Las políticas de igualdad: necesidades y amenazas

El avance en la igualdad efectiva de mujeres y hombres es parte fundamental del crecimiento y la transformación social de nuestro país. Hemos recorrido un largo y fructífero camino; la lucha por la igualdad ha conseguido remover muchos obstáculos y abrir numerosas puertas; España ha crecido con sus mujeres y gracias a estos avances se ha convertido en un país más justo y más rico.

Tras esta transformación de nuestra sociedad se encuentra el enorme empuje de las mujeres españolas con su esfuerzo y su trabajo diario, con su reivindicación y su firmeza, con su ejemplo y su voluntad. Son muchas las mujeres que, en los más diversos sectores, han conseguido superar los obstáculos del machismo y han alcanzado sus objetivos de desarrollo personal. Hoy podemos encontrar mujeres que son referentes de éxito y excelencia en prácticamente todas las ocupaciones, vocaciones y ámbitos de desarrollo personal. El avance común es también fruto de su esfuerzo y sus renuncias. Pero la igualdad efectiva no puede requerir heroicidad ni costes o sacrificios desproporcionados; la igualdad debe ser la regla general, lo normal, lo ordinario; la igualdad es un derecho y no una victoria frente a los elementos.

Por ello, en ese camino, las mujeres hemos reclamado y hemos conseguido progresivamente la intervención de las instituciones públicas para fijar un marco normativo y de servicios públicos que permita combatir la discriminación y crear las condiciones necesarias para el avance en la igualdad efectiva. El derecho a la igualdad exige las garantías de vigencia que hoy se encuentran en la legislación laboral y de función pública, en nuestras normas penales, en la regulación electoral y en tantos otros ámbitos. El objetivo de la igualdad efectiva reclama la creación de servicios públicos en el ámbito educativo o de los cuidados familiares entre otros y el desarrollo de instrumentos efectivos para la conciliación de la vida personal y laboral. Derecho y objetivo comportan también la progresiva transformación de las mentalidades de hombres y mujeres para asumirlos e incorporarlos plenamente a la realidad. 

Hemos avanzado mucho en este camino; y sus frutos son hoy visibles. Pero queda también mucho por hacer. Nuestro mercado laboral sigue generando barreras a la incorporación de las mujeres en algunos sectores, pero sobre todo subsisten obstáculos para el desarrollo de la carrera laboral y profesional y costes desorbitados que no todas pueden o quieren asumir, en especial a falta de condiciones que hagan posible la conciliación con la vida familiar. El resultado es la discriminación que expresan las altas tasas de salida del mercado laboral, desempleo de larga duración, temporalidad o trabajo a tiempo parcial. Una discriminación que se concreta en el mantenimiento de la brecha salarial o en la cuantía de las pensiones. El resultado es también el muy distinto coste de oportunidad de las mujeres para alcanzar el éxito profesional.

La cultura del machismo continúa presente en nuestra sociedad. Muchas familias descansan aún sobre la base de la dedicación exclusiva de la mujer a las tareas más duras del cuidado familiar; la resistencia a la corresponsabilidad en el hogar se enquista; a pesar del creciente número de referentes, nuestras hijas todavía renuncian al desarrollo personal en sectores y objetivos percibidos como masculinos, creando así una “brecha de sueños” no menos dañina por imperceptible; la conciencia de igualdad y la necesidad de su vigencia y respeto desciende peligrosamente entre nuestros jóvenes en el mundo educativo y en las relaciones personales; no podemos permitirnos perder el apoyo de los hombres en un objetivo que es de todos y en beneficio de todos.

La concreción más intensa y peligrosa de estas necesidades está en el ámbito de la libertad y la seguridad personales. Las amenazas específicas para la seguridad de la mujer y para su libertad sexual mantienen su existencia cuando no se refuerzan; la discriminación y el maltrato psíquico en el ámbito familiar es una realidad que conocemos desde hace ya demasiado tiempo; y la violencia de género sigue interpelando a toda la sociedad española con esa cifra inasumible de más de 1.000 mujeres asesinadas desde el inicio de los registros en el año 2003.

Eje común a todas estas necesidades es la conjunción de la discriminación por razón de género con otras variables. Mientras nos enorgullecemos con los éxitos de nuestras científicas, deportistas, escritoras o empresarias, el avance de la igualdad es mucho más difícil y esforzado allí donde la discriminación se une con la pobreza, la enfermedad, las barreras de la edad o la exclusión social. El éxito global en el camino recorrido no debe impedirnos percibir las dificultades y exigencias que persisten o incluso se incrementan en el mundo más alejado de los focos públicos, en el que nos jugamos también nuestra dignidad como sociedad democrática.

El éxito tampoco puede ocultar la existencia de amenazas reales de retroceder  en nuestro camino. La crisis económica que hemos vivido intensamente en España ha mostrado la fragilidad de algunos de nuestros avances, desde los servicios públicos educativos, de dependencia o de seguridad hasta el rápido retorno de las diferencias en la inserción en el mercado laboral. El propio éxito en el desarrollo profesional de las mujeres se convierte en amenaza cuando da pie a la idea de que todo está hecho o que el avance es responsabilidad ya de las capacidades y empuje de cada mujer. Se cuestiona así la necesidad de políticas públicas de impulso y garantía y se olvida la situación de quienes disfrutan de menos recursos propios.

La igualdad entre mujeres y hombres y la necesidad de políticas públicas para su impulso y garantía se convirtió en parte del consenso social y político en España. Desde la propia Constitución hasta el debate político reciente, la igualdad y su garantía no fueron una opción política sino un objetivo compartido y un mandato constitucional. Hoy ese consenso está en riesgo por el cuestionamiento del propio objetivo, por la negación o la minimización de la existencia de discriminación, por su justificación o por la renuncia a la actuación pública e institucional y el abandono a la inercia de la sociedad o a las bondades naturales del mercado.

No podemos permitirnos romper ese consenso y convertir la propia existencia de las políticas de igualdad en escenario de confrontación partidista. Debemos defender con firmeza su carácter necesario y su configuración como obligación constitucional; y debemos también conseguir atraer a su defensa a todas las fuerzas políticas, restaurando su carácter de patrimonio común. No es imposible.