La nueva LOSU: un "totum revolutum" que para la comunidad universitaria se queda "corto"

El Consejo de Ministros dio, el pasado martes, luz verde al anteproyecto de la futura Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y, pese a que promete cambios importantes como medidas para frenar la precariedad laboral en el sector, más ayudas a la investigación, modificaciones en los órganos de gobierno, o un mayor impulso a herramientas de acción positiva para promover la igualdad de género, el texto no ha terminado de convencer al mundo académico.

Desde la Secretaría General de Universidades, José Manuel Pingarrón asegura a El HuffPost que se trata de un plan encaminado a mejorar la situación actual del sistema en tres direcciones. “En primer lugar, brinda la máxima autonomía y flexibilidad posible a la comunidad universitaria. En segundo término, intenta entrar en la senda de la recuperación de la financiación publica, de manera que se recuperen los estándares que se tenían en 2010, y esto nos acerque más a la media de países de la Unión. Y por último, es una ley marcadamente feminista, incentivadora de la integración de todas las personas y que procura generar la transformación de conocimiento”, añade.

Tanto la Conferencia de Rectores Universitarios (CREU) como el Observatorio de Universidades (OSU) apuntan que todavía es pronto para hacer valoraciones—ya que aseguran estar estudiando al detalle su contenido— . Sin embargo, sindicatos, asociaciones de estudiantes y plataformas universitarias ya han mostrado abiertamente su insatisfacción.

“Es una ley orgánica que no solamente se queda corta, sino que es claramente insuficiente a los debates actuales que debe plantear con valentía el sistema universitario en todos su ámbitos: estructura, medios, herramientas, titulaciones...”, señala Gustavo Palomares, catedrático y decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED.

“En realidad, todo esto es la culminación de un proceso que no ha resuelto cuestiones fundamentales previas”, destaca. “En primer lugar se presentó un Real Decreto sobre Enseñanzas Oficiales que consiguió lo que nunca antes se había conseguido: unir a todos los sindicatos en su contra. Un verdadero desatino”, describe. Pero no queda ahí. A su retirada por la oposición y el revuelo generados, incluso en el seno del propio gobierno, se sumó un Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI) que también tuvo que recular.

“Se venía reclamando desde hace más de quince años, es imprescindible, pero el que se desarrolló lo que pretendía en el fondo era privatizar algunas figuras históricas como la de los profesores/as titulares, y por otro lado, bajar el nivel de exigencia respecto a determinadas categorías de profesores/as permanentes”, expone.

“En conclusión, los dos elementos fundamentales de una ley orgánica, que son la estructura, el ‘qué‘, y los instrumentos, el ‘cómo’, quedaron en vía muerta, y a partir de ahí, en vista de la falta de consenso y de capacidad negociadora, pensaron que la forma de solventarlo era con una reforma de la ley. Un ‘totum revolutum’ donde se incluyera todo lo demás. Y en esas estamos”, sostiene.

“Parches” al sistema universitario

Lo cierto es que, a falta de su aprobación, se trata de la tercera norma  promulgada en democracia al respecto después de la Ley de Reforma Universitaria de 1983 y la Ley Orgánica de Universidades de 2001, que posteriormente fue modificada en 2003.

“Ahora se intenta establecer una base normativa que no se había tocado en 18 años. Eso quiere decir que, durante este lapso de tiempo, se ha culminado un proceso de integración europea, se ha establecido un espacio europeo de Educación Superior, y aquí se ha ido parcheando el sistema con un puzle de disposiciones que es el que determina esta atomización jurídico normativa”, remarca.

Uno de los puntos más destacados del texto hace referencia a la lucha contra la precariedad laboral, con especial mención al profesorado asociado. Para ello, propone la obligatoriedad de rebajar la temporalidad en la contratación del Personal Docente e Investigador, pasando del 40 al 20%.

Contempla, además, aumentar del 51 al 55% el porcentaje mínimo de profesorado funcionario que deben tener las universidades públicas, según señaló el propio Castells durante la primera rueda de prensa que protagonizó este martes tras el Consejo de Ministros desde que asumió esta cartera a principios de 2020.

Desde UGT, no obstante, advierten que, a pesar de que se han tenido en cuenta las reivindicaciones, el porcentaje de PDI con contrato temporal resulta incoherente con las normas que están rigiendo actualmente la estabilización de los empleados públicos.

Respecto al PDI contratado, la LOSU mantiene las figuras de Profesores/as y Ayudantes Doctores/as (6 años de contrato con una evaluación del desempeño de su actividad docente e investigadora), Profesores/as Asociados/as (misma regulación, aunque ahora el contrato podrá ser de dos años y los contratos vigentes podrán ser renovados, conforme a la normativa que les resultaba aplicable, durante un periodo transitorio máximo de tres años desde la entrada en vigor de esta Ley y con alguna reserva de plaza a figuras laborales para los que ostenten el título de Doctor/a), Profesores/as Eméritos/as, y Profesores/as Visitantes (limitan la duración del contrato a un año).

Además, crea las figuras de Profesores/as Sustitutos/as (docentes para sustituir al PDI con derecho a reserva de puesto de trabajo) y Profesores/as Distinguidos/as (españoles como extranjeros, que estén desarrollando su carrera académica o investigadora en el extranjero, y cuya excelencia científica, tecnológica, humanística o artística sea reconocida internacionalmente. La duración del contrato no podrá ser inferior a un año ni superior a tres, prorrogable un año más).

