"Lo que ha facilitado el Pacto contra la Violencia de Género es que el PP perdiese la mayoría absoluta"

Empezó su militancia feminista a los 17 años y su larga trayectoria en defensa de los derechos de las mujeres es innegable. Hoy tiene 56 años y ha sido una de las artífices del histórico Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que recoge más de 200 medidas y 1000 millones de euros para prevenir esta lacra durante los próximos cinco años. Se trata de Ángeles Álvarez, diputada en las filas del PSOE en el Congreso de los diputados desde 2011 y portavoz de Igualdad. Fue, además, la primera diputada en las Cortes Generales en declarar públicamente que es lesbiana.

Este viernes, con la abstención de Unidos Podemos, se ha aprobado el Pacto contra la Violencia de Género en el Congreso de los Diputados. Se ha llegado al acuerdo gracias a 29 votos a favor y siete abstenciones. Además, se han aprobado varios votos particulares de los 63 que se habían presentado. El acuerdo deberá ser ratificado por el pleno de la Cámara Baja previsiblemente en septiembre.

Álvarez lleva años luchando por un pacto como este y habla con El HuffPost para contar sus impresiones sobre el mismo.

Lleva desde 2011 en el Congreso de los Diputados y desde mucho antes militas en el PSOE luchando por la Igualdad.

¡Y desde mucho antes en las asociaciones de mujeres!

Entonces, ¿qué significa para usted, después de tantos años, este Pacto Contra la Violencia de Género?

Para mí, lo principal es haber conseguido arrastrar al Partido Popular a una mesa con la que se ha comprometido a apoyar iniciativas que ha rechazado hasta ahora de manera sistemática.

También hemos recuperado tiempo perdido porque, por ejemplo, ha habido muchas medidas en este pacto que fueron ninguneadas y rechazadas por el PP. Hoy, esas medidas forman parte de un compromiso común.

34 mujeres asesinadas en lo que va de año, casi un niño asesinado al mes, miles de denuncias... Y se han necesitado seis mesas de trabajo y 66 comparecencias de expertos. ¿Por qué ha costado tanto algo tan obvio?

Si hablamos en términos de tiempo desde que se creó la subcomisión, no ha costado tanto. Es de las subcomisiones más cortas que conozco, pero hay que escuchar a la gente que trabaja en distintos ámbitos con este problema. Hemos tenido semanas en las que había tres o cuatro personas en sesiones de 12 horas escuchando a los expertos. En ese sentido, se ha hecho de manera bastante rápida. Otra cosa es que es verdad que el problema es muy inquietante y la realidad nos metía muchísima presión.

Sí pero, ¿por qué ha costado tanto llegar a la conclusión de que era necesario un pacto de Estado?

Aquí la respuesta es otra. La primera vez que se habló de un pacto contra la violencia fue durante la X legislatura en una carta que mandó Elena Valenciano a Ana Mato. Le pedía al Gobierno que se pusiese a la cabeza de un pacto político, social e institucional que reclamaba soluciones compartidas.

¿Por qué nos ha costado tanto arrastrarle a la mesa? Porque este pacto no ha sido posible hasta que el PP ha perdido la mayoría absoluta. Lo que ha facilitado el pacto es que el PP perdiese la mayoría absoluta, por eso ha afrontado esta legislatura siendo consciente de que no iba a poder aguantar de ninguna manera la presión política y social para no sentarse a esta mesa.

Algunos partidos han manifestado que se trata de un acuerdo "de mínimos" y que hay malestar con el PP. ¿Por qué?

Yo no tengo conciencia de que la expresión "de mínimos" haya sido nuestra. Pero sí que hemos manifestado que no está todo lo que queríamos que estuviese. Hemos presentado 20 votos particulares con nuevas propuestas por eso. Aunque yo creo que sí que es un acuerdo de mínimos en un sentido: es un documento construido para dar respuesta a la violencia contra las mujeres de forma paliativa. El gran esfuerzo tiene que venir con las políticas de Igualdad y es ahí donde aún no hemos podido arrastrar al PP.

Un ejemplo es que en este pacto hemos dado los primeros pasos para que los que trabajan en todo lo que tiene que ver con la creación de ficción, del mundo audiovisual, etcétera, que hoy juega un papel clave en los procesos de socialización de los niños y niñas, empiecen a tomar conciencia de que no pueden seguir construyendo contenidos con este nivel de sexismo tan insoportable. Eso es un asunto que termina afectando a la convivencia democrática entre hombres y mujeres y por tanto tienen la responsabilidad social de construir otro tipo de relatos. En eso hemos dado un paso básico.

1000 millones para la lucha contra la violencia de género en los próximos cinco años. ¿Cómo se va a financiar esto? ¿Qué organismo lo gestiona?

Hay 100 millones para los Ayuntamientos, 400 millones para la Administración General del Estado, y 500 para las comunidades autónomas. Es el Gobierno quien tiene que sentarse con los organismos que representan a la administración local o autonómica para acordar las prioridades y criterios de reparto. Eso se ha dejado abierto, entre otras cosas porque el Gobierno no puede imponer lo que se hace en las comunidades autónomas, porque cada comunidad tiene una problemática determinada. Hay algunas que ya han hecho sus deberes en algunas cosas y otras que no.

Por ejemplo, Andalucía tiene servicios de atención y de apoyo jurídico y psicológico a las víctimas de agresiones sexuales desde hace décadas. Pero sólo hay nueve comunidades que tienen esos servicios.

