¿Momento hamiltoniano?

El nombre de Alexander Hamilton reclama la patente de marca del salto federal de la UE (sobre cuya envergadura escriben los europeístas) por haber sido impulsor, como primer Secretario del Tesoro (1790), de la deuda federal de los EEUU (la moneda única, el dólar, tardaría en imponerse hasta fecha tan tardía como 1813, unos pocos años antes que el primer Banco Federal).

Hamilton, nacido en el Caribe y llamado a ser uno de los “Founding Fathers” de EEUU, fue, junto con John Jay y James Madison, miembro del legendario trío redactor de los “Federalist Papers”: se trata de 85 ensayos conocidos en la literatura de la teoría política bajo el denominador aglutinante de “El Federalista”. Como secretario del Tesoro fue impulsor y autor de la mayoría de los artículos firmados bajo el pseudónimo de Publius, como ha explicado en España brillantemente el profesor Roberto Blanco (El valor de la Constitución).

Menos conocido es, sin embargo, el rocambolesco giro del destino por el que murió en duelo a pistola a manos de Aaron Burr, entonces vicepresidente del presidente Thomas Jefferson (reputado redactor de la Declaración de Independencia de 1787) y con el que, por cierto, había empatado en el colegio electoral de 1801 (el mismo órgano intermedio que ahora confirma a Joe Biden, para desesperación de DJ Trump, estos días de diciembre). La inverosímil aventura de su vida ha dado lugar a un no menos sorprendente musical que hace furor en Broadway, promovido por el polifacético músico, bailarín y cantante Lynn Manuel Miranda.

Volviendo al punto de partida: los analistas versionan el potencial federalizante del salto adelante irrogado por la UE en su respuesta a la pandemia y sus estragos económico-sociales: aprende de las lecciones y los errores perpetrados en su deplorable gestión -too little, too late, and in the wrong direction- de la Gran Recesión que arrancó en 2008. Con mayor potencia de fuego que nunca ante en su historia -¡1,82 billones de euros!-, suma a un Presupuesto al alza un instrumento adicional (Next Generation EU/Plan de Recuperación), que no sólo asegura 750.000 millones de euros (de los que el 52% son transferencias y el 42% préstamos a bajo interés no condicionado), sino que será financiado, por primera vez en la historia, con deuda mancomunada y garantía europea. A ello se suma el SURE, el Plan de Compra del BCE (1,8 billones adicionales) y los Recursos Propios (Impuesto sobre el plástico, Impuesto de Transacciones Financieras/FTT, Impuesto sobre las grandes Corporaciones y primera armonización de las bases imponibles del impuesto de sociedades/Corporate Tax).

Pero, tal como explico en mi libro más reciente -El Parlamento Europeo: una experiencia única (Wolters Kluwer/La Ley)-, si el federalismo aparece históricamente vinculado con el constitucionalismo no es sólo por el potencial federalizante de un Tesoro común y una deuda común en la experiencia americana simbolizada por Hamilton, sino porque, a partir de la Constitución federal de EEUU (1787), un pacto federativo acarrea la sujeción de las partes a un todo común de principios vinculantes y derechos exigibles ante una jurisdicción garante y aceptada por todos: en el caso de EEUU, el TS regulado en su Art. III; en el caso europeo, el TJUE regulado en el Art. 19 TUE.

Exactamente por eso, el Reglamento europeo (que es Ley europea, no se olvide) por el que se establece la Condicionalidad del respeto al Estado de Derecho, Democracia, Derechos Fundamentales para el acceso a Fondos UE, ha estado en el meollo de la negociación del MFF/Recovery Fund Pack por exigencia del PE. Y haber esta exigencia en la negociación ha sido un triunfo en toda regla del PE en su representación de la ciudadanía.

De hecho, esta exigencia de Rule of Law Conditionality ha sido el escollo de más difícil superación en toda la negociación culminada en el Consejo Europeo de 10 de diciembre bajo la Presidencia alemana, tal y como lo expresa el tenso pulso político para sortear el veto interpuesto por los ultraconservadores gobiernos iliberales de Hungría y Polonia,  ambos bajo la lupa del procedimiento sancionador del Art. 7 TUE, asimismo activado por el PE por apreciar un “riesgo cierto” de “violación grave” y “sistemática” de los valores comunes consagrados en el Art.2 TUE (antiguos criterios de Copenhague).

Pues bien, al margen de la discusión sobre lo que ambos gobiernos han reclamado y obtenido de los todos los demás para acceder a un “compromiso de desbloqueo” (desactivación del Art. 7 y remisión de toda decisión a un eventual dictamen del TJUE, lo que supondrá un retraso en la aplicación efectiva de sanciones y bloqueo de fondos a los países incumplidores), ¡lo que aquí importa subrayar es el desafío constitucional impuesto por estos dos EEMM.(la Hungría de Viktor Orban y la Polonia de Jaroslaw Kaczyński) autosituados en abierta rebeldía contra el Derecho Europeo y contra las resoluciones del TJUE, cuya función distintiva reside, precisamente, en garantizar el “respeto del Derecho” (Art. 19 TUE) en una UE cuya naturaleza consiste en ser una “Unión en Derecho” (Arts. 1 a 7 TUE)!

El TUE contempla un procedimiento riguroso para acceder al club (Art. 49), un procedimiento complejo para reformar los Tratados (Art. 48), e incluso un dispositivo para salir de la UE (Art. 50, practicado en el Brexit, con el resultado desdichado y agónico al que asistimos desde hace ya unos años). Pero no contempla, sin embargo, ningún dispositivo previsto para poner en cuestión la continuidad en la UE de miembros disfuncionales, díscolos o reluctantes, por más que se erijan en lastre o remo contrapedal del Decision-Making Process a cargo de todos los demás o contra todos los demás.

Abundan los indicadores de que el daño reputacional que los gobiernos ultraconservadores de Fidesz en Budapest y de PiS en Varsovia están causando a la imagen de Hungría y Polonia en la UE comienza a ser insoportable e insostenible. Por más que ello resulte tremendamente injusto para la ciudadanía europea de húngaros y polacos, representada en el PE, y que tanto la Eurocámara como el resto de las Instituciones tiene -tenemos- el deber cívico y político de hacer valer y defender.

Resulta que, no obstante, en eso consiste, paradójicamente, la dimensión federal de la adhesión a la UE de Hungría y Polonia a la UE, aún reciente en la memoria (2004). Como ha recordado intencionadamente Frans Timmermans en una entrevista reciente en El País, “nadie obligó a Hungría y Polonia a firmar los Tratados”. Pero una vez que están dentro, va siendo hora de que aprendan -y de que se les enseñe- que lo están con sus derechos, pero también con todos sus deberes y sus obligaciones. More federal.