Las incertidumbres de una Cumbre del Clima con demasiado agujeros
La realidad es que hay poco optimismo en el horizonte.
Son muchos los que se preguntan para qué sirven las cumbres del clima si las empresas contaminantes siguen contaminando, los gobiernos de los países más ‘sucios’ no vienen y los bancos siguen financiando combustibles fósiles mientras los desastres proliferan por el mundo, sobre todo por el hemisferio sur. Esta cumbre chilena, que tuvo de trasladarse a España precisamente por conflictos sociales generadores de una profunda desigualdad social, nació con el pie cambiado. En el fondo, era una cumbre de transición hacia la de Glasgow, en 2020, que es cuando los países que hace cuatro años suscribieron un laborioso Acuerdo de París deberían aumentar sus compromisos con el clima, tomando impulso hacia una descarbonización de la atmósfera terrestre que en su estado actual ya está matando a demasiada gente.
Pues bien, la realidad es que hay poco optimismo en el horizonte. Si algo ha quedado claro estos días en Madrid es que hay un total consenso científico respecto a la emergencia: los investigadores reconocen que sus previsiones se quedaron cortas y nos ‘calentamos’ más de lo esperado. Pero también es evidente que no se frena la contaminación: sólo este año echaremos al aire que respiramos 36.800 millones de toneladas métricas de C02, según un trabajo publicado ayer en ScienceNews. Y es que pese a que aumentan las energías renovables, incluso en Estados Unidos a pesar de Donald Trump, también lo hace el consumo global, un carro que consume mucha energía. “Debemos acordar cómo vamos a ordenar en 2020 nuestros compromisos con arreglo a la ciencia y hay muchas países que dicen que hace falta más ambición, mientras otros quieren que nos quedemos en la letra pequeña, en un paso a paso”, declaraba la ministra española de Transición Ecológica, Teresa Ribera, pocas horas antes del fin de las negociaciones.
En el otro lado de la COP25 ha quedado claro que la presión de la sociedad civil va en alza, y no solo en las manifestaciones. Fuentes oficiales reconocen que ahora los ciudadanos y las empresas quieren estar y quieren tener voz en ella más allá de sus gobiernos. De hecho, es lo que les gritaban unas 200 personas esta semana en una protesta junto a la sala del plenario: Power for people. Pero es un protagonismo que no todos los dirigentes entienden ni comparten.
Tampoco las gentes del sur comprenden cómo los problemas que les ha generado el cambio climático –provocado por un gas y un petróleo que impulsó el desarrollo en el norte durante el siglo XX– se van a solucionar poniendo precio a la contaminación que otros crean, una ‘suciedad’ que según el mencionado Acuerdo de París, firmado en 2015, se venderá en un mercado entre gobiernos y empresas: en otras palabras, permitirá que si alguien contamina más de lo comprometido pueda comprar ‘aire limpio’ (en forma de iniciativas como son reforestaciones, parques eólicos, bosques, etcétera) a quien tiene de sobra. Es el controvertido artículo 6, que se plantea como una alternativa para un mercado de transición. Se trata de resucitar una alternativa que, en términos similares, ya fue aprobada con el Protocolo de Kioto (hace 22 años) que no funcionó porque resulta que los países hacían ‘trampas’ y contaban el ‘aire limpio’ (metafóricamente) dos veces. Ahora se buscaría una mayor transparencia, pero es algo que no gusta a países como Brasil, India o China (por cierto, ahora mismo el más contaminante del planeta), que quieren que les convaliden sus cuentas tal como están.
Pero este ‘mercado de carbono’ no gusta nada a las organizaciones de la sociedad civil, aunque sí a las empresas. Para la mayoría de las primeras, “es una opción que no tienen nada que ver con los derechos humanos y que permitirá seguir contaminando, así que no es una solución real porque ya están echando a la gente con obras como hidroeléctricas o proyectos que se venden como energías limpias”, en palabras de Kwami Kpondzo, de Amigos de la Tierra en Togo. Para las segundas, las compañías, es una oportunidad que se abre ahora que podrían participar en el negocio.
