Los otros 'Hasel': cómo se castigan en cada país los delitos sobre libertad de expresión

Pablo Hasel está en la cárcel por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona. ¿Estaba ejerciendo su derecho a la libertad de expresión a través de sus canciones y sus tuits? Eso lo que opinan los artistas que han apoyado públicamente al rapero y los manifestantes que han salido a defenderlo en diferentes ciudades españolas, pero no así la justicia. Arde el debate sobre si hacen falta o no líneas rojas y cómo han de aplicarse.

España suena en la prensa internacional para mal, cuestionada sobre la dureza con que aplica sus leyes, pero no es una excepción, hay más Hasels en el mundo, incluso en la progresista Europa. Multas, condenas y censura se dan con relativa frecuencia en el viejo continente ante materias intocables pero, sobre todo, en regímenes autoritarios que vetan cualquier atisbo de crítica.

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”, dice el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Luego, cada país hace de su capa un sayo y dibuja los límites a ese derecho en función de sus Gobiernos, de su pasado o de los peligros que cada cual detecta.

La vecina Francia, por ejemplo, no pasa ni una en lo referido a delitos de provocación y apología del terrorismo, incitación al odio y a la violencia y amenazas de muerte. Son delitos tipificados y castigados con severidad por el Código Penal: los primeros, por ejemplo, son castigados con entre cinco y siete años de cárcel y entre 75.000 y 100.000 euros de multa. Los delitos de incitación al odio pueden castigarse  hasta con un año de prisión y otros 45.000 euros de multa. La norma tipifica diversas formas de amenazas de muerte. En primer grado, se castigan con seis meses de cárcel y 7.500 euros de multa. En segundo y tercer grado, las penas de muerte se castigan con penas de 3 a 5 años de cárcel, acompañadas de multas de 45.000 a 75.000 euros.

A la hora de denunciar casos de supuestas violaciones en estos flancos, hay unanimidad en todo el espectro político: la izquierda y la derecha piensan igual, por más que la libertad de expresión se considere un bien preciado desde que se conquistó con la Revolución Francesa.

Esa unidad se ha dejado ver recientemente en dos casos concretos: el del rapero Nick Conrad, condenado hace tres años a pagar 5.000 euros por incitación al odio y por la violencia en sus letra; el cantante, de raza negra, hablaba en sus canciones de “matar bebés blancos”, una “crítica a la esclavitud”, según su lectura. Según informa RNE, desde 1992, más de 15 artistas han tenido que presentar declaración ante las autoridades galas por el contenido de sus letras.

El año pasado, el fotógrafo italiano Paolo Cirio se vio obligado a retirar una obra llamada Capture porque las fotografías que sumaba en un gran mural mostraban los rostros, perfectamente identificables, de agentes de policía retratados durante una manifestación. Frente a la denuncia social (el artista habla del exceso de uso del reconocimiento facial e incluye otras composiciones con ciudadanos, en la calle), una norma que se asemeja a la Ley Mordaza española en el punto de retratar a uniformados.

Alemania es quizá el caso en el que los límites están más claros y son entendidos por toda la población: nada de nazismo, nada de negacionismo del Holocausto. Su Código Penal, desde 2005, tipifica la exaltación del nazismo como una de las formas del delito de incitación al odio racial y contempla penas de hasta tres años de cárcel. El Tribunal Constitucional nacional dictaminó en su día que la norma era compatible con la defensa de la libertad de expresión. La legislación germana castiga también, desde antes incluso, negar o relativizar los crímenes del nacionalsocialismo y en especial la negación de la Shoa.

Entre sus polémicas por la aplicación de este articulado, una bastante similar a la de Hasel, que data de 2007, cuando el ultraderechista rapero Bushido fue acusado de fomentar la homofobia en sus letras. Se prohibió que participase en un concierto y, más tarde, fue condenado a prisión en Austria por una agresión y por fraude en Alemania. 

En 2019, el comediante Böhmermann se enfrentó a una denuncia del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, tras burlarse del mandatario con un poema. Fue absuelto, pero el turco usó la posibilidad de pedir cárcel para quien difame a un jefe de Estado extranjero. Algunos de sus versos fueron vetados.

Y hace menos, en 2020, un grafitero de Augsburgo fue condenado a 14 meses de prisión. El llamado Pintor de flores acumulaba penas varias por más de 30 pinturas, por lo que la juez entendió que el daño material estaba por encima de su derecho a la libre expresión de su arte.

En Italia, lo que se castiga de forma más seria es la apología del terrorismo. Según su Código Penal italiano, se castiga con hasta 15 años de prisión a quienes “promuevan, constituyan, organicen, dirijan o financien asociaciones que se propongan la realización de actos violentos con fines terroristas o de subversión del orden democrático”. Las penas más frecuentes por propaganda o incitación van, por su parte, desde seis meses hasta cuatro años de cárcel y multa hasta 6.000 euros, para quien instigue a cometer o cometa él mismo violencia o actos de provocación por motivos raciales, étnicos, nacionales o religiosos.

