Las sanciones a las que se enfrentan los antimascarillas: hasta 30.000 euros de multa

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha dejado “perfectamente claro” que se sancionará “con la máxima dureza” que permita la ley a los que incumplieron las normas durante la concentración en Madrid contra las medidas de seguridad para frenar el coronavirus. La celebración fue censurada tanto por el Gobierno regional como el Ayuntamiento de Madrid.

“No le va a salir gratis a las personas que han puesto en peligro la salud de los madrileños”, ha asegurado Franco en una entrevista en la Cadena Ser en la que ha informado de que la Policía Nacional investigará de forma “concienzuda” lo ocurrido en la protesta, donde este domingo los agentes identificaron a una treintena de personas, entre ellas algunos organizadores.

Ya ayer la Delegación del Gobierno en Madrid anunció que iba a investigar los hechos y que tomaría las “medidas adecuadas” porque la manifestación, que congregó el domingo a entre 2.500 y 3.000 personas en la plaza de Colón, “no se ha desarrollado según lo dispuesto”. Franco ha explicado que en el escrito de organizadores para comunicar la concentración a la Delegación “en ningún momento” se señalaba que iban en contra de las mascarillas y, además, aseguraban que cumplirían la distancia social.

Pero hubo “bastantes descerebrados” que no cumplieron con las medidas de seguridad, como distanciamiento físico y el uso de mascarilla, durante el transcurso de la misma, por lo que Franco ha dejado “perfectamente claro” que se sancionará “con la máxima dureza” que permite la ley.

Se denunció a 30 personas

En la manifestación la Policía denunció a 30 personas, incluyendo a los organizadores, por no cumplir la distancia de seguridad. Según fuentes del Gobierno citadas por El País, los servicios jurídicos están analizando qué tipo de delito se aplicará en cada caso.

El artículo más aplicado desde que comenzó la pandemia al sancionar por el incumplimiento del confinamiento ha sido el 36.6 de la Ley Mordaza, que define como “infracción grave”- con multas desde los 601 a los 30.000 euros- la “desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación”.

La policía actuó con “la proporcionalidad que se exige”

El delegado del Gobierno ha opinado que la Policía “actuó con la proporcionalidad que se exige” y, “aunque todo es discutible”, hubiera sido peor disolverla o iniciar una carga policial.

En su cuenta de Twitter, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado esta concentración de “iniciativa irresponsable” y ha hecho un llamamiento a la “solidaridad de todos” para combatir la pandemia, mientras que su consejero de Vivienda, David Pérez, ha dicho que fue “una absoluta temeridad” que la Delegación “no debió autorizar”.

También se ha pronunciado el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, quien se ha mostrado seguro de que entre los participantes habrá contagios, ingresos hospitalarios y “algún muerto”.

“Estamos viendo lo que está pasando incluso ahora; me parece lamentable que de ese grupo de gente que se manifestó lo hagan bajo esas condiciones que eso va a traer seguro sufrimiento, va a traer casos, alguna neumonía, traerá algún ingreso hospitalario y uci y algún muerto”, ha recalcado.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha cargado también este lunes contra la Delegación del Gobierno por “indignarse” ante la falta de mascarillas en una marcha que clamaba en contra de esta medida de protección, pues era su competencia haberla evitado. “Si se cometieron infracciones hay que perseguirlas, pero que no se haga el indignado, porque obviamente cuando se convoca una concentración contra el uso de mascarillas lo más probable es que no se usen mascarillas”, ha declarado a los periodistas tras visitar unas obras.