Con la matanza de Bucha empieza otra difícil investigación por crímenes de guerra

Tras la retirada de las tropas rusas de la región de Kiev, la comunidad internacional ha descubierto “un desastre absoluto”, sobre todo en la ciudad de Bucha, al noroeste de la capital ucraniana.

Cuando las fuerzas ucranianas entraron en la ciudad, se encontraron con el horror. Fosas comunes improvisadas, cadáveres que salpicaban las carreteras y las aceras, relatos de torturas... Aislados de toda ayuda durante casi un mes, los habitantes de esta ciudad están empezando a narrar ahora los terribles actos de guerra que sufrieron.

Ante tales imágenes, el presidente francés Emmanuel Macron ha condenado estos actos este mismo lunes “con la mayor firmeza”, y ha declarado: “Hoy hay indicios muy claros de crímenes de guerra. Está más o menos establecido que fue el ejército ruso” el que ocupó esta ciudad. “Hay que hacer justicia internacional. Quienes están detrás de estos crímenes tendrán que responder por ellos”, ha añadido, abriendo la puerta a una serie de sanciones legales internacionales contra el régimen ruso y Vladimir Putin.

Estas palabras apoyan las del presidente ucraniano Volodimir Zelenski, que hoy 4 de abril también ha hablado desde las calles de Bucha de “crímenes de guerra” que serán “reconocidos como genocidio”.

En la misma línea se ha manifestado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que ha calificado la masacre en la localidad ucraniana de “crimen de guerra”, al tiempo que ha asegurado que está planeando imponer más sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania. En declaraciones ante los periodistas, Biden ha recordado que fue “criticado” por llamar al presidente de Rusia, Vladimir Putin, “criminal de guerra”, pero ha incidido en que “la verdad del asunto” es lo que ha ocurrido en la localidad ucraniana.

“Este hombre es brutal y lo que ha pasado en Bucha es indignante y todo el mundo puede verlo”, ha señalado. No obstante, ha precisado que la masacre no constituye un genocidio, pero ha incidido en la necesidad de “recopilar la información” y continuar proporcionando armas a Ucrania.

Entre las palabras firmes de los líderes internacionales y las verdaderas sanciones legales contra Rusia hay un largo camino. Y no es sencillo de recorrer.

Definido en 1945 por el Tribunal de Nuremberg al juzgar a los criminales nazis, el término crimen de guerra incluye “el asesinato, los malos tratos o la deportación para obligar a realizar trabajos forzados a la población civil de los territorios ocupados, el asesinato o los maltratos a los prisioneros de guerra o de náufragos, la toma y ejecución de rehenes, el pillaje de bienes públicos o privados, la destrucción sin motivo de ciudades y pueblos y la devastación que no se justifique por la necesidad militar”.

Así, los crímenes de guerra se condenan y se consideran violaciones graves de la Convención de Ginebra y del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI). Como se detalla en el artículo 8 del Estatuto de Roma, que entró en vigor en julio de 2002, “la Corte tendrá competencia respecto de los crímenes de guerra en particular cuando se cometan como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes”.

En el caso de los abusos rusos en suelo ucraniano, y especialmente en la ciudad de Bucha, podría establecerse la calificación de crimen de guerra, pero no antes de que se celebre un juicio.

Aunque Ucrania no se considera parte del Estatuto de Roma, sí ejerció su prerrogativa en 2014 para reconocer la jurisdicción de la Corte en su territorio. De hecho, desde el 2 de marzo de 2022 ya está en marcha una investigación de la CPI sobre la situación en Ucrania y los posibles crímenes de guerra cometidos allí desde el 21 de noviembre de 2013.

Hasta el 11 de marzo, 41 Estados habían remitido la situación de Ucrania a la Fiscalía de la CPI.  En el marco de esta investigación, a la que podrían estar vinculados los actos cometidos en Bucha y otras localidades de la región de Kiev, la CPI ha creado un portal para recoger información y testimonios. El expediente también se basa en la información recopilada por la ONU, las ONG, los Estados miembros y los periodistas.

Por ejemplo, el 21 de marzo, el testimonio de un trabajador de Radio France en Ucrania que fue torturado por el ejército ruso fue documentado y verificado minuciosamente por Reporteros sin Fronteras, y luego transmitido por la ONG a la CPI (junto con otros testimonios) como pruebas para el caso en cuestión. Por otra parte, hoy lunes 4 de abril, Ucrania ha dado a conocer una lista de presuntos miembros de la 64ª brigada rusa de fusileros motorizados que, según Kiev, participaron en la masacre de Bucha, para que puedan ser llevados ante la justicia.

También hoy, Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha anunciado a través de su cuenta de Twitter que la UE estaba dispuesta a “enviar equipos de investigación para documentar los crímenes de guerra en coordinación con el fiscal general ucraniano”, apostando una vez más por la recopilación de pruebas sobre el terreno.

La esperanza de que se produzcan condenas tras los actos cometidos en Ucrania se basa también en el carácter inédito de esta guerra, en plena era digital de las redes sociales. En un contexto en el que se han difundido vídeos e imágenes en Internet desde el inicio del conflicto, es más factible obtener pruebas concretas para los investigadores de la CPI.

A pesar de estos primeros pasos legales, la gran dificultad reside ahora en la propia investigación, ya que hay que determinar quiénes son los responsables. De hecho, la CPI necesitará más pruebas concretas para ascender en la cadena de mando e identificar quién planificó, ordenó y ejecutó las órdenes para así imputar estos crímenes de guerra a los principales oficiales rusos.

Vídeos, documentos escritos o grabaciones de conversaciones podrían ser fundamentales para implicar a altos funcionarios rusos, si es que existen tales pruebas.

Consciente de lo difícil que es obtener dichas pruebas, la ex fiscal internacional Carla Del Ponte pidió el sábado 2 de abril que la CPI emitiera una orden de detención contra el presidente ruso. Para esta jurista suiza, la emisión de una orden de detención sería una señal de que “el trabajo de investigación está hecho”.

“Emitir esa orden no significa que Putin vaya a ser detenido; si se queda en Rusia, nunca será detenido. Sin embargo, le será imposible salir de su país, y esto ya sería una señal importante de que tiene muchos países en contra”, explica. “Es el único instrumento que existe para detener al autor de un crimen de guerra y llevarlo ante” la justicia internacional, argumenta también Carla Del Ponte.

La responsabilidad del líder del Kremlin será especialmente difícil de demostrar, por lo que existe un estatuto especial relativo a la “responsabilidad del superior jerárquico ante los tribunales penales internacionales”. Reconocido ya en 1907 por la Convención de La Haya, este estatuto podría determinar su responsabilidad, sin pruebas directas de su participación, simplemente porque los superiores jerárquicos tienen la obligación de prevenir los crímenes de guerra que puedan cometer sus subordinados.

Este artículo fue publicado originalmente en el ‘HuffPost’ Francia y ha sido traducido del francés por Daniel Templeman Sauco.