Los acusados por el accidente del Metro de Valencia admiten los hechos y logran reducir la pena
Evitan ir a juicio por el siniestro, en el que murieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas.
La fiscalía y los acusados por el accidente de Metro de Valencia de 2006, en el que murieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas, han logrado un acuerdo de conformidad tras varias semanas de negociaciones, según ha adelantado Las Provincias.
En virtud de este pacto, cuatro de los acusados admiten los hechos a cambio de aceptar una pena de un año y diez meses de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos directivos en empresas ferroviarias. De este modo, indica este rotativo, los acusados evitan ir a juicio.
La vista, que se iba a iniciar casi 14 años después del fatal descarrilamiento en el Juzgado de Lo Penal 6, será previsiblemente un mero trámite en el que se verbalizará el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y la principal acusación, la que ejerce la Asociación de Víctimas del Metro del 3 de Julio, y en el que el resto de procesados admitirán su conformidad con la pena de 22 meses, que casi con toda probabilidad no implicará su entrada en prisión.
Los acusados que admiten los hechos son Vicente Contreras, exdirector adjunto de Explotación de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV); Francisco García, exdirector técnico; Manuel Sansano, exdirector de Operaciones; y Juan José Gimeno, exresponsable de Auditoría para la Seguridad y Circulación.
El hecho de que estos cuatro acusados se hayan inculpado, exime de responsabilidad a los otros cuatro exdirectivos que estaban procesados, entre ellos la exgerente de FGV, Marisa García. También quedan inculpados Luis Miguel Domingo Alepuz, jefe de talleres de València Sud; Sebastián Argente, jefe de la Línea 1; y Francisco Orts, responsable de la dirección de estudios y proyectos, departamento encargado de supervisar los trabajos de instalación del sistema de frenado.
Conversaciones muy discretas
Según explica Las Provincias, las conversaciones entre la fiscalía y los acusados se han desarrollado de forma muy discreta para evitar que se rompiera el acuerdo. Éste, además, contaría con el visto bueno de la Fiscalía General del Estado.
Este rotativo afirma que el pacto supone una salida para la fiscalía, ya que la jueza había archivado hasta en dos ocasiones la investigación y había muchas posibilidades de que los acusados quedaran absueltos.
La fiscalía reclamaba tres años y siete meses de prisión para los ocho exdirectivos de Ferrocarrils. Se les acusaba de 43 delitos de homicidio por imprudencia profesional grave y de 37 delitos de lesiones.
Las acusaciones particulares elevaban el castigo a cuatro años de cárcel.
Esté será el punto y final de una causa que ha superado hasta tres carpetazos judiciales, uno de ellos apoyado por la Fiscalía, todos ellos enmendados por la Audiencia Provincial.
Un “triunfo total” para las víctimas
Rosa Garrote, portavoz de la Asociación de Víctimas del Accidente de Metrovalencia del 3 de Julio de 2006, ha considerado un “triunfo total” el acuerdo judicial.
“Sin conocer los detalles concretos del acuerdo, el hecho de que la dirección de FGV reconozca que las cosas se hicieron mal, que tuvieron responsabilidad en el accidente y en la gestión es un triunfo total”, ha explicado Garrote en declaraciones a EFE.
“Es exactamente lo que denunciamos desde el primer día, que la responsabilidad de lo sucedido no se puede quedar en el conductor del tren -fallecido en el accidente-. Hay que ir avanzando en la cadena de decisión, porque en su mano estaba controlar la velocidad o instalar las medidas de seguridad o balizas que ya funcionaban en otras líneas en el momento del accidente”, ha añadido.
“Quienes tomaban las decisiones”
A juicio de Rosa Garrote, “quienes tomaban esas decisiones son los responsables, y si eso se ha reconocido es un gran triunfo, una gran satisfacción”.
La portavoz ha recordado que la Asociación de Víctimas dejó de manifestarse en la plaza de la Virgen de Valencia nueve años después del accidente, en 2015, tras lograr “el apoyo ciudadano”, y posteriormente “que se abriese una comisión parlamentaria de investigación y que se aprobase una Ley de Seguridad Ferroviaria”.
“Una vez logrado todo esto ya quedamos pendientes de la instrucción judicial, de determinar las responsabilidades penales, que el lunes se establecerán definitivamente”, ha agregado.
“Es el último paso que quedaba, y será el momento de pasar página, de descansar y volver cada uno a nuestras vidas. Es lo que llevamos peleando muchos años, reviviendo lo sucedido constantemente, enfrentándonos al ninguneo de los políticos o de la jueza instructora -ha añadido-. Que podamos poner punto y final a todo esto es un descanso para nosotros”, ha concluido.
