La UE urge a Reino Unido a que aclare su postura sobre su "factura de divorcio"
También quiere claridad sobre los derechos de los comunitarios.
El negociador europeo para el Brexit, Michel Barnier, ha pedido este jueves "aclaraciones" sobre la posición británica en temas clave como la factura a pagar por Londres y los derechos de los ciudadanos europeos en Reino Unido, al término de la segunda ronda de negociaciones.
"Requerimos aclaraciones sobre los derechos de los ciudadanos, la liquidación financiera y sobre Irlanda", ha dicho el francés Barnier en una rueda de prensa conjunta con el negociador británico, David Davis, en Bruselas, donde tuvieron lugar las negociaciones de divorcio.
Las conversaciones entre ambos equipos negociadores han sido "fuertes pero constructivas", si bien "queda mucho por hablar", ha estimado por su parte el también ministro británico para el Brexit, para quien "una solución requerirá flexibilidad por ambas partes".
El objetivo a ambos lados del canal de la Mancha es alcanzar un acuerdo de divorcio para octubre de 2018, antes de que Reino Unido ponga fin a finales de marzo de 2019 a más de 40 años de membresía y se convierta en el primer país en abandonar el bloque en seis décadas de proyecto europeo.
Para avanzar hacia un pacto de divorcio, los negociadores acordaron en la primera ronda celebrada el 19 de junio abordar primero los tres asuntos prioritarios citados este jueves por Barnier, antes de empezar a discutir, si se registran "avances", un eventual acuerdo de libre comercio deseado por Londres.
La segunda ronda de negociaciones, que según el representante europeo era de "presentación" de las posiciones, ha servido para identificar los posibles escollos, entre ellos: ¿cómo solucionar los diferendos sobre los derechos de los ciudadanos tras el Brexit?
El bloque quiere que el Tribunal de Justicia de la UE sea el competente para resolver los conflictos sobre los derechos que afecten a los más de tres millones de ciudadanos europeos residentes en suelo británico tras el Brexit, una opción que Londres rechaza de plano.
"No vemos otro medio para garantizar la perennidad de estos derechos", ha indicado Barnier, para quien, junto a esta "divergencia fundamental", se suman otras sobre los derechos de los miembros de la familia o sobre determinados beneficios sociales.
El negociador europeo ya había pedido en junio mayor "claridad" sobre el plan presentado por la primera ministra británica, Theresa May, que fuera acogido con frialdad por su pares europeos, que prevé garantizar los mismos derechos a los europeos viviendo más de 5 años en el país desde una fecha todavía por determinar.
Otro de los puntos espinosos es la factura a pagar por Londres por sus compromisos adquiridos como miembro de la UE, que podría alcanzar a los 100.000 millones de euros (112.000 millones de dólares), según fuentes europeas. Londres la calificó la semana pasada de "disparatada".
Barnier ha pedido una "aclaración" al respecto al gobierno británico, que no presentó su posición en este tema, al considerarla "indispensable" para realizar "progresos suficientes". "Una salida ordenada requiere que Reino Unido salde sus cuentas", ha agregado.
Una fuente cercana a las negociaciones ha indicado que ambas partes están de acuerdo en que Londres debe pagar una cantidad a su marcha, si bien el gobierno británico prefiere no precisar ningún monto hasta la recta final de las negociaciones.
Respecto a la frontera entre Irlanda y la provincia británica de Irlanda del Norte, el negociador europeo pidió también "aclaraciones" sobre cómo Londres protegerá la "cooperación" y la circulación de personas entre ambos territorios todavía miembros de la UE.
La próxima ronda de negociaciones tendrá lugar la semana del 28 de agosto, a la que seguirán dos más el 18 de septiembre y el 9 de octubre, antes de que los mandatarios europeos se vean una semana después con su homóloga británica en una cumbre ordinaria en Bruselas.
