"No hemos mirado a las residencias hasta que se han llenado de fallecidos"

Veinte mil muertos en tres meses, y como si nada. Se calcula que durante la primera ola del coronavirus fallecieron en España más de 20.000 personas en residencias de ancianos —30.000 en un año—, y todavía no se ha señalado a ningún responsable de esta masacre. Tampoco ha habido un levantamiento social o una indignación generalizada para denunciar “la mayor violación de derechos humanos de un colectivo en las últimas siete décadas de la historia de España”.

El entrecomillado está sacado del libro ¡Vergüenza! El escándalo de las residencias (Planeta), escrito por el periodista Manuel Rico, y no se queda corto. Rico, que ya desveló en infoLibre el protocolo de la Comunidad de Madrid por el que se impedía derivar a residentes enfermos a hospitales, presenta en este libro el panorama aterrador que se vivió en las residencias durante los primeros meses de pandemia, y desmenuza las causas y los responsables de esta “hecatombe”. 

No era la primera vez que a Manuel Rico le ofrecían escribir un libro, pero sí fue este el primer momento en el que el periodista sintió que podía aportar algo. El asunto ya no estaba ‘sólo’ relacionado con las escandalosas cifras de muertes, sino también con la falta de inspecciones y sanciones a residencias por parte de las administraciones, y con el negocio millonario que se reparten un puñado de grandes grupos empresariales a costa del (no) cuidado de los ancianos. Fue precisamente en estos centros donde más personas murieron, y todo apunta a que no fue casual. La falta de personal, la precariedad de las trabajadoras y la masificación de los espacios tuvieron mucho que ver.

Dices que el drama de las residencias es “la mayor violación de derechos humanos de un colectivo en las últimas siete décadas de la historia de España”. Esto es fuerte. 

Es fuerte, sí. Es una de las frases a la que más vueltas le di y, de hecho, puse lo de las “siete décadas” por si alguien podía sacarme los colores. Pero creo que la podemos mantener, sinceramente. Pienso en lo que ocurrió principalmente en Madrid y Cataluña durante la primera ola. Que miles de personas, las más vulnerables, murieran sin recibir atención hospitalaria, ahogadas literalmente en su propia tos, llagadas y desnutridas me parece una violación absoluta del derecho a la salud, del derecho a tener una muerte digna, a tener unos últimos días dignos. 

No consigo pensar en algo más tremendo. De todas formas, esto no es un concurso. Cualquier violación de derechos humanos me parece gravísima. Podremos discutir sobre si son siete décadas o cinco, me da igual, pero ha sido una violación de derechos humanos. Y no hay derecho a lo que ocurre con los mayores. No hay derecho al sufrimiento de los familiares. No en un Estado como el nuestro, con un estado del bienestar y una economía potente. No hay derecho a cómo estaban las residencias antes de la pandemia. Tenemos que indagar, conocer la verdad y quien tenga responsabilidades en el ámbito político o empresarial, que las asuma. La memoria de los fallecidos y los familiares de las víctimas tienen derecho a eso. Y, sobre todo, hay que abrir un gran debate para mejorar el sistema de residencias ya, para que algo así no vuelva a ocurrir.

¿Por qué, pese al escándalo y a la violación de derechos humanos, no ha ocurrido nada, no ha habido una revuelta social, no se ha juzgado a nadie por ello?

Es una de las cosas más llamativas y sobre la que más deberíamos reflexionar. Las personas que han estudiado mucho el tema del edadismo dicen que es un problema grave en la sociedad. Y yo creo que es verdad. Hay una parte importante de la sociedad que piensa: ‘Bueno, son mayores, si van a morir, no pasa nada por que mueran dos años antes’. Obviamente, si hubiesen sido niños habría habido una revuelta social. Tenemos que meternos en la cabeza que un mayor no pierde sus derechos por ser mayor. 

Una de las cosas que más me sorprendió al visitar las residencias fue ver que la mayoría de las habitaciones son dobles. ¿En qué momento pierde alguien el derecho a la intimidad? ¿Por qué al entrar en una residencia tienen que pasar a compartir su vida con un extraño? Desde lo más grave hasta elementos totalmente mundanos, no tenemos en cuenta los derechos de los mayores.  

¿Qué papel jugó el protocolo de Díaz Ayuso, lo que en su gobierno calificaron de ‘borrador’? ¿En esos 20 días en que no hubo derivaciones a hospitales, qué se pudo haber evitado? 

