Monitores escolares: mini-jobs en la Junta de Andalucía

Quiero aprovechar estas líneas que me brindáis para hablaros de una historia de precariedad en la administración pública que viene dándose en la Junta de Andalucía desde hace 15 años. El colectivo de monitores y monitoras escolares.

Dentro del personal laboral de la Junta de Andalucía existe la categoría de monitor/a escolar. Actualmente integrada por una plantilla de 1.643 trabajadores que prestan sus servicios en 2.040 centros públicos de educación infantil y primaria de la comunidad autónoma.

Entre esos 1.643 trabajadores y trabajadoras, 1.011 tienen una contratación regular a jornada completa (35 horas semanales) equiparada al resto de personal laboral y empleados públicos, pero los 632 restantes (poco menos del 40%) tenemos la particularidad de estar contratados a jornadas parciales de 8, 12, 16, 18, 20, 24, 25 o 28 horas semanales. Algo insólito no solamente dentro de la misma categoría profesional sino entre todos los empleados públicos (personal funcionario y laboral) que componen la administración autonómica.

A esto le sumamos que 414 compartimos dos o incluso tres centros —algo que hace saltar por los aires cualquier protocolo covid— y que 562, prácticamente el 90%, son mujeres. Esto constata el hecho de la feminización de la precariedad laboral, incluso en la administración pública.

La principal función del monitor o monitora escolar en Andalucía es la de realizar el apoyo administrativo en las secretarías de los centros. Algo que nos convierte en un pilar fundamental para el funcionamiento de los colegios, cada vez más saturados de burocracia, descongestionando de carga administrativa al profesorado para poder atender mejor a su alumnado.

Además, en nuestro convenio aparecen descritas otras funciones como pueden ser la atención de la biblioteca, transporte escolar, vigilancia de comedor o colaboración en actividades extralectivas o deportivas que justifican plenamente que exista la figura de un monitor escolar por centro a jornada completa.

Es por ello que, desde hace años, nuestra reivindicación ha estado presente en la calle y en las redes sociales, porque nunca nos hemos rendido ni conformado. Todo ese ruido ha llevado aparejado la atención de la clase política, especialmente la que ostenta el poder actualmente en la Junta de Andalucía (PP y Ciudadanos).

En la última legislatura del PSOE, eran habituales las declaraciones de representantes del PP como la actual Consejera de Fomento Marifran Carazo o la diputada Mariví Romero, denunciando los mini-jobs ofrecidos por la Junta, o de Ciudadanos, formación que gestiona actualmente la Consejería de Educación, afeando a la anterior administración que con este tipo de contratos no se podía llevar a cabo “un proyecto de vida”. Incluso, al inicio de la presente legislatura, las promesas a nuestro colectivo seguían siendo una tónica habitual.

En junio de 2019 se puso fin a nuestra discontinuidad (nos despedían los meses de julio y agosto), no ya gracias tanto a la voluntad del Ejecutivo sino a un dictamen de la Inspección de Trabajo. El propio consejero, Javier Imbroda, en sede parlamentaria prometió establecer la jornada completa para “todo” el colectivo para 2020, compromiso que “menguó” y quedó en un tímido aumento de jornada a “mínimo 20 horas” para quienes tienen menos de esa jornada. Al llegar a ese fatídico año, ni siquiera eso pudo llevarse a cabo por el desvío de partidas presupuestarias para hacer frente al covid-19.

Ni la pandemia pudo torcer nuestra determinación de acabar con este injusto agravio. Gracias a la presión de todo el colectivo, al apoyo de toda la comunidad educativa y de la denuncia de organizaciones como CCOO o la Asociación de Directores/as de Infantil y Primaria (ASADIPRE) conseguimos que se volviera a incluir la subida de horas en los Presupuestos de 2021 para hacerse efectiva en enero.  Además la administración adquirió un compromiso de constituir una mesa de trabajo con los sindicatos para llevar a cabo un estudio de necesidades de centros para un eventual paso a jornada completa.

Sin embargo, como se suele decir, las palabras se las lleva el viento. A mediados de mayo, casi finalizando el curso, la subida de “mínimo 20 horas” queda pendiente de una publicación en el BOJA —Boletín Oficial de la Junta de Andalucía— que parece no llegar nunca, cuando todos los trámites concluyeron hace dos meses. Y la mesa de trabajo se constituyó, se reunió una vez y no volvimos a saber nada más.

Mientras tanto no nos queda otra que seguir denunciando, agudizando el ingenio en las redes sociales y movilizándonos en las calles para dignificar nuestras condiciones laborales.

¿Cómo continuará esta historia? Lo único que sabemos es que... ¡No nos vamos a rendir! ¡No nos vamos a cansar!