Iglesias presiona dentro del Gobierno para prohibir desahucios y cortes de suministros mientras dure el estado de alarma
Estas medida están contempladas en el escudo social sólo hasta el 31 de enero.
El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, está presionando estos días internamente para que el Ejecutivo mantenga la prohibición de desahucios de forma efectiva y del corte de suministros mientras dure el actual estado de alarma (que se puede prolongar hasta el 9 de mayo).
Actualmente están prohibidos los desahucios hasta el 31 de enero para aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad por el coronavirus, según lo aprobado por el Gobierno dentro su escudo social.
Pero Iglesias entiende que hay que alargar esta medida todo el tiempo que dure esta prórroga del estado de alarma. Según explican a El HuffPost fuentes de la Vicepresidencia Segunda, se está viendo que en las últimas semanas se están ejecutando muchos desahucios de familias que ya estaban en situación de vulnerabilidad antes de la pandemia. “Muy graves y con niños y niñas”, añaden.
¿Qué propone Iglesias?
Por ello, Unidas Podemos ha planteado en el seno del Ejecutivo prohibir todos los desahucios: “Pensamos que en pleno estado de alarma que implica un toque de queda, y los sucesivos confinamientos parciales que se están decretando por parte de las comunidades autónomas, no tiene sentido pedirle a la gente al mismo tiempo que se quede en casa y ejecutar desahucios”, señalan las fuentes.
“Del mismo modo, no tiene sentido pedirle a la gente que se lave las manos permanentemente y que se estén produciendo cortes de suministros. Para que una vivienda se pueda considerar digna los suministros tienen que estar garantizados”, entienden desde el entorno de Iglesias.
La propuesta que impulsa Iglesias consiste en “prohibir todos los desahucios por impago de hipotecas, cuando la familia no tenga alternativa habitacional”.
Además, especifican las fuentes, se busca “prohibir los desahucios por impago del alquiler o por fin del contrato del alquiler, excepto cuando el dueño del piso sea una persona en situación vulnerable”. También los de aquellas familias que “estén en precario sin alternativa habitacional cuando vivan en pisos de grandes tenedores de vivienda como fondos o bancos”.