No hay más excusas
No hay más excusas. Después de años de crisis, que han sufrido de manera muy intensa los trabajadores y trabajadoras, y de unas políticas de austeridad y recorte que han socavado los cimientos de nuestro Estado de Bienestar, es hora de recuperar los derechos de la clase trabajadora de este país.
La economía española lleva tres años creciendo, las previsiones futuras son positivas y las empresas han recuperado ya los niveles de beneficio de antes de la crisis. Pero los únicos que no estamos notando de ninguna manera esa recuperación macroeconómica somos los trabajadores y trabajadoras.
No hay ningún indicio de esa recuperación en la mejora de la calidad de vida de la inmensa mayoría de la población en este país. Tan solo la hay para las empresas, que año a año ven crecer sus beneficios. Para el resto, más de cuatro millones de desempleados, empleos temporales y precarios, salarios de miseria, emigración forzosa para buscarse la vida, peor protección social, más accidentes de trabajo, etc.
Ni las empresas ni las políticas de este Gobierno están ayudando a las personas. Al contrario, están cargando aún más sobre los hombros de los trabajadores los beneficios de unos pocos. Así no se puede vivir, al menos dignamente.
Tampoco se va a crear riqueza para el conjunto de los ciudadanos, ni progreso; ni se van a reducir los niveles de desigualdad, pobreza y exclusión social que aumentan cada día y que ya afectan al 30% de la población; ni vamos a terminar con el efecto desánimo y con la crisis de expectativas que tiene la mayoría de la población. Así no se puede seguir. Esta situación no es ni sostenible ni justa. No hay más excusas.
El trabajo, el motor de todo
Tan solo con empleos estables y de calidad, con la mejora de los salarios y reforzando las redes de protección social iniciaremos una verdadera senda de progreso. Además, es necesaria una voluntad de diálogo y consenso que el Gobierno no demuestra, con el fin de implementar otras políticas que giren en torno a la derogación de las últimas reformas laborales, que han instalado la precariedad en nuestro mercado de trabajo; en la puesta en marcha de un plan de choque por el empleo que favorezca la inserción de los colectivos más vulnerables, como los jóvenes o las mujeres, o los desempleados mayores de 55 años; o en devolver el equilibrio de fuerzas en la negociación colectiva.
Además, es fundamental recuperar los derechos de los empleados públicos, vulnerados sistemáticamente con este Ejecutivo; reformar el sistema de prestaciones por desempleo, para hacer que llegue a todas las personas sin empleo; exigir un Salario Mínimo Interprofesional suficiente y estable, que llegue a los 1.000 euros al final de la Legislatura; una ley de igualdad salarial, que cierre de una vez la brecha salarial; derogar la reforma de las pensiones de 2013, que empobrece a nuestros mayores; una reforma fiscal integral, que consiga más ingresos y reparta mejor los esfuerzos; la puesta en marcha de manera inmediata de una prestación de ingresos mínimos para las familias sin recursos; o la recuperación de los servicios públicos esenciales, entre otras materias.
Todo esto se puede hacer ya. No hay más excusas.
Nuestro nuevo modelo productivo debe girar en torno a un plan estratégico para la industria, que genere más riqueza y empleos más productivos y de más calidad. La ciudadanía no puede esperar más. Sin embargo, el Gobierno nos deleita, un año más, con unos PGE restrictivos, alejados de la realidad y que insisten en las recetas del pasado.
Necesitamos más y mejor empleo y proteger a nuestros desempleados, pero el Ejecutivo recorta el gasto en empleo y en las prestaciones por desempleo. Necesitamos mejores servicios públicos y más protección social, pero este Gobierno solo tiene en mente más ajustes, desequilibrios y carencias.
Y todo esto mientras asistimos atónitos a continuas escenas judiciales de imputados por corrupción o fraude fiscal por parte de políticos y personas cercanas a la vez que vemos sospechosas maniobras de las fiscalías y el Ministerio del Interior. Al tiempo, esos mismos fiscales piden 7 años de cárcel a sindicalistas por defender en un piquete informativo los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras.
Este Primero de Mayo hay que reclamar que los problemas de los trabajadores y trabajadoras de este país sean escuchados y sus peticiones atendidas. Que se escuche menos a los mercados y entidades financieras y más a las personas. La etapa de recortes y de precariedad se tiene que terminar ya. La riqueza que se genera se tiene que repartir. Si no quieren negociar, vamos a cambiar esta situación mediante la movilización, en las empresas y en la calle. Ya no hay más excusas para mejorar la vida de toda la ciudadanía de este país. No hay más excusas para recuperar a las personas.