La Constitución, por su parte, dispone que “todos los ciudadanos tienen el deber de guardar fidelidad a la República”, y se podrán imponer sanciones a aquellos que manifiestan opiniones políticas que cuestionen esa fidelidad al Gobierno del país.

En Reino Unido es una cuestión de matices. Tienen el “delito de odio” y el “incidente de odio”. El abuso verbal, la intimidación, las amenazas, el acoso, la agresión y la intimidación, así como daños a la propiedad, se incluyen en los llamados “crímenes de odio”, mientras que incidentes relacionados con rasgos personales, como la edad o la pertenencia a un grupo, no se consideran delitos.

Dato que contrasta con España: la difamación y los insultos no están considerados delito en el país, ni siquiera si van dirigidos a la reina, Isabel II, y quien la suceda. De ello dan muestra numerosas canciones que aluden a la Corona y que son hitos del rock mundial y que, como mucho, se dejaron de emitir en la cadena pública BBC, de forma puntual, en décadas pasadas. Se entiende que no pasa de ser una infracción civil, ya que “la difamación penal fue derogada en el Reino Unido en el 2010, cuando se abolieron también los delitos de sedición y difamación sediciosa, difamatoria y obscena”.

Fuera del continente europeo, Estados Unidos se destaca como el país que más ampara la libertad de expresión y donde más complicado es acabar en la cárcel como Hasel. Lo deja claro en la primera enmienda de su Constitución, que protege los derechos a la libertad de expresión y a la de religión, sin interferencia del Gobierno. Y la jurisprudencia de siglos lo remarca: como afirma el Tribunal Supremo es “la matriz, la condición indispensable para cualquier otro tipo de libertad”.

Las líneas rojas allá son casi invisibles: no pasa nada por defender el nazismo o cualquier otro fascismo públicamente (se vio en el ataque al Capitolio de enero pasado), se pueden hacer manifestaciones y cánticos con lemas racistas (se vio como respuesta al movimiento Black Live Matters), se puede atacar al presidente (se vio tras la victoria electoral de Joe Biden) y hasta quemar la bandera del país (eso ya es realmente infrecuente).

Un caso como el del rapero español sería muy extraño, aunque el Supremo define que puede haber causas “bien definidas y limitadas con estrechez”, como la obscenidad, la difamación, el fraude, la incitación al crimen y las amenazas. De ahí que haya habido algunos casos de denuncias de grupos ultracatólicos a determinadas series o programas, que al final se han resuelto con multas por incumplir horarios infantiles y poco más. Casi todos los presidentes han encontrado a un artista que ha tratado de insultarlos o ridiculizarlos, pero han podido hacerlo. Como mucho, se han autocensurado para evitar una costosa demanda.

Y luego están las potencias de Rusia y China, donde los Gobiernos, donde la disidencia y hasta la ironía se pueden pagar con la cárcel, se sea cantante, actor o periodista. Es otra liga. En Moscú, en teoría, la Constitución recoge la libertad de expresión como derecho básico y prohíbe la censura previa, no se admite la propaganda o la agitación que inciten al odio o a la hostilidad nacional, social y racial. Bajo esas etiquetas se incluyen a los artistas que entienden que van contra la autoridad, Vladimir Putin mayormente, pero también la Iglesia Ortodoxa.

El caso más conocido es el del grupo de rock Pussy Riot, con un zurrón de arrestos y multas por hablar de la persecución de los homosexuales, los abusos a menores en las iglesias o la violencia policial. “Lo que ganamos fuera en festivales lo perdemos en casa pagando multas”, decía una de sus componentes.

A Francia se tuvo que ir, refugiado, el también ruso Petr Pavlensky, por sus críticas al Gobierno. En su país lo buscan por violación, pero él se defiende y habla de “acusaciones falsas”. Este artista y activista se cosió la boca en una protesta política contra el encarcelamiento de las Pussy Riot, ejemplo de sus performances extremas. En su país no puede exponer ni preparar acción alguna.

En China los márgenes son aún menores. No los hay, vaya. Crítica (ironía, sarcasmo, también) es sinónimo de castigo, de represión o de exilio. Un régimen no democrático en pleno funcionamiento. Por eso, referentes de su arte como Ai Weiwei hayan tenido que optar por la diáspora en EEUU o Reino Unido. Dentro, el control es demasiado férreo. Son incontables los nombres de represaliados. “El gobierno de China considera los derechos humanos como una amenaza existencial”, cita la organización Human Rights Watch, que en sus informes anuales narra la vigilancia permanente contra la disidencia.

En los países democráticos no hay consenso pleno sobe este debate, pero está claro que en las dictaduras directamente no hay margen de maniobra.