La larga espera del president milenial
Pere Aragonès enfatizó que, por primera vez desde la Segunda República, Cataluña tendrá un presidente independentista y de izquierdas.
96 días después, Pere Aragonès i Garcia ha sido investido como nuevo president de la Generalitat. Han sido más de tres meses los necesarios para que el candidato de Esquerra Republicana consiguiese el voto favorable de la mayoría absoluta del Parlament. Las negociaciones con Junts, el partido de Puigdemont, han sido extraordinariamente largas y complejas. Lo cierto es que, si Junts no votaba a favor de Aragonès, el espacio convergente perdía a su único socio postelectoral y abría una brecha irreconciliable en el soberanismo. Y es que ERC votó en su día las investiduras de Mas, Puigdemont, Turull y Torra. Nada más y nada menos.
Ahora es el turno de Esquerra, que asume el liderazgo del independentismo y el de las instituciones catalanas. La larga situación de interinidad que produjo la inhabilitación de Quim Torra eleva las expectativas sobre este nuevo gobierno, que tendrá que afrontar un contexto de reconstrucción económica y social. Este pasado lunes fue muy comentado el pacto de gobierno y el reparto de carteras, que casi invierte la asignación de roles que hubo tras las elecciones de 2017. Salud o Economía, conselleries clave, estarán dirigidas ahora por representantes de Junts per Catalunya. Por contra, Interior o Empresa serán lideradas por consellers republicanos.
La rumorología de primera hora dibujaba, sobre todo en redes sociales, a Junts como la gran ganadora del acuerdo. ERC en cambio se antojaba como el socio mayoritario que había sido forzado a renunciar a grandes carteras como las ya mencionadas Salud o Economía. Presunto pagafantismo parlamentario que, leyendo las 46 páginas del acuerdo, no es tal. En primer lugar, porque Aragonès y los suyos introducen en el pacto de legislatura mecanismos de seguimiento del acuerdo, principios del mismo e incluso se explicitan las diferencias existentes entre ambas fuerzas en materia de políticas públicas y de avance nacional. Se pactan las discrepancias, pero se incluye el diálogo con el gobierno del Estado que tanto había criticado Junts.
Además, el reparto de responsabilidades esconde un nivel de conocimiento de la administración de la Generalitat que, probablemente, los republicanos no tenían en 2016 o 2018. Las competencias de función pública, por ejemplo, dependerán directamente de la Conselleria de Presidencia. También ERC se hace con el control de dos macrodepartamentos inéditos hasta el momento: Empresa y Trabajo, en primer lugar, y Acción Climática, Agricultura, Pesca y Alimentación.
En cambio, Junts asume el control de departamentos más simbólicos, pero con mucho menor peso presupuestario, como Acción Exterior, Derechos Sociales o Justicia. En definitiva, los dos socios controlarán grandes áreas y el presupuesto de la Generalitat dependerá, casi al 50%, de las iniciativas que impulsen ambos socios de gobierno.
El nuevo president de la Generalitat, en su discurso de investidura, ha hecho énfasis en la idea de que, por primera vez desde la Segunda República, Cataluña tendrá un presidente independentista y de izquierdas. Una novedad en el sistema político que nació durante la Transición, acostumbrado a tratar con Convergència i Unió y sus herederos políticos cuando se trataba de hablar de Catalunya. Los dos tripartitos, eso sí, fueron un paréntesis al predominio político de los herederos de Pujol.
La nueva Generalitat republicana, como dice Aragonès, pretende introducir nuevos elementos en la agenda pública sin abandonar la reivindicación nacional del independentismo. Modernizar la administración y la manera de hacer política, mientras se defienden los derechos de las mujeres —a través del nuevo departamento de Feminismos— o se plantea la cuestión climática en el seno del Consell Executiu. Todo ello, según afirma, con el objetivo de volver a dotar de prestigio a la institución.
Aragonès será el primer presidente milenial de Catalunya. 38 años, un Gobierno de coalición y una ardua tarea por delante. ¿Será capaz el nuevo Gobierno de responder adecuadamente, en clave social, al desbarajuste económico que deja tras de sí la pandemia? El acuerdo entre ERC y Junts prevé movilizar de manera inmediata más de 700 millones de euros para fomentar la contratación de jóvenes, mujeres, mayores de 45 años y de personas en situación de vulnerabilidad. También recoge la gratuidad de la educación de los 0 a 3 años, un mayor presupuesto dedicado a Cultura o el incremento del parque público de vivienda. Buenas intenciones que necesitarán de unas nuevas cuentas públicas para la administración catalana.
¿Podrá Aragonès liderar el diálogo con el Gobierno de Pedro Sánchez? Parece que es una de sus prioridades: encauzar de una vez por todas la mesa de diálogo y negociación con el gobierno español. ERC se juega su credibilidad, la libertad de varios de sus líderes y la hegemonía en el ámbito de la izquierda y el independentismo. Un nuevo desaire del PSOE a Cataluña podría jugar en favor de los republicanos; un gesto de Sánchez en forma de indulto podría confirmar los avances de la estrategia de ERC. Aragonès parece ser ambicioso y partir con posibilidades de éxito.
¿Cuál puede ser el legado del nuevo president? Aragonès dice liderar una propuesta de futuro. Sin duda, los temas que escoge son símbolo de un nuevo tiempo. La creación de una oficina sobre la renta básica universal —para estudiar su aplicación en Cataluña—, la ambición en materia ecológica o la voluntad de transformación en clave de feminista marcarán su agenda política a corto plazo y determinarán su éxito o fracaso.
Pere Aragonès encarna exactamente lo contrario que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Lejos del trazo grueso y la polarización de la campaña madrileña, el catalán conoce los resortes de la administración y exhibe su moderación y mano tendida. La tan comentada libertad ayusista contrasta con el mensaje integrador del republicano, especialmente cuando afirma que “los catalanes que hoy rechazan la república catalana deben saber que la república catalana nunca los rechazará a ellos”.
96 días después, este jurista de Pineda de Mar ha conseguido ganarse la confianza de la cámara catalana. El primer intento tuvo lugar en el Auditorio; este segundo ya en el hemiciclo. Una larga espera que vendrá acompañada de un tiempo político marcado por la incerteza, que necesitará de nuevos liderazgos capaces de ofrecer respuestas eficaces desde las instituciones.