Los presidentes autonómicos más sobrevalorados en la gestión del coronavirus
Ayuso no está sola: Juanma Moreno, Alberto Núñez Feijóo e Íñigo Urkullu reciben elogios, pero también han brillado (para mal) en plena crisis sanitaria.
Nadie estaba preparado para un terremoto de estas dimensiones. La dureza con la que golpeó la pandemia del coronavirus pilló totalmente desprevenidos tanto al Gobierno de España como a los Ejecutivos autonómicos. Aunque no todos están saliendo de la misma forma. Ahora tienen la posibilidad de conseguir mucho más poder si solicitan un estado de alarma en su territorio.
Los expertos coinciden en que la improvisación ha sido la tónica general en la toma de decisiones por parte de la mayoría de los Gobiernos regionales. “No hay un libro de estilo para la gestión de pandemias. Se han tomado decisiones erróneas en todas las comunidades autónomas”, asegura César Calderón, consejero delegado de la consultora política RedLines.
Las polémicas han rodeado desde el primer minuto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en su primer año de mandato. Los menús de Telepizza para los alumnos con becas comedor, la estancia en un apartahotel propiedad de Kike Sarasola o la dimisión de la directora de salud pública, Yolanda Fuentes, son algunas de ellas.
Sin embargo, hay otros presidentes autonómicos que cuentan con una buena valoración por parte de los ciudadanos y de los medios, pero que también han cometido errores, como es el caso de Juanma Moreno, Alberto Núñez Feijóo e Íñigo Urkullu. “La gran diferencia está en los que han tomado decisiones pensando en las elecciones y los que lo han hecho pensando en la ciudadanía”, apunta Calderón.
En su opinión, hay dos ejemplos positivos que destacan por su buen hacer el presidente de Asturias, Adrián Barbón, y el de Murcia, Fernando López Miras. “Se han esforzado y han primado la gestión sobre la ideología”, afirma. Otros no han optado por ese camino.
Juanma Moreno, contrataciones exprés en Andalucía
A diferencia de Díaz Ayuso, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha sido uno de los líderes regionales mejor valorados durante la crisis sanitaria, ya que hubo pocos contagios en los primeros meses de la pandemia, a pesar de ser la región más poblada del país. Actualmente, Andalucía acumula 26.829 casos positivos y 1.486 fallecidos, según los datos del Ministerio de Sanidad a 27 de agosto.
Una de las claves para esa buena valoración ha sido adoptar un perfil más moderado. “Moreno no ha buscado una confrontación dura durante la pandemia, como ha hecho Ayuso. Siempre ha mostrado un talante colaborativo”, señala la consultora política Ana Salazar, directora general de Idus 3.
El problema ha llegado cuando los contagios se han disparado. La región cuenta con una incidencia acumulada en los últimos 14 días de 93,41 casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes. “Andalucía está desbordaba. Se están llevando a cabo iniciativas, pero todo muy improvisado. Están causando miedo a la ciudadanía. Las familias se sienten desamparadas porque todavía no hay plan para la vuelta al cole. Esto puede variar la imagen del presidente”, afirma Salazar.
La oposición critica la inacción de Moreno y le acusa de aprovechar la crisis sanitaria para sacar adelante medidas ideológicas. Una de las más sonadas fue la aprobación del plan para reducir las listas de espera, que destinaba 130 millones de euros de fondos públicos para los hospitales privados, siguiendo la estela de otros Ejecutivos conservadores.
“El Gobierno de la Junta de Andalucía no tiene ningún tipo de plan, ha improvisado constantemente y ha visto la oportunidad en la pandemia de meter su ideología con las privatizaciones, intentar generar una red clientelar o fomentar la especulación”, asegura José Ignacio García, portavoz adjunto de Adelante Andalucía.
Tal y como ha hecho Ayuso apostando por la construcción como salida de la crisis, Moreno también ha visto en el ladrillo una oportunidad. En plena pandemia, la Junta declaró viable medioambientalmente un hotel de cuatro estrellas frente a la Bahía de Los Genoveses, en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar.
Si Ayuso se vio involucrada en varias polémicas relacionadas con contratos públicos como el reparto de menús de Telepizza y Rodilla a familias vulnerables y la construcción de un hospital para pandemias, Moreno ha sido criticado por la contrataciones exprés de personal realizadas durante la pandemia.
La más importante, los 3.000 vigilantes de playa para garantizar el aforo y la distancia de seguridad a finales de mayo. Los aspirantes tenían solo 24 horas para optar a uno de estos empleos y la selección se hacía por orden de llegada.
