Lo que piden las víctimas en el aniversario: autocrítica a Bildu y fin de homenajes a etarras

Seis víctimas de ETA entrevistadas por la Agencia EFE coinciden en denunciar que diez años después de que la organización terrorista anunciara el fin de su actividad quedan flecos pendientes como un relato veraz, una autocrítica “sincera” de la izquierda abertzale y el fin de los homenajes a presos cuando salen de la cárcel.

Estas reivindicaciones son comunes a todas ellas pero sus testimonios reflejan también la pluralidad de este colectivo que, en unos casos critica una política penitenciaria demasiado “laxa” o los pactos con EH Bildu, mientras que otras ponen el foco en la necesidad de asentar la convivencia en Euskadi y Navarra.

Al cumplirse una década sin atentados de ETA la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce, lamenta que los temores del colectivo al que representa se hayan cumplido, especialmente la “impunidad” de los presos con una política penitenciaria “de gracia”.

Araluce censura que el mensaje de la banda terrorista siga vivo en las instituciones y en gran parte de la sociedad vasca y navarra a través de pintadas y considera que los recibimientos a presos son la “puntilla”.

“Es demoledor para las víctimas y para una sociedad sana. No se puede permitir que familias enteras acudan y den el mensaje a las nuevas generaciones de que todo vale, incluso la violencia, porque luego se justifica”, señala.

Y es precisamente ese relato uno de los asuntos que más inquieta a la AVT. “Casi lo que más me preocupa no es que la gente joven no sepa quién es Miguel Ángel Blanco, sino que lo poco que sepan sea de forma confundida y que se queden con la idea de que de hubo unos románticos que lucharon por sus ideales y por el pueblo vasco”.

Marta Buesa, hija del político socialista Fernando Buesa, asesinado en 2000, cree que el cese de ETA “no obedeció a una conciencia crítica” con “todo el sufrimiento ocasionado”, sino que fue “una estrategia más política” para evitar que su “brazo político se viera fuera de las instituciones”, aunque también contribuyó el “hartazgo y rechazo mayoritario de la sociedad vasca”.

A su juicio, la “gran asignatura pendiente” es que los que “formaron parte del entramado de la organización”, desde quienes “asesinaron, extorsionaron, amenazaron y secuestraron” hasta los que “callaron y alentaron todo ese terror”, hagan “una autocrítica sincera” y “reconozcan públicamente el daño ocasionado”.

En todo caso para asentar “una convivencia sana” queda un “grandísimo trabajo” que debe arrancar con “una deslegitimación clara del terrorismo”. En este sentido alerta de la “cierta legitimación de la violencia” que suponen los “ongi etorri” o las pintadas y carteles a favor de los presos.

“Eso es indicio de que el odio que nutre a la organización terrorista sigue aún presente y hay aún un gran trabajo por hacer”, añade Buesa, que reclama además un “gran pacto social e institucional para la memoria y la convivencia” basado en un “mínimo ético imprescindible”: el respeto “absoluto” a los derechos humanos.

Josu Puelles, hermano de la última víctima de ETA en Euskadi, el comisario de la Policía Nacional Eduardo Puelles en 2009, sostiene que aún no se ha derrotado a la banda, pese a que hace ya diez años de su cese porque se ha “soslayado” la derrota de sus objetivos políticos.

“No se ha legitimado el Estado de Derecho y la democracia española, no se ha llegado a un final sin impunidad, sus acólitos políticos dan apoyo al Gobierno de España, se han transferido las cárceles a Euskadi para seguramente hacer políticas laxas con los grados penitenciarios y continúan los homenajes a terroristas en los pueblos. No se ha cumplido ninguna de las expectativas salvo que ya no asesinan”, ha aseverado.

Está además convencido de que “todo va a seguir igual” porque el Gobierno socialista “prefiere” el apoyo de los partidos nacionalistas, “que son los enemigos de la democracia”, a pactar con las formaciones que “defienden la nación española” con tal de seguir en el poder.

