La mayoría de presidentes se enfrentan a la humillación si pierden; Trump podría enfrentarse a la cárcel

WASHINGTON ― Si Donald Trump parece más desesperado por el resultado de las próximas elecciones que la mayoría de los candidatos, puede que sea por una buena razón: los presidentes normalmente no tienen que preocuparse por ir a la cárcel si pierden.

Sin embargo, las actividades de Trump en los últimos años —desde pagar a una estrella del porno para que guarde silencio a su abultada devolución de la renta, pasando por obstaculizar una investigación sobre los lazos de su campaña con Rusia—, sumadas a la cuenta atrás de los plazos de prescripción, provocan que las elecciones puedan ser mucho más decisivas para él de lo que lo han sido para sus predecesores.

Debido a las directrices del Departamento de Justicia de no iniciar una causa judicial contra un presidente en funciones, si Trump sale elegido para un segundo mandato, el límite de tiempo para iniciar un proceso legal finalizaría en los siguientes cuatro años en el caso de varias de esas actividades. Si pierde, las acusaciones podrían iniciarse rápidamente.

“Para él, ganar estas elecciones no es una opción, sino una necesidad”, comenta Michael Cohen, exabogado personal de Trump y “facilitador” que recibió una sentencia por, entre otras cosas, acordar pagos ilegales antes de las elecciones del 2016 para evitar que hablaran las mujeres con las que había mantenido relaciones.

“Sabe que, si su declaración de la renta sale a la luz, él, sus hijos (Don Jr., Ivanka, Eric) y otras personas serán acusados de un gran número de delitos fiscales, que no solo le costarán su libertad, sino todo su negocio”, afirma Cohen.

Ni la Casa Blanca ni el equipo de campaña de Trump han respondido a las preguntas del HuffPost sobre este artículo.

Trump ya fue descrito como “Individuo 1” en el proceso legal de Cohen. Con un plazo de prescripción de cinco años para muchos delitos federales, a finales del 2021 se agotaría el tiempo para los casos que implicaran pagos por guardar silencio.

Daniel Goldman, exfiscal federal que hace un año trabajó como abogado principal en el juicio político de la Cámara de Representantes contra Trump, declaró que, si Trump se convirtiera en expresidente en 2021, también podría enfrentarse a acusaciones de cohecho por la conmutación de la pena de cárcel del asesor Roger Stone, así como a acusaciones de extorsión por sus intentos de coacción a Ucrania para difamar a su rival político, el exvicepresidente Joe Biden. Trump se sometió a un proceso de destitución por ese motivo, pero los republicanos del Senado permitieron que siguiera en el cargo.

“Hay muchos delitos”, afirma Nick Ackerman, exfiscal federal y, anteriormente, fiscal en el equipo creado para investigar al presidente Richard Nixon en la irrupción del Watergate en 1972 y los posteriores encubrimientos.

Los fraudes federales tanto bancarios como fiscales que Trump pueda haber cometido en los primeros tres años de su primer mandato probablemente estén fuera del alcance de los fiscales si tienen que esperar a que termine un segundo mandato en enero del 2025. Podría ocurrir lo mismo en el caso de la participación de Trump para frenar la investigación que se produjo entre 2017 y 2019 contra el asesor especial Robert Mueller sobre la labor de Rusia para ayudar a que el actual presidente ganara la última campaña presidencial.

“De nuevo, prescribiría en un segundo mandato”, señala Ackerman.

Aunque no hay ninguna prohibición a nivel estatal en cuanto a procesos judiciales contra un presidente en funciones, en un caso que implicaba los registros empresariales de Trump, un fiscal de la ciudad de Nueva York declaró al Tribunal Supremo de EEUU que eran conscientes de los tiempos en el caso de un presidente.

“Somos conscientes de que, como entidad estatal, no podemos investigar a un presidente por ningún acto oficial y de que no podemos acusar a un presidente mientras esté en el cargo”, declaró en mayo durante el alegato oral Carey Dunne, fiscal general del distrito de Manhattan.