¿Hay algún indicador de a cuántas mujeres llega esta mejora?

La idea es que llegue al conjunto de la población. Hay medidas específicas condicionadas para las víctimas directas y otras condicionadas para el conjunto de la población. Por ejemplo, cuando hablamos de prevención son medidas dirigidas a todos.

Pero la comisión de seguimiento tendrá que ir haciendo valoraciones de este tipo de cosas. Por eso pusimos sobre la mesa la importancia de la creación de esta subcomisión de seguimiento, para que permita la transparencia siempre y garantice que el Gobierno ofrezca los datos que la comisión demande y que se ha comprometido a facilitar. Esto permite identificar mejor los problemas.

Además, ahora se han tenido en cuenta todas las formas de violencia.

Sí. Es otra cosa importante que queda bien recogido en este acuerdo. Las cosas quedan de la siguiente manera: la Ley Integral de Violencia de Género de 2004 que conocemos da respuesta a una forma de violencia, la que se produce en el ámbito de la pareja. Pero se debe dar respuesta a todas las formas de violencia y en distintas normas. Es decir, no vamos a abrir la ley de 2004 y a incluir todas las formas de violencia. ¿Por qué? Porque los expertos nos han dicho que no es recomendable. Por ejemplo, el fiscal de Extranjería nos pidió que hubiese una ley específica de lucha contra la trata, porque los instrumentos policiales, judiciales y de reparación del daño a las víctimas deben ser específicos para cada problema.

El acuerdo dice que daremos respuesta a todas las formas y que las definiremos como violencia de género, pero la ley que conocíamos hasta ahora de 2004 es una respuesta integral para una forma de violencia. Así que son necesarias otras normas integrales para el resto de violencias.

Se ha escuchado a los expertos pero, a pesar de eso, algunas asociaciones feministas se quejan de que no haya un aumento de su participación.

La participación en cuanto a evaluación de políticas públicas ha quedado recogido de manera insuficiente, pero no es cierto que no se haya ampliado. Se amplía la participación en el Observatorio Estatal de Violencia de Género, que es el organismo creado por ley. Además, el PSOE ha emitido dos votos particulares referidos al tema de una mayor participación de las organizaciones de mujeres.

¿Qué otros votos particulares más relevantes ha emitido el PSOE?

Muchos. Hemos apostado también por la reforma del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

¿También sobre la prostitución?

Sí. Podemos y Ciudadanos vetaron el debate de la prostitución cuando todas las expertas que han hablado de trata han hecho una vinculación directa entre trata y prostitución. Sea o no ejercida desde eso que algunos llaman la libertad. Aunque yo no creo que la palabra "libertad" y "prostitución" puedan convivir en la misma línea de un párrafo. Sobre el tema del aborto hemos hecho una propuesta para que las menores víctimas de violencia no tengan que pedir permiso a sus padres. Y ahí hemos introducido también a las víctimas de violencia intrafamiliar, porque a veces es el victimario el que tiene que autorizarlas, que ya es rizar el rizo.

Además, y esto también es importante, hemos introducido un asunto que tiene que ver con el hecho de crear un grupo para analizar las reformas de los reglamentos para que la competencia en materia de sustracción internacional de menores cuando concurre la violencia de genero, en vez de estar en los juzgados de familia estén en los juzgados de violencia de género. Porque lo que ha ocurrido y está ocurriendo con Juana Rivas en Granada no ocurriría si estuviésemos en un ámbito de especialización.

Es un paso grande pero realmente, ¿tenemos los recursos necesarios para acabar con la violencia de género?

No tenemos los recursos, pero los tendremos cuando haya un Gobierno que se comprometa a tenerlos. Conocemos los mecanismos. Hay elementos claves como la especialización y cosas muy positivas en el pacto. Pero veremos si las cumplen. Nosotros hemos dado al Gobierno suficiente información para saber en qué consiste esta reforma de la respuesta institucional a la violencia. Ellos lo pararon cuando nosotros ya lo estábamos haciendo. El PP hizo un destrozo durante estos años. Por eso ahora les pedimos que acorten los tiempos de respuesta.

Teniendo en cuenta que el Gobierno tiene entre sus filas a personas como Rafael Hernando, que hace declaraciones machistas a menudo... ¿Cree que el PP va a cumplir el pacto?

Los últimos días ha ocurrido algo que ha desinflado bastante el entusiasmo que generaba este pacto. Es el uso espúreo que ha hecho el PP del Pacto. Mendez de Vigo lo celebró cuando aún no habíamos cerrado los trabajos de la comisión. Y que el presidente del Gobierno acuda a un acto de violencia de género después del juicio de la Gürtel es de una indignidad política tremenda y una falta de respeto a quienes hemos estado trabajando en esto, porque la solidaridad con las víctimas no se puede usar para poner un manto sobre el hecho de que ha comparecido en la Audiencia Nacional por corrupción. El PSOE está disgustado con esta actuación y el PP ha hecho daño al conjunto del pacto. Esto desinfla la posibilidad de un pacto de unidad. Y ha sido el PP quien lo ha roto. Aunque esto también ha servido para testar el nivel de compromiso que tenemos cada uno con esto y hay muchas cosas que pretendemos sacar adelante porque ahora, al menos, tenemos el compromiso del Gobierno sobre el papel.