El lobo en España, ¿una amenaza o una especie a defender?

La decisión del Gobierno de introducir al lobo ibérico (Canis lupus signatus) en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) ha reavivado un antiguo debate en España. Quizás tan viejo como ese dicho de ”¡que viene el lobo!”. Esta medida para su defensa, resultado de la votación en la Comisión Estatal de Patrimonio Natural del Ministerio de Transición Ecológica, supondrá el fin de la caza de este animal en el territorio nacional.

El acuerdo que tuvo lugar el pasado 4 de febrero se llevó el aplauso de organizaciones ecologistas y naturalistas, pero también se ganó la desaprobación de diversos colectivos de ganaderos, así como de los Gobiernos de comunidades autónomas como la de Galicia, Asturias, Cantabria o Castilla y León. Precisamente, aquellas que han amenazado con acudir a los tribunales para denunciar dicha introducción es donde, a día de hoy, todavía es posible autorizar que se abra fuego contra el lobo ibérico.

A un lado se sitúan aquellos que exigen que ya es hora de proteger a un animal que ha sido históricamente acosado y sobre el que no hay datos exactos. A otro, aquellos que temen y sufren ataques a sus cabezas de ganado. En medio del ruido y la disputa, muchos ajenos a los ámbitos de estas dos partes todavía se hacen la gran pregunta. ¿Es el lobo una especie a proteger totalmente o prohibir su caza por completo se traducirá en una amenaza? Un ecologista y un ganadero brindan sus opiniones y argumentos.

Alberto Rivero es portavoz de Ecologistas en Acción, además de naturalista, y lo primero que pone sobre la mesa es que el debate no puede ser reducido a dos bandos en los que uno esté conformado por el ecologismo y otro por el sector de la ganadería. Él quiere dar voz a otro tipo de ganadero, el que defiende que es posible y necesario convivir pacíficamente con el lobo. De hecho, cita el proyecto Viviendo con lobos, por el que medio centenar de estos profesionales han testado cuáles son las necesidades para lograr esta simbiosis.

“Cuando salen del armario, muchas veces son sometidos al acoso por parte del sector cinegético”, explica el integrante de Ecologistas en Acción de este perfil de ganadero. En este sentido, una de las claves que señala es la de distinguir el análisis entre dos tipos de ganadería, la extensiva y aquella que se ocupa del ganado mostrenco, es decir, aquel que se encuentra en libertad.

“Tenemos que tener en cuenta que igual debemos pagar un peaje por tener este tipo de ganado”, apunta Rivero para esgrimir que “no podemos convertir el campo en un erial en el que solo puedan vivir este tipo de animales”. En su opinión, garantizar esta convivencia pasa por una serie de siete medidas acordadas por el colectivo al que pertenece.

Román Santalla es secretario federal de ganadería en la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), además de ganadero del sector vacuno. En primer lugar muestra su rechazo a la decisión del Ministerio de Transición Ecológica de introducir al lobo en el LESPRE, pues considera que “por lo que más enfadados estamos es porque se nos ha ninguneado hasta niveles cercanos a cero” ya que opina que el Gobierno ha menospreciado a quienes viven en y del mundo rural.

Santalla denuncia que “si hay alguien que sufre es la gente del mundo rural y de forma particular los ganaderos. Pierden sus animales en la boca de lobo y no tienen ninguna compensación por ello o muy pocas”. Desde UPA exigen que se retire el proyecto hasta tener nueva documentación y que se inicien conversaciones con el Gobierno, de las que están a la espera.

Uno de los principales puntos calientes del debate pasa por las medidas que se exigen a los ganaderos para proteger al ganado. Una de las peticiones que más se han repetido en el tiempo es la de que empleen perros guardianes como mastines con los que alertar o disuadir de la presencia del lobo, así como que se instalen vallas protectoras.

Román Santalla expone que “de los mastines se habla mucho, pero hay que mantenerlos”. En su opinión, el ganadero cree que esta es una medida insuficiente para hacer frente al lobo puesto que este “también come los mastines”. Afirma que el lobo “está en una fase distinta a como lo conocen los ecologistas de sillón, los que están en la Castellana”. Según él, el animal sabe cómo esconderse, “se acerca a las casas” y se acerca a la población donde están los animales.