No ha sido la única, también ocurrió lo mismo con las 131 plazas de funcionarios interinos que se dedicarán al área de vigilancia de la salud de los centros de prevención de riesgos laborales en cada consejería y con las 169 plazas de interinos aprobadas en julio. Los méritos no importaban, solo la rapidez para presentar la solicitud.
“Hemos tenido escándalos como las contrataciones sin ningún tipo de requisito. El único requisito era el orden de llegada. Se han contratado a miles de personas con un procedimiento oscuro, en 24 horas, a través de un email. Nos parece una barbaridad”, afirma García.
Otro parecido con el Ejecutivo madrileño ha sido la falta de coordinación entre los dos partidos que conforman el Gobierno: PP y Cs. “La descoordinación de los mensajes entre Juanma Moreno y Juan Marín es un clásico, por ejemplo con el paso de fases o la vuelta al cole”, apunta Salazar. Una de sus últimas discrepancias está relacionada con la posibilidad de hacer una crisis de gobierno que aumente el número de consejerías.
Esta diferencia de voces entre Moreno y Marín genera incertidumbre entre los ciudadanos, al igual que pasa en Madrid cuando Ayuso y Aguado discrepan. “Hay una gran confusión. No existe una unidad de gobierno. Cada uno juega a lo suyo”, afirma Salazar.
La inestabilidad parlamentaria también ha pasado factura al Ejecutivo andalucía. A pesar de que se han aprobado dos presupuestos regionales, el Parlamento andaluz ha tumbado este martes el decreto de medidas urgentes contra el coronavirus, gracias a los votos en contra de Vox, PSOE y Adelante Andalucía. La gran promesa electoral de Moreno, una bajada de impuestos, ha quedado guardada en un cajón hasta que pase la tormenta.
Alberto Núñez Feijóo, el enigma de los rastreadores en Galicia
Alguien que no tiene esa inestabilidad parlamentaria de Madrid o Andalucía es el presidente de la Xunta de Galicia en funciones, Alberto Núñez Feijóo. El líder de los populares gallego ha logrado su cuarta mayoría absoluta, convirtiéndose en el único presidente regional del PP que no requiere del apoyo de otras fuerzas para gobernar.
Como ocurría en Andalucía, Galicia tampoco ha sido de las comunidades más afectadas por el coronavirus, a excepción de la comarca de A Mariña. La región acumula 13.448 casos positivos por PCR y 634 fallecidos, según los datos del Ministerio de Sanidad a 27 de agosto.
“La gestión sanitaria fue notable. La Xunta se centró en eso en la crisis sanitaria y se olvidó de las consecuencias económicas y sociales. El rebrote de A Mariña no se gestionó bien. Feijóo estuvo más preocupado por el impacto que podía tener en las urnas”, asegura Antón Losada, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Santiago de Compostela.
Feijóo adoptó una estrategia parecida a la de Ayuso de mucha presencia en medios y poca rendición de cuentas a nivel institucional. La oposición le ha acusado de inacción, de falta de transparencia y de no dar la cara en el Parlamento para explicar la evolución de la pandemia.
“La política de comunicación fue muy hábil. Feijóo utilizó esta situación para convertirse en un látigo. Se apropió de los aciertos, mientras que los errores los achacaba al Gobierno central”, apunta Losada.
Si Ayuso apostó por la realización de test masivos en Torrejón —uno de los epicentros iniciales del coronavirus—, Feijóo hizo lo propio con un estudio epidemiológico que pretendía testar la presencia de coronavirus en 100.000 gallegos. Al igual que ocurrió en Madrid, estos test se llevaron a cabo a pesar de las críticas del Ministerio de Sanidad, que realizaba su propio estudio, y de los propios profesionales sanitarios. Una vez más primaba la imagen a la eficiencia.
Las pruebas gallegas no se llegaron a terminar porque eran tests rápidos de mala calidad y solo detectaron el virus en el 1% de los casos. Sin embargo, el estudio realizado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) detectó el doble, es decir, el 2% de la población estaba inmunizada.
Otro de los problemas compartidos entre Ayuso y Feijóo ha sido la dificultad para localizar el origen de la infección por coronavirus, lo que es muy necesario para evitar que se propague el virus. El 73% de los contagios en Galicia no tienen un contacto conocido, el porcentaje más elevado de toda España.
Las organizaciones sanitarias achacan este problema al funcionamiento del equipo de rastreadores. Nadie sabe realmente cuántas personas hacen estas labores. El Gobierno regional aseguró en mayo que contaría con un equipo de 20 personas. Actualmente, afirma contar con 6.108 profesionales dedicados al seguimiento de casos. Sin embargo, esta cifra incluye al personal de atención primaria que realmente no hace estas funciones.