Otro asunto, además, es el precio que se ponga a cada tonelada de carbono porque si es barata, como algunos países pretenden, se desmoronaría el mercado actual en la UE (basado en Kioto), así que parece que tampoco por ahí habrá acuerdo, pese a que desde el primer día el secretario general de la ONU, Antonio Gutérres, lo puso como uno de los objetivos fundamentales de la COP25.
Otro asunto enquistado es el de las ayudas a los países donde ya muere gente, donde ya miles y miles tienen que dejar sus casas por un desastre natural de origen climático. Son millones hoy en África del Sur (impacta ver las cataratas Victoria secas), millones en Haití (la crisis humanitaria arrastrada por la combinación de sequías y corruptelas va en aumento) y más millones en Mozambique, donde los últimos huracanes han generado pérdidas económicas que han endeudado más al país gravemente, aumentando su deuda externa.
El Fondo Verde del Clima que debería servir para que el sur se adaptara o mitigara los impactos del cambio climático son ínfimos: sus previsiones que tuviera 100.000 millones de dólares en 2020 y no llegan ni a 10.000 (por cierto, España ha aprobado dar 100 millones de euros más). Las críticas a ello han proliferado en la cumbre. Otra cuestión era impulsar otro fondo para esos daños y pérdidas que ya existen (lo llaman mecanismo WIM) que está bloqueado desde 2013. Tampoco en este asunto se ha avanzado, pese que era una de las principales demandas de los países en desarrollo y las organizaciones sociales. En la COP25 se reconoce que es una ‘demanda legítima’, pero todo se quedará en crear otro grupo de trabajo más para hablar del tema.
Con este panorama, conseguir que ‘las partes’ (vamos, los dirigentes de los países) hagan caso a la ciencia y vayan ‘más allá’ de los insuficientes compromisos de recortes de emisiones (que por cierto no han cumplido y de momento son solo papel) de 2015 es complicado. Algunos, con ese ánimo de retardar el asunto, dicen que es mejor analizar con detalles lo hecho hasta ahora antes de ir hacia adelante y que París daba plazo hasta 2023; otros (casi todos europeos) meten prisas ante la emergencia climática, mientras los que quieren retrasarlo no quieren que, de alguna forma, se reconozcan sus frenos para no quedar mal. De momento, tan solo 73 países han anunciado compromisos más firmes de más recortes contaminantes para 2020, pero basta mirar la lista para comprobar que entre ellos faltan casi todos los grandes (EEUU, China, Japon, India…) y ni siquiera está toda la UE (España, sí).
A todo esto, y pese a que desde fuera se insiste en soluciones que vayan más allá de estos puntos, y que se incluyan las soluciones que ofrece la biodiversidad natural y las producciones locales; es decir, que se cuente con la naturaleza y los muchos pueblos que la habitan, de momento las menciones son mínimas a estos temas.
La manifestación convocada el viernes frente a Ifema por Fridays For Future y muchas organizaciones más no es sino el espejo de esa doble mirada sobre una misma realidad. Es el grito de protesta de los jóvenes que quieren heredar un planeta como el que algunos conocimos, con luciérnagas en la noche, y también los pueblos indígenas acosados por macroproyectos y agronegocios que no son compatibles con sus formas de vida, o los pequeños granjeros africanos que abandonan su tierra y cruzan desiertos en migraciones climáticas ocultas bajo la capa de la pobreza. El grito de quienes, una vez más, se sienten decepcionados.
Pero también están en la COP25 empresas que anuncian a bombo y platillo grandes reconversiones, como es el caso de Endesa; o bancos como el Santander que, según el informe Banking on climate change: fossil fuel finance report card 2019 , entre los años 2016 y 2018 aumentó un 566% la financiación a empresas que extraen gas y petróleo en el Ártico. El Santander está presidido por Ana Botín, quien ante el secretario general de la ONU recordaba en esta COP25 el impacto que sufrió al ver con sus ojos el cambio climático en Groenlandia (sólo allí se han perdido 3.800 millones de toneladas desde 1992).
Y en medio, lugares como la República de Kiribati, un país entero que podría desaparecer con la subida del nivel del mar. Su presidente Taneti Mamau ha estado en la COP25 para recordar que existen y precisan apoyo. Ya están comprando terreno en las isla Fiji para emigrar en bloque si todo sigue como parece.