Por fortuna, el tema de que sí fue un protocolo quedó zanjado en el momento en el que Carlos Mur, el firmante del protocolo, así lo reconoció en la propia Comisión de investigación. Pero en la Comunidad de Madrid no fue ese el único problema. El protocolo impidió el traslado a los hospitales, lo cual es una violación de derechos gravísima, pero hay otros tres elementos. En la Comunidad de Madrid se abrió un hospital en el Ifema que se vendió como ‘hospital milagro’. Durante las seis semanas que estuvo abierto, se trasladó a 23 residentes leves, ni siquiera graves. Veintitrés. Durante esas seis semanas, fallecieron más de 5.000 personas en residencias de mayores. ¿Por qué no se trasladaron al Ifema? Por otro lado, hubo mando único y todos los hospitales, públicos y privados, pasaron a depender de Sanidad. Pues no se trasladó ni a un solo residente a un hospital privado, y son datos oficiales de la Comunidad de Madrid a través de su portal de transparencia.

En cuarto lugar, el Tribunal Superior de Justicia ordenó medicalizar las residencias y la Comunidad no lo hizo. Madrid no sólo aprobó un protocolo completamente indigno, sino que tampoco puso en marcha las tres alternativas que tenía. Ni trasladó residentes al Ifema, ni los trasladó a hospitales privados ni medicalizó las residencias.

En Cataluña, por ejemplo, el protocolo es menos duro que en Madrid —recomendaba no trasladar a mayores de 80 años, lo cual es una muestra también de discriminación brutal—, pero la realidad fue prácticamente igual de dura. Durante las cinco semanas críticas de abril, en más del 70% de los fallecimientos que se produjeron en las residencias no hubo traslados a los hospitales. Por lo tanto, el padecimiento y el dolor fue el mismo.      

De algún modo, decir que todos tuvieron la culpa de este escándalo, o incluso que la culpa fue del virus, es como decir que nadie es responsable. Hasta ahora hemos visto que el Gobierno central señaló a las comunidades y las comunidades al Gobierno central. ¿Quiénes fueron, o son, los responsables? 

Este país ama las explicaciones monocausales. Pero este tema es muy complejo. En el libro detallo cinco grandes grupos de responsabilidades: los déficits estructurales previos a la pandemia (por ejemplo, la falta de atención sanitaria a las residencias), los errores producidos al estallar la crisis sanitaria (no había EPIs, no había pruebas), las decisiones políticas (por ejemplo, los protocolos), las decisiones de las empresas (el hecho de que tengan tan poco personal fue un elemento fundamental en lo que ocurrió), y el hecho de que las residencias sean lugares diseñados para contagiar el virus, no para frenarlo. La mayoría de los residentes tienen deterioro cognitivo, y no puedes cambiar un pañal a una persona a metro y medio de distancia; las residencias son edificios con muchas zonas comunes; la precariedad de las empleadas hace que muchas trabajen en varias residencias… Hay muchísimos factores, no se puede simplificar. 

Las comunidades autónomas nunca perdieron las competencias, es evidente que tienen responsabilidad. El Gobierno central tiene responsabilidad por omisión, porque no supo valorar o dar la misma importancia a las residencias que a los hospitales, y tampoco hizo seguimiento. Cada uno tiene una responsabilidad, algunos mucho mayores, como la de aprobar los protocolos; pero eso no exime la responsabilidad del Gobierno central, no exime la responsabilidad de las empresas por no tener suficiente personal, no exime que estemos en un país donde la atención primaria pasa de las residencias. No seamos simplistas. Un tema tan grave como este no obedece a una sola causa.   

Que la hecatombe de la primera ola se concentrara sólo en el 20% de las residencias me parece un dato bastante llamativo.

Esto obedece a causas muy evidentes. El 75% de los fallecimientos se produjo en sólo cuatro comunidades —Madrid, Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha—, y el 65% de las residencias no tuvieron ningún fallecido por covid. El problema era que el virus entrara a la residencia.

En ocho de las once comunidades que te facilitaron datos, el impacto de la mortalidad fue mayor en los centros de gestión privada que en los de gestión pública, pero las comunidades se resisten a señalar este factor. ¿Por qué se aferran tanto a eso de que el modelo no necesita cambiar?

Sólo dos comunidades han hecho informes propios: Navarra y Castilla y León. Los dos tienen en cuenta la titularidad de la residencia, pero no la gestión y, para mí, esto es un error grave si quieres analizar bien las cosas. Es como si a la hora de repartir las estrellas Michelin se pregunta quién es el dueño del edificio y no quién es el chef del restaurante. Lo importante no es quién es el dueño de una residencia, sino quién la gestiona. En España no hay datos ‘oficiales’ de quién gestiona las residencias, no sé por qué. Creo que es la primera vez que se dan.