La presidenta Colectivo de Víctimas del Terrorismo de Euskadi (Covite), Consuelo Ordóñez, asegura que el “final negociado” de ETA supuso para las víctimas “pagar el precio de la impunidad”.

Destaca que el Ejecutivo de Mariano Rajoy pasó siete años “cumpliendo a rajatabla lo que Zapatero negoció con ETA” y que lo hizo “con mentiras” y “con la utilización de sus víctimas, las dóciles, las manipulables”.

“Las exigencias de ETA que aceptaron tanto Zapatero como Rajoy fueron la legalización de sus brazos políticos y la impunidad, y por eso durante el gobierno del PP no se detuvo nadie. A todos los que habían cometido atentados que no habían sido detenidos antes de octubre de 2011, ya no se les detuvo ni se les va a detener nunca”, asegura.

“Se negoció con nuestro derecho a la justicia. Este país tiene una deuda infinita con las víctimas”, recalca Ordóñez, que subraya que queda aún “una asignatura pendiente”, la de “contar la verdad de lo ocurrido”. Lo dice con el mismo espíritu combativo que caracterizó a su hermano, el concejal del PP de San Sebastián, Gregorio Ordóñez, al que ETA asesinó en 1995.

Víctor López resultó herido en un atentado en Leitza (Navarra) en 2002. Era Guardia Civil y estaba de vacaciones, pero una pancarta en un muro con el anagrama de ETA y un tricornio le impulsó a llamar a sus compañeros. Al llegar la patrulla, una bomba trampa mató al cabo Juan Carlos Beiro, de 32 años, e hirió a Víctor y otros dos agentes.

Él tuvo que dejar la Guardia Civil porque psicológicamente no podía portar un arma. Diecinueve años después, el atentado está sin resolver y “el duelo no se ha podido cerrar”.

En vísperas del aniversario del cese de la violencia de la banda, López lamenta que los mensajes de odio de ETA al diferente y “a lo español” siguen muy presentes en muchos pueblos, al tiempo que EH Bildu no ha condenado nunca el terrorismo y, pese a ello, “el Gobierno pacta con ellos”.

“Están más pendientes de contentar a ellos que de las víctimas. Nos han metido en el sótano, escondidas, para que no hablemos, para que no molestemos”, denuncia el ex Guardia Civil, que tacha de “intolerable” que se sigan permitiendo homenajes y que a ellos acudan hasta niños para aplaudir a “asesinos”.

Oier Korta se enfrentó a los ediles de Euskal Herritarrok de Zestoa (Gipuzkoa) cuando se negaron a condenar el asesinato de su tío, el presidente de la patronal guipuzcoana Joxe Mari Korta. Un mes después, en septiembre de 2000, ETA destruyó con una bomba la discoteca de su padre, de la que él era gerente.

No cree que en estos diez años se hayan producido avances “suficientes” porque “las víctimas necesitan que se reconozca el sufrimiento causado”, que quienes lo ocasionaron o justificaron digan que “estuvo mal”.

“Eso aliviaría a quienes hemos sufrido la violencia de ETA. Es un paso necesario para el reencuentro y ayudaría mucho a la convivencia”, afirma Korta, que fue alcalde de su pueblo, Zumaia, en la legislatura 2015-2019 y ahora lidera el grupo del PNV en una corporación gobernada por EH Bildu.

Fue “frustrante” que durante su mandato los ediles de la izquierda abertzale siguieran sin sumarse a la condena de la banda. Y con los ‘ongi etorris’, las víctimas “vuelven a recibir dolor”.

Korta todavía ve “trincheras” en la izquierda abertzale y dice que “hay que atreverse a dar el salto”.

Recuerda además que en la cárcel de Pamplona ningún recluso de ETA acudió el mes pasado a la proyección de la película Maixabel, basada en la historia de la viuda del exgobernador civil de Gipuzkoa, Juan María Jáuregui, asesinado por la banda, y se pregunta: ”¿Todavía así?”.