También recoge la figura de Profesores/as Contratados/as no Doctores/as, con carácter transitorio y por un periodo máximo de tres años desde la entrada en vigor de esta Ley, y desaparece la figura de Profesor/a Contratado/a Doctor/a, siendo cada CCAA la que estipule figuras laborales permanentes equivalentes a las del profesorado funcionario con análogos deberes y derechos académicos.

“Este desdoblamiento, al final solo crea más desigualdad”, resume Palomares. “La conclusión es que, probablemente, algunas figuras habrán avanzado, pero si no se hace con el conjunto se crean bases de desigualdad que solo generan un sistema más complejo y que no facilita para nada la relación de los profesores/as con las universidades ni con los estudiantes”, añade.

Nuevo modelo de gobierno de la universidad pública

El planteamiento de un nuevo modelo de gobierno de la universidad pública también ha traído polémica. Desde la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO) lo califican de “presidencialista” y “gerencial” en torno a la figura del Rector/a, “en detrimento de la participación democrática y de la transparencia de los órganos de gobierno y de representación”.

La nueva LOUSU contempla la posibilidad de que la elección de esta figura se escoja por un comité de veinte personas, con un 30% de sus miembros ajeno a la universidad. Se disminuye la composición del Claustro en dos tercios y a la vez la modifica, introduciendo expresamente la participación de órganos de gobierno unipersonales de centros e institutos universitarios y, según CCOO, “menoscabando la participación del resto de componentes de la comunidad universitaria”. “Además, salvo la formulación y aprobación de los Estatutos, sus funciones y competencias se reducen a las de un órgano meramente consultivo”, apuntan.

“A nuestro entender, lo que debería hacer la ley es definir y asignar adecuadamente las funciones y las responsabilidades de cada uno de los órganos de gobierno”, comenta  por su parte Vera Sacristán, miembro del Observatorio del Sistema Universitario (OSU). “Aunque es muy complejo, la tesis es que, en todas aquellas decisiones que tengan que ver con lo académico, la docencia o la investigación en el ámbito universitario, ha de facilitarse una cierta capacidad de intervención y potenciar la participación y las competencias de sus miembros”, añade.

En CSIF Educación sí valoran, por el contrario, la supresión de la obligada acreditación por la ANECA —la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación— de los ayudantes doctores. Una evaluación que quedaría ahora en manos de los comités de selección de los campus.

“Era una de nuestras reivindicaciones y ha sido tenida en cuenta. La presencia de la ANECA y de las gerencias regionales en la carrera académica es cada vez mayor, y esto está generando problemas como retrasos y un enfado generalizado dentro del colectivo”, sostiene Ramón Caballero, vicepresidente de Educación y responsable de Universidad del CSIF.

Para Palomares, sin embargo, el texto no se centra en lo elemental. “Se debe abordar la propia estructura, si verdaderamente la CRUE sirve tal y como está planteada, o la Secretaría General de Universidades, el Consejo... una ley orgánica debe empezar por discutir sobre los instrumentos y las herramientas básicas, como la ANECA, que es la médula del sistema universitario. Ha de estudiarse qué papel juega, ya que no sólo regula las Enseñanzas Oficiales y a nuestro profesorado, también el calendario o la programación. Por ella pasan nuestras acreditaciones y sellos de calidad. Es la ‘zona gris’ de nuestro sistema universitario”, expone.

“Otro diálogo fundamental que tampoco se ha contemplado es por qué no estamos en el 3+2, ya que sí nos enmarcamos en un espacio europeo para todo lo demás, y en cambio seguimos en el 4+1”. Para el catedrático, la falta de planteamiento se debe a la oposición de las universidades públicas por el escaso apoyo financiero. “Para una universidad pública mal financiada supondría perder un año de matrícula en los grados, y esto es inviable”, destaca.

Falta de memoria económica

Precisamente, desde CCOO echan en falta una propuesta de memoria económica y critican que la norma solo haga referencia a la consecución de un incremento de la financiación hasta el 1% del PIB en la próxima década (cifra que todavía queda por debajo de la media actual de la UE y de la OCDE). Un objetivo que, aseguran, no resolvería el recorte acumulado del 20% de la financiación pública que estas universidades acarrean desde 2009.

“A todo ello se suma una visión muy dulcificada de los centros privados y una llamativa omisión en el texto presentado de la función de la universidad como prestadora del servicio público de Educación Superior”, añaden. “Poca concreción y muchos futuribles”, sentencia en la misma línea Caballero.

Como punto positivo, el anteproyecto sí introduce novedades para avanzar en materia de igualdad de género, a través de la creación de unidades para coordinar las políticas en este ámbito, con acciones positivas en la adjudicación de las plazas y el fomento de la paridad en los proyectos de investigación, así como protocolos contra el acoso sexual y registros retributivos del conjunto del personal contratado y funcionario para reducir la brecha salarial.

“Acceso equitativo, claridad y calidad”, resume Sacristán. Objetivos de un proyecto universitario que, por el momento, despierta más reticencia que beneplácito.