En ocho de las once comunidades, el impacto de la mortalidad fue mayor en los centros de gestión privada, pero el elemento determinante no fue sólo lo público-privado, sino si la residencia pertenecía a un gran grupo. La mortalidad fue mucho mayor en las residencias que pertenecen a las 30 mayores empresas. Si comparas el porcentaje de camas que gestionaban y el porcentaje de fallecidos que tuvieron, hay casi 9 puntos porcentuales más de fallecidos que de camas gestionadas. 

Cuando hablas con estas grandes empresas, te dicen que es por el tamaño de las residencias. Y esa es una de las razones, pero esto es la pescadilla que se muerde la cola. ¿Por qué tienen las residencias más grandes? Por razones económicas, porque quieren sacar mayor rendimiento.  

¿Se puede hacer negocio con cualquier cosa, incluso con el cuidado de ancianos?

Para mí, hay tres elementos. Hay un problema serio cuando el 90% del sector está en manos privadas, porque las empresas, sobre todo los grandes grupos, tienen un poder enorme frente a la Administración. Pero el problema no es sólo ese. Tiene que haber límites. Hay una residencia de Madrid que en los tres últimos años ha ganado un millón de euros al año, una única residencia. ¿Tiene que ganar una residencia un millón de euros al año? ¿No vale con que gane 200.000 y dedique el resto a pagar mejor a las gerocultoras, a cuidar mejor a los mayores? ¿Son las residencias de mayores un sector donde deban entrar fondos de capital privado, que por su naturaleza tratan de conseguir el mayor pelotazo posible? 

Por lo menos deberíamos hacer la reflexión, pero, sobre todo, lo que no cabe es tener las residencias en manos de esos fondos y luego que no haya inspecciones serias, porque entonces el sistema falla por completo. Si las hubiera, quedaría salvado el elemento central de este sistema, que debería ser el cuidado y el bienestar del mayor. Pero si fallan estos dos ejes, entonces tenemos un problema. 

¿Por qué el Estado está tan ausente?

Porque no hemos mirado a las residencias hasta que se han llenado de fallecidos. Ni como sociedad ni desde las administraciones, sin ninguna duda. Las Consejerías de Políticas Sociales siempre han sido la hermana pobre, no hay inspectores, el dinero para la dependencia era mínimo… Nunca ha sido una prioridad, y desde luego la responsabilidad la tienen las Administraciones.

Me ha sorprendido mucho leer que la Iglesia católica es el principal operador de residencias. Pensé que sería Florentino Pérez, al que luego también citas en el libro.  

Es un dato muy desconocido, pero la Iglesia controla unas 40.000 plazas de residencias, lo que pasa es que lo hace a través de diferentes ‘marcas’, congregaciones religiosas, fundaciones, centros que pertenecen a los obispados, etcétera. Sobre todo en el caso de las congregaciones de monjas, el problema —no por ellas— es que funcionan como un concepto de beneficencia, propio de los asilos del siglo XIX. No se debería permitir esto. Durante la pandemia, hubo monjas en Pamplona, en Jaén, en Málaga, que tuvieron que lanzar SOS de auxilio porque hasta ahora, su medio para cuidar a los mayores era salir dos veces por semana a pedir limosna, o recibir alimentos de supermercados u otros centros. Durante el confinamiento, todo esto dejó de funcionar, y se encontraron con que no tenían ni para alimentar a los mayores. ¿Es culpa de ellas? Obviamente no. La mayoría hacen una labor encomiable, pero esto no se puede permitir en un estado del bienestar. Al Estado, en este caso las comunidades, les ha venido bien, pero esto es inadmisible. 

Dada la gravedad del caso de las residencias, ¿crees que llegará a haber condenas, que se llegará a juzgar a los responsables?

No me gusta hacer pronósticos, pero sí creo que la actuación de la Fiscalía está siendo lamentable. No entiendo que la Fiscalía no haya actuado, por ejemplo, en el tema de los protocolos. Tenía que haber sido mucho más proactiva. 

¿Si va a haber condenas? Entiendo que sí, teniendo en cuenta que hay denuncias por toda España, por la vía civil, por la vía penal. Pero es lamentable que el Gobierno no haya impulsado una comisión independiente para analizar lo que ocurrió. Tiempo hay, pero esperanzas, las justas.