PNV y Bildu defenderán el derecho a decidir en el Parlamento Vasco

El PNV y EH Bildu han presentado conjuntamente en el Parlamento vasco una enmienda a la totalidad contra una iniciativa del PSE-EE sobre el Estatuto de Gernika y su reforma, en la que defienden el derecho a decidir y un nuevo modelo de relación bilateral con el Estado, tal como recogen ambas formaciones en las bases para un nuevo estatus político en Euskadi, en el que trabaja la ponencia de autogobierno.

La proposición no de ley de los socialistas se debatirá el 28 de noviembre, a dos días de que concluya el plazo que se ha dado al grupo de expertos para que entregue al foro parlamentario un texto articulado de reforma estatutaria.

La Junta de Portavoces, reunida este jueves, ha fijado para el próximo pleno ordinario de la semana que viene la discusión de la proposición no de Ley del PSE-EE, que presentó con motivo del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía el pasado 25 de octubre, en la que pone en valor esta Ley Orgánica Gernika y aboga por su actualización por “procedimientos legales vigentes, respetando el ordenamiento jurídico y métodos democráticos”.

“Era la primera vez en la historia en la que los vascos pudieron refrendar directamente un acuerdo entre las distintas sensibilidades existentes en el país, sus distintos territorios y con el resto de España para construir un modelo de autogobierno que se ha mostrado con el tiempo como la experiencia de mayor progreso y transformación de Euskadi”, recuerda el PSE-EE.

Enmienda nacionalista a la totalidad

Por su parte, PNV y EH Bildu han presentado una enmienda a la totalidad, suscrita por sus respectivos portavoces parlamentarios, Joseba Egibar y Maddalen Iriarte, en la que defienden el derecho a decidir y un nuevo modelo de relación con el Estado basado en la bilateralidad. En su texto, recogido por Europa Press, ambos grupos piden, en primer lugar, que la Cámara “ratifique su exigencia de culminar el desarrollo íntegro del Estatuto de Gernika, reafirmando el espacio de poder reconocido en el propio Estatuto y aún no transferido”.

Además, rechazan “los pronunciamientos políticos y estrategias que tienen como objetivo impedir, vaciar y condicionar el desarrollo del autogobierno vasco”. Por ello, piden la derogación, “con carácter prioritario, de leyes como la LOMCE, la Reforma Laboral y la Ley Mordaza”.

También manifiestan que la actualización del autogobierno vasco debe incluir una renovación y adecuación del “haber competencial” de Euskadi “a las demandas y necesidades de la sociedad vasca”, porque las competencias son “necesarias para garantizar los derechos políticos, económicos, sociales, lingüísticos y culturales de la ciudadanía vasca”.

A su juicio, “para poder asentar una sincera cultura de respeto mutuo y lealtad interinstitucional, que imposibilite incumplir la propia ley y los acuerdos alcanzados, evitando que se haga uso político de dichos incumplimientos”, es “imprescindible un nuevo modelo relacional con el Estado, basado en la igualdad, la bilateralidad y el pacto”.

Además, defienden “la incorporación del consiguiente régimen o sistema de garantías, tal y como se recoge en las bases y principios acordados en la ponencia de autogobierno”, que fueron suscritas por PNV y EH Bildu. Además, subrayan que, al igual que en otros países del entorno europeo, se “dará cauce al ejercicio del derecho a decidir”.

Jeltzales y coalición soberanista incluyen en su enmienda un rechazo a “los ataques contra los derechos fundamentales realizados por algunos sectores y partidos políticos del Estado, que llegan hasta a pedir la ilegalización de ideologías”. También exigen la derogación de “la excepcionalidad” que supone la actual política penitenciaria, e insta al acercamiento de todos los presos de ETA y a la puesta en libertad de los que padezcan enfermedades graves e incurables.

Por último, el portavoz del PP, Borja Sémper, en su enmienda a la totalidad, reivindica la vigencia del Estatuto de Gernika, y afirma que “el pacífico, efectivo y leal cumplimiento” de este texto estatutario “ha sido y seguirá siendo referencia obligada para este Parlamento, por cuanto es la voluntad expresada de los ciudadanos, que permite el desarrollo del autogobierno y, bien gestionado, supone la garantía de bienestar y crecimiento para Euskadi”.