La violencia policial se descontrola en Colombia y suma al menos 19 muertos y 800 heridos
La ONU y la UE condenan la brutalidad de las fuerzas de seguridad y piden que los responsables de la represión respondan por sus actos.
La comunidad internacional ha puesto este martes el foco de atención sobre Colombia y ha condenado el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía durante las manifestaciones. Al menos hay ya 19 fallecidos, 800 heridos y 87 desaparecidos en las protestas que comenzaron el miércoles contra la reforma tributaria que el presidente Iván Duque ya ha retirado. Pero la marcha atrás no ha calmado los ánimos.
El país ha vivido este martes una nueva jornada de violencia que ha alertado a los organismos internacionales. La ONU y la Unión Europea han condenado la brutalidad policial y han pedido que los responsables de la represión respondan por sus actos.
“Lo que es primordial es que el Gobierno permita a la gente expresarse de forma pacífica y manifestarse pacíficamente. Esos son derechos básicos y esa es nuestra postura”, ha señalado Stéphane Dujarric, el portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres.
El pronunciamiento del organismo se produjo después de que miembros de la misión de la ONU destacados en Cali denunciaran haber sido “testigos del uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía” durante los disturbios registrados la ciudad.
Las fuerzas de seguridad “utilizaron munición real, golpearon a manifestantes y hubo detenciones, en el contexto de una situación tensa y volátil en la que algunos participantes en las protestas también han sido violentos”, ha afirmado Marta Hurtado, portavoz de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
La reforma tributaria de la discordia
Con la reforma, el Gobierno de Iván Duque aspiraba a recaudar 23,4 billones de pesos (más de 5.000 millones de euros) para mejorar el estado de las finanzas públicas y dar continuidad a los programas sociales para los más pobres, cuya demanda ha aumentado con la pandemia del coronavirus.
Sin embargo, todos los partidos políticos, incluido el Centro Democrático, cuyo jefe es el expresidente Álvaro Uribe –mentor de Duque– habían calificado la iniciativa como un “engendro”. El proyecto pretendía ampliar la base tributaria y gravar con el IVA del 19% los servicios públicos.
Duque aseguró el domingo que tras “escuchar a la ciudadanía” y las propuestas de empresarios y los partidos políticos, en la nueva reforma “no habrá ningún incremento del IVA para bienes y servicios ni se cambiarán las reglas existentes”.
El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, se había convertido en el villano de la crisis por la dureza del fracasado proyecto, que golpeaba en especial a la clase media y baja. Y un día después de que Duque retirase la reforma Carrasquilla dimitió. “Mi continuidad en el Gobierno dificultaría la construcción rápida y eficiente de los consensos necesarios”, manifestó el funcionario en su carta de renuncia. Pero esto tampoco ha aplacado las protestas.
Moción de censura
Ahora, hasta 18 congresistas opositores han firmado una petición de moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, por “violaciones de derechos humanos” cometidas por la fuerza pública en las protestas.
“Llevamos seis días asistiendo a las peores escenas de violencia, arbitrariedad, abuso y ultraje de la Policía Nacional y el Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios) contra personas inermes. Abundan las pruebas de estos hechos y hay informes ya, no solamente en instancias nacionales sino también internacionales”, ha expresado el senador Iván Cepeda.
El congresista ha asegurado que las autoridades han cometido crímenes “auspiciados por el Gobierno Nacional y por el presidente” Iván Duque, así como por Molano, que “no ha controlado a los miembros de la fuerza pública” y “ha alentado situaciones en los que se han cometido violaciones de derechos humanos”.
Mientras, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha hecho un llamado a la calma de cara a las movilizaciones convocadas para este miércoles por parte de las centrales obreras y organizaciones sociales e indígenas.