Las estrategias de Ayuso para gestionar la sanidad pública en beneficio de lo privado

Si de algo se enorgullece la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es de la manera en que ha gestionado la pandemia. La líder madrileña ha hecho alarde de su estrategia para combatir el coronavirus cada vez que ha tenido ocasión, aunque para ello haya primado lo privado por encima de lo público.

Médicos, enfermeros, auxiliares y, en general, todo el personal sanitario de carácter público ha visto cómo poco a poco, paso a paso, Ayuso viraba hacia lo privado en cada toma de decisión. Medidas, proyectos e iniciativas para luchar o paliar los efectos provocados por el virus han sido gestionadas por entidades con ánimo de lucro.

Un modelo de actuación que no es nuevo en la región, pero sí se ha intensificado con la crisis del coronavirus. Roberto Gómez, enfermero de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid y coordinador de The Nurses, ha afirmado, en declaraciones a El HuffPost, que le parece “una vergüenza. Se están privatizando muchos sectores, no solo la sanidad sino también otros que están involucrados dentro del sistema sanitario, como puede ser la cocina o la limpieza. Eso al final repercute directamente en la salud de la gente”.

Sobre esta cuestión, Ángela Hernández Puente, vicesecretaria General de AMYTS y cirujana General, ha sostenido que “demuestra que no creen en la gestión directa, es decir, en la gestión pública de la sanidad de todos”.

Una de las primeras medidas —suscitadas por la pandemia— de la presidenta madrileña llegó el 18 de marzo de 2020, una semana después del cierre de los centros educativos y comedores escolares, con la implantación de menús para los menores de familias que tienen un precio reducido en los comedores por ser beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción (RMI). Sin embargo, las empresas elegidas por el Ejecutivo regional fueron Telepizza y Rodilla, ambas privadas y de comida rápida o poco saludables.

Hospital de pandemia

En mayo, con la primera ola de contagios remitiendo, la presidenta anunció el nuevo proyecto “estrella” de su Gobierno, un hospital de pandemias: el Isabel Zendal. El centro sanitario supuso un coste de hasta 100 millones de euros y su construcción no finalizó hasta el 1 de diciembre de 2020.

Las empresas que llevaron a cabo su edificación, así como las que cubren los servicios necesarios para su funcionamiento —como limpieza o lavandería— están gestionadas por entidades privadas con contratos “de emergencia”. Estos convenios permiten al gobierno regional esquivar el concurso público y la participación de otras empresas. A los sobrecostes se suma también la falta de personal y de pacientes.

“Creo que es un despropósito. Cuando se necesitaba no estaba hecho, el IFEMA puede tener sentido, pero el Zendal no se ha necesitado en ningún momento” asegura Gómez. Sobre el movimiento de profesionales de hospitales y centros de salud públicos para llevarlos a este centro de pandemias, este enfermero considera que “no te puedes llevar trabajadores de un centro donde se necesitan. Es desvestir un hospital para vestir otro y, además, este otro con menos dotaciones”.

También añade que “cuando los hospitales necesitaban gente les quitaron de ahí para llevarles a otro sitio, lo que demuestra que es una estrategia política, porque en el Zendal hubo meses que no había un gran flujo de pacientes y los profesionales han seguido ahí”.

Rastreo de contagios y vacunas

A partir de este punto, los contratos a empresas con ánimo de lucro no hicieron más que empezar. Así, el 7 de agosto de 2020, la Comunidad de Madrid publicó la resolución en la que otorgaba la labor de seguimiento de casos e identificación de contactos COVID-19 a la empresa Quirón Prevención S.L, con una duración de tres meses y una cantidad de 194.223,15 euros.

La llegada de vacunas no iba a ser menos y, en vez de contratar más personal sanitario para potenciar la campaña de inmunización, Ayuso decidió impulsar dicha labor, una vez más, con el sector privado. El 30 de diciembre de 2020 se hacía oficial el acuerdo con Cruz Roja para llevar a cabo el ‘Servicio de apoyo a la vacunación frente a COVID-19 en la campaña 2021 en la Comunidad de Madrid’, con una duración de seis meses y un importe de 804.098,53 euros.

Roberto Gómez explica que “esto lleva un trasfondo. Para los trabajadores y para mí como profesional de Atención Primaria es una vergüenza ver que privatizan cosas como la vacunación. Estas empresas, como por ejemplo Cruz Roja, lo que hace es pagar menos a sus trabajadores. Un enfermero de este organismo va a ganar mucho menos que en la sanidad pública, es una medida para ahorrarte dinero. En un año de pandemia y en algo tan importante como es el sistema de vacunación no se puede consentir”, añade.

Además, considera que “la gente tiene que conocer que esto no se está haciendo por ayudar o ir más rápido. Los sanitarios estamos diciendo que podemos hacerlo, doblando turno, contratando más personal, pero si no quieres pagarnos un sueldo en condiciones, pues al final tiendes a privatizar todo”.

Ángela Hernández respalda esta opinión y afirma que se “han desaprovechado niveles asistenciales que ya les gustaría haber tenido a otros países, como es el caso de Atención Primaria para todo el tema de las vacunas”.

Ayudas europeas

Con el fin de impulsar la recuperación de los países, Bruselas promovió los fondos europeos, que son ayudas destinadas a combatir los daños provocados por la pandemia. Cada comunidad cuenta con una partida para gestionar en función de las necesidades de la región. Ayuso decidió sacar a concurso este contrato alegando que había escasez de recursos públicos para afrontar el desafío que supone gestionar las ayudas procedentes de Bruselas. Así, toda la responsabilidad de esta labor recayó sobre la empresa Deloitte Consulting SLU.

Cierre de centros de salud

La última medida que ha saltado al escenario público y que el Ejecutivo dirigido por Isabel Díaz Ayuso planea tomar es el cierre de decenas de centros salud, exactamente 41. Una cuestión que defienden alegando falta de profesionales para dar servicio a los pacientes, pero, aunque la falta de personal en la Comunidad de Madrid es un hecho, el cierre de centros sanitarios no es una solución.

“El problema no es tanto que se cierren o no, sino la cuestión por la que se hace. Madrid es porcentualmente la comunidad autónoma de toda España que menos dinero invierte en Atención Primaria. Si ni en año de pandemia has reforzado esta área nunca lo vas a hacer y es necesario reforzar todo lo público, los sistemas, los profesionales…”, explica Gómez.

En esta misma línea se pronuncia Hernández, que defiende que en Atención Primaria llevan funcionando con “plantillas insuficientes desde hace muchísimo tiempo y se ha agravado durante la pandemia”. Ella ve una solución clara: “O se mejoran las condiciones de los contratos y ejercicios de los profesionales o vamos a pasar todos auténticas dificultades. Esto ya no va sobre si se cierran o no centros de salud, va de si queremos centros de salud atendidos con médicos o sin ellos”.

Una gestión que tiene unas víctimas claras: los trabajadores del sector sanitario y sus pacientes. Tanto Hernández como Gómez se han sentido muy poco respaldados por el Gobierno de Madrid durante la pandemia y piden que se les escuche, tanto a ellos como a todos los sindicatos y asociaciones, e “intentar desprivatizar todo esto porque al final repercute directamente en la salud de la gente”, concluye Roberto Gómez. La libertad que tanto defendía Ayuso durante la pasada campaña electoral para los comicios regionales del 4M y que, según ella, definía lo que era Madrid, parece no recaer sobre la sanidad pública sino sobre todo lo contrario, la privada.