Neurona Comunidad SL, la empresa que trae de cabeza a Podemos

Neurona Comunidad S.L. es una agencia de consultoría que ha hecho negocios poco claros con Unidas Podemos, según ha denunciado este viernes la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. El órgano que fiscaliza la contabilidad de los partidos sospecha que el contrato por 363.000 euros de los morados con la consultora para las elecciones del 28 de abril pudo ser simulado, tal y como señaló ante el juez José Manuel Calvente, el exabogado que acusa a dirigentes morados de financiación irregular y que vincula a la empresa con el fundador de Podemos Juan Carlos Monedero.

César Hernández, exdiputado mexicano, y Andrea Edlin López, también mexicana, y cuyos datos figuran en el Registro Mercantil de Sevilla, constituyeron la empresa el 19 de marzo de 2019 cuando faltaba poco más de un mes para las elecciones. Ambos, con NIE español, nombraron a Elías Castejón, abogado sevillano, administrador único “para la gestión de la sociedad en España desde la perspectiva legal, fiscal y contable”, según explicó el propio Castejón, con quien este diario se ha puesto en contacto sin recibir respuesta.

Neurona tiene su sede principal en Morelia, en en el estado mexicano de Michoacán, aunque también ha operado en Ecuador y en Bolivia, donde también se la investiga. Según medios ecuatorianos, la empresa también está vinculada a Pabel Muñoz, un político de aquel país, miembro del partido del expresidente Rafael Correa. Neurona habría participado en campañas para los principales dirigentes de la izquierda latinoamericana, como el propio Correa o el expresidente boliviano Evo Morales.

Según El Confidencial, Neurona también hizo campañas autonómicas, municipales y la del 10-N, lo que la convirtió en una de las principales contratistas de Unidas Podemos. El 15 de enero de este año Castejón cesó como único administrador en una operación “autorizada por el notario de Sevilla Bartolomé Martín”, según contó él mismo, porque ese día expiró la designación que hicieron los mexicanos cuando constituyeron la sociedad.

La empresa lleva desde entonces sin administrador en España, según varios medios. Y Castejón es tajante sobre su papel: “Mi actuación profesional en modo alguno está vinculada con la comisión de un delito de financiación ilegal de partidos”. Este letrado, que forma parte del Colegio de Abogados de Sevilla, es especialista en asesoría fiscal, laboral y contable. Y cuenta que su actuación como administrador “no difiere en nada” de otras mercantiles en las que también ha desempeñado ese cargo.

El problema es que el fiscal Miguel Ángel Torres, no lo tiene tan claro y aprecia dos tipos de delito en los servicios facturados a Neurona: fraude electoral (Art. 149.1 de la LOREG) y falsedad en documento mercantil (Art. 392.1 y 390.1 del Código Penal). Como el Tribunal de Cuentas carece de competencias para indagar esas infracciones, el fiscal pide que dichos pagos se investiguen vía penal. El expediente se remitirá a los juzgados de Plaza Castilla donde se repartirán las diligencias para su instrucción.

El informe del Tribunal de Cuentas tumbó parte de los gastos en los que incurrió Podemos al contratar los servicios de consultoría con esta empresa, porque son de “naturaleza no electoral” y no han sido admitidos como “susceptibles de ser financiados con subvenciones electorales”.

El partido presentó unos vídeos de campaña para probar que dichos servicios sí incurrían en ese gasto, pero el Tribunal de Cuentas no se fía: “Si bien, como señala la formación en alegaciones, en la fiscalización se aportaron videos y diseños publicitarios, no ha quedado suficientemente acreditada su efectiva elaboración por parte del proveedor”.

El subsidio del Estado a las formaciones por los gastos electorales depende de lo que dicten los españoles en las urnas. Pero los partidos también reciben dinero público en concepto de gastos ordinarios de funcionamiento —estatal y autonómico— y por la actividad de los grupos parlamentarios en las Cortes y en las Asambleas autonómicas. Cada concejal y representante en cabildos y diputaciones cuenta. La Administración les subvenciona por ellos y, además, por los gastos de seguridad como, por ejemplo, poner alarmas en sus sedes.

Los otros ‘descuadres’

El fiscal insiste en que durante la fiscalización de las cuentas de la formación se le solicitó que aclrara los gastos: un presupuesto detallado en el que se desglosaran los distintos servicios y se valorara económicamente cada uno de los conceptos de facturación.

Entonces, según el fiscal Torres, Podemos “envió un contrato de prestación de servicios, por importe de 363.000 euros, firmado electrónicamente el 6 de mayo de 2019”, después de los comicios de abril y una factura correspondiente a dicho contrato emitida el 5 de abril de 2019, antes de las elecciones.

Al fiscal, según ha avanzado la Cadena Ser también le llama la atención que Neurona se inscribiera en el registro mercantil el 19 de marzo de 2019, unos 15 días antes de facturar a Unidas Podemos. O el hecho de que “no coincide su objeto social con las prestaciones contratadas”.

Las reacciones

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha dicho en la mañana de este viernes en Radio Nacional de España que “se investigue lo que se tenga que investigar, porque eso es lo que tiene que hacer la justicia, ahora insisto en recordar tenemos memoria”, en relación a las causas que se han iniciado contra los morados y han sido archivadas por falta de pruebas.

El PP ha cargado contra los morados y, en concreto, contra su líder. ”¿Dónde está Pablo Iglesias? ¿También va a despachar esto con un tuit?”, se ha preguntado irónicamente el responsable de comunicación de los populares Pablo Montesinos, quien ha pedido a Iglesias que salga del Consejo de Ministros y dimita.