Qué supondrá la Ley de Residuos: ¿se podrá fumar en la playa? ¿agua gratis en los bares?

El Congreso de los Diputados ha dado luz verde al Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, una norma que, una vez sea aprobada definitivamente en ambas cámaras, conllevará algunos cambios significativos para el modelo actual de gestión de residuos.

La ley transpone las directivas europeas 2008/98/CE y 2019/904, fija calendarios de recogida selectiva de biorresiduos (30 de junio de 2022 para los municipios de más de 5.000 habitantes y 2024 en el resto) y de residuos textiles (antes de 2025). Además, establece nuevas metas de reducción de desechos urbanos: en 2030, la generación deberá haberse reducido en un 15% respecto a 2010.

Asimismo, prohibirá desde su entrada en vigor la comercialización de productos de plástico de un solo uso, como vasos, platos y cubiertos desechables, bastoncillos, palos para sujetar globos y pajitas hechas de este material, así como contenedores alimenticios y recipientes de poliestireno expandido, algo que debía haber ocurrido antes del 3 de julio de 2021, según la directiva europea. Estas son algunas de las claves del proyecto de ley.

Plásticos de un solo uso y prohibición de fumar en playas

Para lograr dichos objetivos de reducción de plásticos se establecen además nuevas obligaciones a los establecimientos de hostelería y restauración, que deberán ofrecer a sus clientes y otros usuarios la posibilidad de consumir agua no envasada y gratuita.

Por otro lado, a partir del 1 de enero de 2023 los comercios minoristas de 400 metros cuadrados o más estarán obligados destinar al menos un 20% de su área de ventas a la oferta de productos “sin embalaje primario”, ya sea a granel o con recipientes reutilizables.

El texto también contempla la posibilidad de prohibir liberar globos de plástico de manera intencionada en las playas y de sancionar a quienes fumen en estos espacios, si las administraciones locales deciden regularlo así en sus ordenanzas municipales.

Una alternativa al clásico contenedor amarillo

La ley abre la puerta a un nuevo modelo de recogida de envases de plástico inspirado en la costumbre de devolver en los comercios los envases vacíos tras haber consumido el contenido, a cambio de unos céntimos dejados en concepto de depósito a la hora de comprar el producto.

El Sistema de Depósito, Devolución y Retorno de envases (SDDR), que funciona en otros países europeos como Dinamarca o Alemania, podría imponerse a nivel nacional y a partir de 2023 en caso de no cumplirse los objetivos que incluye la ley: que en esa fecha se recoja de manera separada y “para su reciclaje” el 70% (en peso) de las botellas de plástico introducidas en el mercado.

Esta parte del texto se ha quedado “a medio camino” de lo que había propuesto inicialmente en su enmienda Más País-Verdes-Equo, según ha advertido en el hemiciclo su diputada Inés Sabanés. Su formación, que ha votado a favor de la ley, pedía la implantación de este esquema sin condiciones, algo que finalmente queda supeditado al cumplimiento de las metas de reducción.

Nuevos impuestos

Un punto controvertido de la nueva ley es la creación de dos nuevos impuestos: uno sobre vertido e incineración, que podrá oscilar entre 1,5 euros y 40 euros por cada tonelada métrica, y otro sobre envases de plástico no reutilizables, que asumirían los productores y con el que se gravaría estos productos a razón de 0,45 euros por kilogramo de plástico.

Los nuevos tributos se empezarían a aplicar en todo caso a partir del 1 de enero de 2023, después de aprobarse una transaccional inspirada en una enmienda del Grupo Parlamentario Popular que pedía retrasar la implantación de las tasas, frente a la posibilidad de que se efectuara nada más entrar en vigor la ley.

Regulación del ‘derecho a reparar’

El Proyecto de Ley de Residuos regula por primera vez el “derecho a reparar” mediante la obligación de los comerciantes y plataformas de comercio electrónico de incluir información sobre cómo arreglar los productos ofertados en caso de que se estropeen, así como sobre “las características del producto que permitan evaluar las posibles prácticas de obsolescencia prematura”.

Por otro lado, los residuos “susceptibles de ser preparados para reutilización o reciclados” no podrán destinarse a incineración, independientemente de que ese proceso se aproveche para generar energía.

Se potenciarán además las redes de preparación para la reutilización y de reparación y se apoyará el establecimiento de las mismas, “especialmente cuando se trate de entidades de economía social autorizadas para gestionar residuos”.

Creación de un censo del amianto

En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley, los ayuntamientos tendrán que presentar un censo del amianto presente en infraestructuras públicas y también un calendario sobre su retirada, que deberá estar gestionada en 2028, a más tardar.

Tanto el censo como el calendario, que tendrán carácter público, serán remitidos a las autoridades sanitarias, medioambientales y laborales competentes de las comunidades autónomas, “las cuales deberán inspeccionar para verificar, respectivamente, que se han retirado y enviado a gestor autorizado”, reza el texto.