“Es listo. El lobo en dos o tres días investiga lo que hacen los mastines. Estamos comprobando muchas cosas y cómo es capaz de conseguir comida con buenas vallas”, argumenta este propietario de ganado bovino en Lalín (Pontevedra).

El miembro de UPA rechaza el postulado de que con los perros guardianes, el lobo se vería forzado a buscar otras fuentes de alimentación. “Estos bucólicos que creen que a base de jabalíes y de ciervos el lobo sobrevive”, critica para lamentar que “si no hubiera otra cosa imagino que sobreviviría, pero tiene otros animales más fáciles que comer”.

Sobre las vallas también señala que forma parte de otra imposición por la Administración sin entender la capacidad de los recursos con los que cuentan los productores, pues “el planteamiento que nos han mandado es que la explotación tiene que defenderse, pero tiene que estar prácticamente dentro de un búnker”.

Por su parte, Alberto Rivero alude a una de las siete medidas mencionadas, la de impulsar el reconocimiento legal de los mastines como animales de trabajo, puesto que en algunas parte de España hay conflicto al ser considerados como perros potencialmente peligrosos y no pueden estar sueltos. Además, esto debe estar acompañado de una difusión de información entre la gente para que sepa cómo debe comportarse ante ellos o para evitar conflictos con turistas.

El ecologista también destaca que las ayudas a los ganaderos son primordiales para sufragar la instalación de vallas electrificadas, citando casos como en Os Ancares y O Courel (Lugo), donde están alimentadas mediante paneles solares.  Además, va más allá de las clásicas medidas y defiende explorar vías diferentes como las que se han impulsado en Suiza o en el Pirineo catalán. Allí se contrata por cuenta ajena a pastores para que cuiden de los distintos rebaños.

En Cataluña, los denominados agrupamientos pastoriles operan por la noche, pero en el caso del país alpino la contratación se hace por temporada y el Gobierno helvético les proporciona una vivienda y un salario de entorno a 1.400 euros. “Es una manera de fijar población en el rural y de crear puestos de trabajo con un sueldo digno”, señala el naturalista.

Entre otras medidas que pueden suponer una protección paralela más allá de una verja física, Rivero explica que es necesario poner en valor el producto de la ganadería extensiva a través de un sello de calidad que permita distinguir claramente al consumidor, puesto que “aunque yo quiera consumir un producto de ganadería en un supermercado no tengo forma de identificarlo”.

Quizás una de las impresiones equivocadas que conllevó el aluvión de titulares sobre la introducción del lobo ibérico en el LESPRE fue que desde aquel día quedaba prohibido darle caza. Todo lo contrario. La situación sigue siendo exactamente la misma y Alberto Rivero muestra cautela. “Hasta que no lo vea publicado en el BOE [Boletín Oficial del Estado] no me creo nada”, bromea sobre la entrada en vigor del estatus de protección.

Al norte del río Duero, la especie es cinegética: Castilla y León, Cantabria, La Rioja y Galicia. De Asturias explica que el Principado tiene un plan del lobo en el que “se mata por parte de la guardería forestal”, además de que existe un cupo de extracción que permite delegar en los cazadores “estos crímenes”. Pero el ecologista destaca una zona asturiana denominada libre de lobos “en la que se puede matar cualquier ejemplar en cualquier momento”.

El naturalista señala que la caza del lobo está plagada de contradicciones, como que “en La Rioja tenían un grupo reproductor compartido con Castilla y León y un cupo de extracción de cuatro ejemplares, cuando el tamaño medio de la manada en España es de cinco”. Pero también pone el foco sobre el negocio que existe en torno a la caza a través de los precintos.

Rechaza la subasta por parte de la Administración pública “el que más puja se lleva el derecho... o más bien el privilegio de matar un lobo”. Este tipo de permisos incluso se compran y se venden en plataformas digitales. Frente a esto el naturalista señala que existen zonas como la sierra de La Culebra, en Zamora, “uno de los epicentros del turismo lobero europeo”, donde hay múltiples empresas que generan riqueza a través de la observación -pacífica- de este animal.

El secretario federal de ganadería de UPA defiende que “es mentira cuando se dice que el lobo se caza” de una forma sistemática, pues afirma que “el lobo se caza en el norte del Duero en Castilla y León cuando la autoridad competente decide que hay que reducir la población”, bien sea por unos determinados daños causados o porque se considera que hay demasiados ejemplares.

