Narcís Serra, imputado por el agujero de Catalunya Caixa

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado a declarar como investigado el próximo 20 de febrero al exvicepresidente del Gobierno y expresidente de CatalunyaCaixa Narcís Serra por el 'agujero' de 720 millones de euros en operaciones inmobiliarias realizadas entre los años 2000 y 2007 por la entidad bancaria.

Ese mismo día, y una hora después, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 también llama a comparecer como investigados a los ex directores generales de la caja catalana Adolf Todó y José María Loza.

Al día siguiente, 21 de febrero, están citados otros exdirectivos de la entidad Lluis Gasull, Eduardo Aznar, Joan Valls y Joan Güel; el día 22, acudirán a la Audiencia Nacional Antoni Llarden, Joan Manuel Pla, Josep Alonso y Joan Echaniz; mientras que el día 23 comparecerán ante el juez Josep Molins, Montserrat Robuste, Francisco José Villegas y Josep María Alentorn.

Según el escrito de la Fiscalía Anticorrupción que pedía la imputación de los 15 investigados, la caja catalana realizó entre 2000 y 2007 "una intensiva y creciente actividad inversora inmobiliaria", principalmente en proyecciones y expectativas de negocio de futuro incierto y no respaldadas por el necesario análisis de solvencia.

"Notables irregularidades"

El Ministerio Público denunciaba por "notables irregularidades" en la gestión de la caja a los ex altos cargos por un presunto delito continuado de administración desleal por unas irregularidades que detectó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), y el texto constataba que en ese periodo la caja ejecutó las inversiones, a través de una filial, en España, Polonia y Portugal.

"En la mayoría de casos analizados el aval y fiabilidad que desde la entidad se otorgó a las proyecciones efectuadas por la filial inmobiliaria y a las manifestaciones de los socios inmobiliarios copartícipes de las inversiones supuso acometer las inversiones confiando en la palabra del socio, sin previos informes externos independientes al proyecto y sin realizar análisis exhaustivos de aspectos tales como la solvencia y capacidad de los asociados", destacaba.

La Fiscalía asumió la denuncia presentada por el FROB, nacionalizado en 2011, el cual consideraba que esta actuación le provocó un perjuicio que ha calculado teniendo en cuenta el precio de adquisición de los terrenos y su posterior adjudicación a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).

La caja, a través de sus órganos de gobierno -consejo de administración o comisión ejecutiva- acordó intervenir en estas promociones mediante sociedades participadas en las que se reservaban la mayoría del capital. Mediante este sistema llegaron a adquirir terrenos no urbanizables o incluso calificados como de especial interés.

En la mayoría de los contratos no se establecieron cláusulas suspensivas o resolutorias del pago del precio condicionadas a la efectiva realización de los proyectos. Tampoco hicieron tasaciones por expertos independientes.