Al igual que hizo Ayuso, Feijóo también recurrió a una empresa privada —Grupo Konecta— para ayudar en los labores de rastreo, en vez de reforzar los servicios públicos. “Su gestión se ha ido deteriorando. Feijóo gestionó mucho mejor la pandemia que la nueva normalidad”, señala Losada.
La vuelta al cole también se ha convertido en otra de las polémicas, ya que no se ha reducido el número de alumnos por clase. “Aunque quisiéramos, no tenemos espacios para ratios de 15 alumnos, es inviable”, aseguró la conselleira de Educación, Carmen Pomar, en una entrevista a la Cadena SER.
“Feijóo tiene grandes ideas sobre lo que tienen que hacer los demás, pero nunca es su responsabilidad. Se ha pasado todo el verano reclamando un protocolo al Gobierno central para la vuelta al cole, sin que la Xunta haya hecho el suyo propio”, lamenta Losada.
Iñigo Urkullu, de la desescalada rápida a la emergencia sanitaria
Al igual que Feijóo, el lehendakari vasco en funciones, Iñigo Urkullu, también se sometió el veredicto de las urnas en plena pandemia del coronavirus. El PNV volvió a vencer en los comicios al cosechar el 40% de los votos. En su caso tendrá que gobernar con el PSOE.
Urkullu cosechó esos buenos resultados, a pesar de que País Vasco fue una de las más afectadas al inicio de la pandemia con Vitoria-Gasteiz convertida en uno de los epicentros. Actualmente, acumula 26.597 casos positivos por PCR y 1.589 fallecidos, según los datos del Ministerio de Sanidad a 27 de agosto.
“Hay una situación muy idelizada del País Vasco, sobre todo desde fuera, porque hay indicadores en los que está a la cabeza del Estado. Sin embargo, el Gobierno vasco ha ido tarde y a remolque en todas las medidas trascendentales. A buena parte de las decisiones que tomaban desde Madrid se ha opuesto”, recuerda Iker Casanova, diputado de EH Bildu.
Al igual que Ayuso, Urkullu fue uno de los quiso salir del confinamiento lo más pronto posible. El lehendakari parecía estar más pendiente de que se pudieran celebrar las elecciones autonómicas que de la situación sanitaria.
“El Gobierno vasco en víspera de las elecciones trató de dar una imagen de normalidad, con la cumbre entre Revilla y Urkullu reabriendo la frontera entre Bizkaia y Cantabria, unos días antes de que se decretara la libre movilidad entre provincias”, recuerda Casanova.
La confrontación, aunque más moderada en formas que Ayuso, también ha sido una tónica general durante la pandemia. “La víspera de que Pedro Sánchez decretara el confinamiento, Urkullu aseguró que no estaban pensando en confinamiento”, señala Casanova.
Cuando se llevó a cabo la desescalada, País Vasco, en vez pasar a la fase 0, lo hizo a una fase 0,5, que incluía restricciones a la movilidad. Esto no fue entendido por el resto de comunidades, que consideró que era una compensación de Sánchez al PNV, ni por la oposición, que consideró que era un “invento”, en palabras de Carlos Iturgaiz, candidato de PP y Cs.
Gracias a la importancia de la industria, la economía de País Vasco ha resistido mejor que en otras regiones. Sin embargo, tampoco se han tomado medidas de calado para contrarrestar el desplome. “El Gobierno vasco ni se ha enterado de las dimensiones de esta crisis en el ámbito económico. Si el Gobierno central ha destinado 3.750 millones para un plan de apoyo a la automoción, aquí solo han puesto 5 millones en un plan Renove”, apunta Casanova.
Una de las cuestiones más criticadas fue unas ayudas puestas en marcha por el Gobierno vasco para los autónomos. La cuantía era tan escasa, tres millones de euros, que apenas llegaron a 1.000 empresarios y se agotaron en cuestión de horas. Una falta de dotación económica y de previsión que también le pasó al Ejecutivo de Ayuso. Ambos han tenido que incrementar las ayudas.
Como ocurre en la región de Madrid, la situación sanitaria de País Vasco tampoco ha mejorado. Ante el repunte de los contagios, Urkullu tuvo que declarar la emergencia sanitaria el pasado 17 de agosto.
Las decisiones que tomen ahora serán miradas con lupa de cara al futuro, como todavía se recuerda el plan E de Zapatero. “La gestión de la pandemia va a pasar factura a los presidentes autonómicos, aunque todavía no se sabe cómo”, recuerda Salazar.