La posibilidad de un juicio y una encarcelación puede explicar la aparente obsesión de Trump en los últimos meses, con un uso repetido, y a veces abusivo, de los poderes de su cargo para favorecer su reelección.

En primavera, una carta sobre el coronavirus enviada por el Centro Federal para el Control y Prevención de Enfermedades a todas las viviendas del país incluía el nombre de Trump de forma destacada pese a que se había pasado meses restando importancia al virus, e incluso llegó a denominarlo un fraude. Cuando el Departamento del Tesoro envió ayudas de 1.200 dólares a los estadounidenses, también se incluyó el nombre de Trump.

Más recientemente, Trump ha resistido ante los avisos de los expertos en salud pública de restringir aglomeraciones en la reanudación de la frenética agenda de mítines de campaña que Trump considera fundamentales para llevarse la victoria el 3 de noviembre. De nuevo, ha empezado a restar importancia al virus y a insistir, contra toda evidencia, que la pandemia está lejos de acabar.

Hace unos días, añadió a su lista de afirmaciones infundadas de “corrupción” al rival demócrata Biden al pedir al fiscal general William Barr que abra una investigación. “Tenemos que conseguir que el fiscal general actúe. Tiene que actuar, y tiene que hacerlo rápido”, afirmó Trump durante una larga entrevista en Fox News. “Es un grave caso de corrupción y debe conocerse antes de las elecciones”.

Estados Unidos tiene experiencia tratando incorrectamente a los presidentes perdedores, principalmente al grabar la palabra “PERDEDOR” en la frente de cada uno de ellos. El demócrata Jimmy Carter fue despreciado, incluso por muchos demócratas, después de perder en 1980 contra Ronald Reagan. El republicano Bob Dole, un longevo senador, acabó haciendo anuncios de televisión donde se menospreciaba a sí mismo después de perder en 1996 contra Bill Clinton.

No obstante, aunque ellos y otras personas se enfrentan a la ignominia, nunca tuvieron que preocuparse por la posibilidad de ir a la cárcel en caso de perder.

El único precedente posible en la política estadounidense es el del republicano Nixon, que dimitió en 1974 después de que los senadores republicanos dejasen claro que no lo salvarían si los argumentos del juicio político en cuanto a su papel en el escándalo del Watergate llegaran a la Cámara. Gerald Ford, que había sido nombrado vicepresidente de Nixon en 1973 después de la dimisión de Spiro Agnew tras su sentencia por cohecho, indultó completamente a Nixon tan solo 30 días después de asumir la presidencia. “No puedo alargar las pesadillas que siguen reabriendo un capítulo que ya está cerrado”, dijo Ford en un discurso grabado de 10 minutos de duración en el Despacho Oval.

De igual manera, solo porque Trump pueda enfrentarse a acusaciones penales, no implica necesariamente que lo haga.

Biden, que ha seguido hablando de unir al país y “sanarlo” después de los años de Trump en el poder, se comprometió en mayo durante una entrevista en el canal MSNBC a no indultar a Trump, pero dijo que no daría instrucciones a su fiscal general para que actúe en ninguna dirección. “No es algo que el presidente tenga que hacer: participar en una acusación o decidir si se cierra un caso”, comentó Biden.

Aunque otros, incluidos los Republicanos, afirman que, para recuperar el sentido de normalidad, es fundamental pedir cuentas a un presidente anárquico de forma tan abierta y con tanta frecuencia como Trump.

“La integridad de nuestra república constitucional depende de la rendición de cuentas de nuestros líderes electos. Trump no es una excepción”, comenta Rick Tyler, un consultor republicano que trabajó en la candidatura presidencial en 2016 del senador de Texas Ted Cruz.

“No podemos premiar un comportamiento delictivo, ni de Trump ni de sus malhechores del Gabinete, de la Casa Blanca ni de ningún otro lugar”, reconoce Norman Ornstein, de la entidad American Enterprise Institute, de perfil conservador.

Este artículo se publicó originalmente en inglés en la edición estadounidense del ‘HuffPost’.