La política de cooperación española en jaque
- Este trimestre se aprobará V Plan Director de la Cooperación Española (2018-2021) documento de planificación de nuestra política de cooperación que establece los objetivos y prioridades sectoriales y geográficas. Estamos ante una oportunidad que sitúe la política de cooperación española a la altura del rol que debe jugar España en el mundo.
El 24 de enero comparecía en la Comisión de Presupuestos el ministro Montoro, para anunciar que los PGE se prorrogaban hasta abril. Esta retención de presupuesto tendrá su repercusión en las diferentes partidas para las políticas públicas que sostienen nuestro estado del bienestar como las de educación, sanidad, servicios sociales, dependencia y también las de cooperación para el desarrollo, que al igual que las otras, también ha sufrido importantes recortes por parte de los gobiernos del Partido Popular.
Los presupuestos para cooperación internacional se encuentran en mínimos históricos y nos sitúan a la cola de la Europa de los 15. Desde 2008 la Ayuda Oficial al Desarrollo española se ha recortado más de un 70% hasta situarse en el 0,21% de la Renta Nacional Bruta en 2017, a años luz del histórico compromiso del 0.7%.
Las cifras son importantes y simbólicas al mismo tiempo, pero deben entenderse considerando los objetivos de las distintas políticas públicas. En sanidad, por ejemplo, la drástica reducción y el desvío de partidas hacia el sector privado, altera sus objetivos principales, como son la universalidad, la calidad y seguridad de las prestaciones públicas. Algo similar sucede en la política de cooperación. La promoción del desarrollo sostenible humano, social y económico para contribuir a la erradicación de la pobreza en el mundo son los objetivos, fijados por la ley que rige la política de cooperación española.
El presupuesto destinado para la ayuda al desarrollo es absolutamente insuficiente para cumplir estos objetivos. Pero, ¿qué uso está haciendo el gobierno de esos recursos? ¿Contribuye ese uso a la consecución eficaz de los objetivos? Es decir, ¿están los programas e instrumentos de la cooperación española realmente encaminados al objetivo final de la erradicación de la pobreza?
Pese a que los indicadores existentes en la política de cooperación son muy deficientes, puede afirmarse que hay carencias en la interacción entre la articulación de procesos y los actores de la cooperación española que lleva a duplicidades, fragmentaciones y discordancias que tienen una traducción obvia: la ineficacia y el incumplimiento de los objetivos estratégicos. La cooperación española tiene niveles bajos de armonización con otros donantes e incluso carece de una arquitectura institucional que articule y cohesione las diferentes acciones y distintos actores, lo que genera duplicidades y fragmentación, es decir, ineficacia.
En la política de cooperación existe también una creciente tendencia, como en otras políticas públicas, hacia la privatización. Cada vez son más frecuentes los partenariados público privados que tienden a privatizar el beneficio y colectivizar las perdidas. No solo se pretende atraer inversión privada utilizando partidas de ayuda al desarrollo como garantías al riesgo de la inversión, a lo que se le ha llamado Blending, sino que además muchas veces los objetivos de estos proyectos buscan el lucro y no se alinean con los objetivos que determina la ley.
La utilización del dinero público destinado a la cooperación internacional alcanza lo dramático cuando el Gobierno condiciona la ayuda a la colaboración de los países del Sur Global en política migratoria. El empleo de ayuda al desarrollo para externalizar el control de fronteras y controlar flujos migratorios, algo que a todas luces no contribuye de ninguna manera a la promoción del desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza ni a la lucha contra las desigualdades, va en aumento.
Además existe una total falta de coherencia en la acción exterior del Gobierno. Por ejemplo, nuestra políticas de comercio y fiscalidad internacionales no solo no contribuyen al desarrollo, sino que muchas veces lo lastra produciéndose la paradoja de ser contraría a los objetivos de la propia política de cooperación. Pese a que la ley establece el Principio de Coherencia de Políticas para el Desarrollo muchas veces quitamos con una mano lo que damos con la otra.
El uso que se hace de la ayuda oficial al desarrollo está desconectado de los objetivos que debería alcanzar. Cuando se usa el dinero público para fines que no son los establecidos en los acuerdos y normas, tanto nacionales como internacionales se engaña al contribuyente, y eso, en cierta manera, es corrupción. Tratándose de un gobierno del PP ya no sorprende.
La política de cooperación española se encuentra hoy en jaque. El V Plan Director será aprobado en los próximos meses. Estamos ante una oportunidad de retomar el rumbo y de establecer un marco que sitúe la política de cooperación española a la altura del rol que debe jugar España en el mundo.
Para ello, el V Plan Director debe ser ambicioso, coherente, eficaz y realista, a la par que alinearse con los nuevos paradigmas de cooperación a nivel internacional, como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas o el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. Hacer frente a las desigualdades, incluida la de género, la injusticia y la pobreza, que son multidimensionales, requiere abordar simultáneamente factores sociales, económicos y ambientales.
Asegurar los recursos necesarios para hacer frente a estos importantes retos es fundamental. Debemos establecer una hoja de ruta para alcanzar en 2020 un nivel de ayuda al desarrollo del 0.4% de la RNB y en 2030 el 0.7%. Toda partida de ayuda ha de adscribirse a los Principios Internacionales de Eficacia del Desarrollo. Por tanto, la ayuda al desarrollo no puede estar condicionada a la cooperación de los países beneficiarios en cuestiones migratorias como controles fronterizos, gestión de los flujos migratorios o acuerdos de readmisión, sino que debe fomentar los aspectos positivos de la migración, como señala propia Agenda para el Desarrollo Sostenible de las NNUU señala, atajando las causas raíz que llevan a las personas a migrar, que en ocasiones están vinculadas con la pobreza y la desigualdad.
Es necesario fortalecer una arquitectura institucional que asegure el Principio de Coherencia de Políticas para el Desarrollo en toda la acción del Estado que afecte a países en desarrollo y que cohesione a los distintos actores de la cooperación, dando un rol estratégico a las organizaciones de la sociedad civil. El V Plan Director deberá definir el rol que debe jugar el sector privado en el desarrollo, enmarcándolo en el respeto de los principios de transparencia y de responsabilidad, promoviendo prácticas comerciales éticas y sostenibles. La igualdad de género y el empoderamiento de la mujer deben ser un eje transversal con presencia en toda la política y acción de la cooperación española.
Finalmente, el futuro Plan Director debe establecer criterios claros y efectivos de monitoreo y evaluación, con indicadores exhaustivos que fortalezcan la transparencia y la rendición de cuentas ante la ciudadanía. Sin ellos, todo lo demás olerá a Gürtel.
