enero o sobre otras investigaciones, y de los republicanos, que no tardaron en repetir las afirmaciones de Trump de que estaba siendo víctima de una persecución política.

Todo lo que Garland ha dicho públicamente es que “nadie está por encima de la ley”.

Primero, un juez federal tuvo que firmar la orden al considerar que los agentes del FBI habían demostrado una causa probable. Solo así pudieron acceder a la casa de Trump, que estaba cerrada por la temporada de verano (él estaba en Nueva York, a unos mil kilómetros de distancia, en el momento del registro).

El registro del lunes supuso un paso más allá en la investigación sobre cómo los documentos clasificados terminaron en Mar-a-Lago a principios de este año. Un jurado independiente está investigando los esfuerzos para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, y todo ello se suma a un peligro legal para Trump mientras prepara las bases para una nueva candidatura a la Casa Blanca.

Trump y sus aliados se apresuraron a presentar el registro como un ataque del sistema judicial impulsado por los demócratas para evitar que gane otro mandato en 2024, aunque la Casa Blanca aclaró que no sabía nada. Además, el actual director del FBI, Christopher Wray, fue nombrado por el propio Trump hace cinco años.

Trump, al hablar sobre el registro en un extenso comunicado emitido del lunes, afirmó que los agentes habían abierto una caja fuerte en su casa, y describió su trabajo como un “asalto sin previo aviso” que tachó de “conducta inapropiada del fiscal”.

La portavoz del Departamento de Justicia, Dena Iverson, rechazó hacer comentarios sobre el registro ni quiso aclarar si Garland lo había autorizado personalmente. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que la Casa Blanca no había sido informada ni antes ni después del registro.

Jean-Pierre se negó a decir si Biden quería que el fiscal general explicara públicamente los motivos del registro debido a las preocupaciones por una supuesta politización de la investigación.

“El Departamento de Justicia lleva a cabo las investigaciones de forma independiente y les dejamos a ellos cualquier asunto relacionado con la aplicación de la ley”, dijo. “No estamos involucrados”.

Más de una veintena de partidarios de Trump se presentaron ante su casa como protesta a media mañana del martes bajo el calor del verano de Florida. Uno de ellos sostenía una pancarta en la que se leía “Los demócratas son unos fascistas”. Otros llevaban banderas en las que se podía leer ”[Las elecciones de] 2020 fueron amañadas”, “Trump 2024” y el nombre de Biden con obscenidades. Algunos coches tocaban el claxon en señal de apoyo al pasar.

El vicepresidente de Trump, Mike Pence, un potencial rival para 2024, tuiteó el martes: “La acción de ayer socava la confianza pública en nuestro sistema judicial y el fiscal general Garland debe dar explicaciones completas al pueblo estadounidense sobre por qué tomó esta decisión, y debe hacerlo inmediatamente”.

Trump tenía previsto reunirse el martes en su club de Bedminster con miembros del Comité de Estudio Republicano, un grupo encabezado por el diputado Jim Banks muy interesado en presentar sus prioridades en el Congreso.

El FBI se puso en contacto con el Servicio Secreto poco antes de presentar la orden, según le dijo a The Associated Press una tercera persona de dentro. A su vez, los agentes del Servicio Secreto se pusieron en contacto con el Departamento de Justicia para validar la orden antes de permitir el acceso a la finca, dijo esa fuente.

El Departamento de Justicia ha estado investigando el posible mal manejo de información clasificada desde que la Administración Nacional de Archivos y Registros dijo que había recibido fuera del plazo legal 15 cajas de registros de la Casa Blanca que Trump se había llevado a su casa de Mar-a-Lago, incluyendo documentos que contenían información clasificada. Los Archivos Nacionales dijeron que Trump debería haber entregado ese material al dejar el cargo, y pidió al Departamento de Justicia que investigara.

Existen múltiples leyes federales que regulan el manejo de registros clasificados y documentos gubernamentales secretos, y hay estatutos que tipifican como delito la sustracción de ese material y su conservación en un lugar no autorizado. Aunque una orden de registro no significa necesariamente que se vayan a presentar cargos penales, o incluso que sea esperable, para obtener una orden de registro hay que demostrarle primero a un juez que hay una causa probable de que se ha producido un delito.

Otras dos fuentes que han hablado bajo la condición del anonimato confirman que la redada del lunes tenía que ver con la investigación de los registros. Los agentes también estaban buscando si Trump tenía más registros presidenciales o cualquier otro documento clasificado en la finca.

Trump ha mantenido que los registros presidenciales fueron entregados “en un proceso ordinario y rutinario”. Por su parte, su hijo Eric dijo en Fox News el lunes por la noche que había pasado el día con su padre y que el registro se había producido porque “los Archivos Nacionales querían corroborar si Donald Trump tenía o no algún documento en su poder”.

El propio Trump, en una publicación en sus redes sociales el lunes por la noche, calificó el registro como una “arma del sistema judicial y un ataque de los demócratas de izquierda radical”. “Buscan desesperadamente que no me presente a las elecciones en 2024″.

En cambio, Trump adoptó una postura diferente durante la campaña presidencial de 2016, cuando hizo referencia de forma reiterada a una investigación del FBI sobre su rival demócrata, Hillary Clinton, sobre si manejó mal la información clasificada a través de un servidor de correo electrónico privado que utilizó como secretaria de Estado. El entonces director del FBI, James Comey, concluyó que Clinton había enviado y recibido información clasificada desde su correo personal, pero el FBI no recomendó cargos penales.

Trump arremetió contra esa decisión y luego intensificó sus críticas contra el FBI cuando los agentes comenzaron a investigar si en su campaña había habido indicios de colusión con Rusia durante las elecciones de 2016. Despidió a Comey durante esa investigación, y aunque nombró a Wray meses después, lo criticó repetidamente también como presidente.

Pero esta investigación no es el único dolor de cabeza legal al que se enfrenta Trump. Hay otra investigación relacionada con sus esfuerzos para deshacer los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 (que llevaron a los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio) que también se ha intensificado en Washington. Varios exfuncionarios de la Casa Blanca han recibido citaciones del gran jurado.

Y un fiscal del condado de Fulton, en Georgia, está investigando si Trump y sus aliados más cercanos trataron de interferir en las elecciones de ese estado, que ganó el demócrata Joe Biden.

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Los periodistas de la Associated Press Terry Spencer, Meg Kinnard, Michelle L. Price y Will Weissert han participado en este reportaje.

Este artículo fue publicado originalmente en el ‘HuffPost’ Estados Unidos y ha sido traducido del inglés por Daniel Templeman Sauco.