Rivero pide que las argumentaciones a favor de la cacería del lobo se acompañen con estudios. Él cita la tesis doctoral de Alberto Fernández Gil para sostener que “científicamente se ha comprobado la caza del lobo desestructura manadas haciéndolas menos efectivas a la hora de cazar animales silvestres, provocando que ataquen a presas más fáciles como el ganado”. En su opinión no existe “una caza versus ecologistas, un Comunidades del norte versus Gobierno central” sino “gente que está sometida a un lobby cinegético frente a la ciencia”.

Si en algo coinciden ambas partes es que las indemnizaciones que deben recibir los ganaderos cada vez que un lobo acaba con uno de sus animales no están llegando con la rapidez que deberían. “Un ganadero que está en zona de lobos tiene una serie de desventajas”, desgrana Alberto Rivero defendiendo que la Administración debe hacerse cargo del pago de indemnizaciones justas en “tiempo y forma”, ya que “si hay algún daño no pueden pasar dos tres años sin cobrar”.

Además, el ecologista también reclama que estos pagos deben tener contemplar otros factores a la hora de aumentar su cuantía. Por ejemplo, si se trata de una cabeza de ganado que iba a parir el perjuicio no es el mismo. En este sentido, rompe una lanza por el Gobierno: “Tengo la sensación de que Teresa Ribera [la ministra de Transición Ecológica] cree en esto, ya hay puestos 60 millones encima de la mesa para ello y se calcula que los daños del lobo cuestan un millón al año”.

De igual forma, Santalla describe un panorama en el que ya hay problemas para recibir los pagos, pero va más allá y dice que no ven un presupuesto con indemnizaciones claras y teme que en la práctica sea imposible para los pequeños ganaderos poder cumplir con los requisitos para demostrar que la explotación cumplía con las medidas de protección.

“Hay gente muy amante de lo que hace, que hará lo posible e imposible por sobrevivir, como hace el lobo, pero habrá otros que no. La gente no aguanta el fondo [del problema], pero tampoco las formas”, esgrime el ganadero gallego ante la posibilidad de que muchos de sus homólogos acaben desistiendo de continuar con la profesión y se sientan rechazados.

Santalla también quiere denunciar la culpabilización del ganadero y las acusaciones que les hacen de furtivismo. “Yo nunca he visto a un ganadero al que le hayan comido sus animales y luego vaya a matar al lobo”, anota.

En su opinión, los ganaderos están preocupados porque no ven aseguradas partidas presupuestarias, ni una fórmula de gestión con las comunidades autónomas. Teme que el Ministerio de Transición Ecológica no sea capaz de llevar a cabo el proyecto y recuerda que hace falta personal para ello y solo “vemos que se plantea mediante diez patrullas de medioambiente hacer frente a un problema de ámbito nacional”.

Organizaciones como la Asociación para la Conservación y el Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) consideran insuficiente el estatus de protección del lobo en el listado y quieren ir más allá, solicitando su entrada en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. Esto supondría poder obtener mayor información de la situación de la especie, como los de los sistemas de control de capturas, la recogida de muestras y datos de muertes accidentales. Porque quizás esa es la gran pregunta, ¿cuantos lobos hay en España y en que situación se encuentran?

“Un lobo de la subespecie italiana llega antes a Aragón que un lobo ibérico, ¿algo está pasando, no?”, se cuestiona el integrante de Ecologistas en Acción, para identificar un problema de falta de variabilidad genética en el lobo ibérico. Cuenta que en los años 60 su número se quedó reducido a aproximadamente unos 300 ejemplares y que tras pasar por una fase de expansión las cifras están volviendo a encogerse.

Ramón Santalla, alega que la fase expansiva continúa y que España es el país con más ejemplares, exceptuando a los del este, por lo que el “lobo goza de buena salud”. “Sólo Zamora o la provincia de A Coruña tiene más lobos que Francia o Alemania”, dice, enumerando entre 500 y 600 especímenes o de hasta 80 manadas en Galicia.

“Cuando un animal está pariendo y te lo comen de arriba a abajo duele verlo”, destaca para avanzar que hay que recuperar datos y actualizarlos, puesto que los últimos cálculos con los que cuentan son de 2015. Finaliza reafirmándose en que si no les hacen caso, tendrán que seguir saliendo a la calle, pues “al que le come el ternero, la oveja, el que sufre en silencio, ése es el verdadero ecologista”.