La jueza rechaza imputar a Esperanza Aguirre por reducir camas en el Hospital Puerta de Hierro
Desoye la petición hecha por la Fiscalía Anticorrupción
La titular del Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid, Mónica Aguirre, ha rechazado la petición de imputación contra Esperanza Aguirre por la reducción de 135 camas en el Hospital Puerta de Hierro. Esta solicitud la lanzó hace unos días la Fiscalía Anticorrupción, alegando prevaricación y malversación en la decisión de la expresidenta madrileña.
En el auto, según recoge ABC, la magistrada también descarta investigar al ex consejero de salud Juan José Güemes y Ana Sánchez Fernández, antigua viceconsejera de Asistencia Sanitaria. En cambio, abre la vía judicial contra Jesús Alejandro Vidart Anchia, General de Gestión Económica y de Compras de Productos Sanitarios y Farmacéuticos en aquel tiempo.
Fuentes fiscales confirman la decisión de la jueza y avanzan que recurrirán la negativa de investigarla.
El pasado lunes, Anticorrupción anunció su petición contra la expresidenta madrileña y su exconsejero de Sanidad, Juan José Güemes, por la eliminación de las 135 camas, que causaron un daño de 10 millones de euros a las cuentas públicas, remarcó el Ministerio Público en su escrito.
En su querella, señalaban indicios de que “prescindiendo del más mínimo procedimiento administrativo de modificación de contratos previsto en la legislación vigente y en el pliego de cláusulas administrativas, se modificó de facto” el contrato de concesión de obra para construir dicho hospital.
La reacción de Aguirre
La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha asegurado estar “muy tranquila” y “contenta” tras el rechazo de la petición de la Fiscalía Anticorrupción para que fuera investigada por la presunta comisión de delitos de prevaricación y malversación.
En una intervención en Cuatro, la expresidenta regional ha querido matizar que este hospital no estaba privatizado y que forma parte de los doce hospitales que se construyeron bajo su mandato.
“Se quería que todos los hospitales nuevos tuvieran habitaciones individuales para que pacientes y sus familias tuvieran intimidad. La jueza ha dicho que el hecho de que una persona esté en un cargo, no es responsable de hacer el tratamiento administrativo que requiere la política”, ha subrayado.
A preguntas sobre por qué se siguió pagando sin modificar el contrato, ha señalado que este extremo tendrá que ver con el expediente administrativo de pago de servicios no sanitarios a la contrata, ya que estos servicios son públicos.
“Que el expediente no se haya hecho correctamente será un asunto administrativo pero la jueza ha dicho que olvidar el principio de la responsabilidad penal es un peligroso instrumento totalitario, el atribuir el delito a alguien solo por estar en el cargo en ese momento”, ha aseverado.
