Recibe 300.000 euros en multas de tráfico sin tener coche: abre su correo y descubre 400 coches a su nombre
El caso comenzó a salir a la luz cuando recibió un correo de la prefectura de Lille solicitándole pruebas de compra y venta de vehículos.
Un profesor residente en los Altos del Sena, al norte de Francia, ha acusado al Estado de negligencia tras ser víctima de una suplantación de identidad que le ha costado más de 300.000 euros en multas por infracciones de tráfico. Aunque no posee ningún vehículo, su nombre ha sido utilizado fraudulentamente durante seis años para registrar cientos de automóviles.
El 24 de diciembre de 2024, en declaraciones al diario Le Monde, el docente denunció las graves fallas del sistema de matriculación vehicular (SIV). Según el periódico, la semi-privatización de este registro público ha permitido un aumento de las estafas relacionadas con el fraude de identidad.
El caso comenzó a salir a la luz cuando recibió un correo de la prefectura de Lille solicitándole pruebas de compra y venta de vehículos. A partir de ese momento, descubrió que decenas de multas por infracciones de tráfico estaban registradas a su nombre, acumulando una deuda de más de 300.000 euros.
Según la investigación, un individuo habría creado una empresa dedicada a la compraventa de automóviles en el norte de Francia y registraba varios vehículos a nombre del profesor cada día. Por cada infracción cometida, era a la víctima a quien el Tesoro Público exigía el pago.
"En dos ocasiones, el fisco embargó directamente mi salario, dejándome solo 500 euros para vivir", declaró el afectado al diario Le Parisien.
Seis años después, la víctima logró que la justicia reconociera la suplantación de identidad y le eximiera del pago de las multas. Sin embargo, el Estado solo le ha indemnizado con 3.000 euros, cantidad que el profesor considera insuficiente, dado el coste de los procesos judiciales y el impacto emocional sufrido.
El afectado cree que los documentos utilizados en la estafa fueron sustraídos de la basura de agencias inmobiliarias, donde había presentado solicitudes para alquilar un apartamento. Señaló que los controles del sistema SIV no fueron lo suficientemente estrictos para detectar la falsificación.
"El perjuicio personal y económico que he sufrido es inmenso, y la respuesta del Estado ha sido claramente inadecuada", afirmó, reiterando su llamado a reforzar los mecanismos de seguridad en los registros públicos.
