La Fiscalía pide 47 años de cárcel para Gao Ping, líder del ‘caso Emperador’

La Fiscalía Anticorrupción ha acusado a un total de 107 personas por la Operación Emperador, una macroorganización criminal liderada por el ciudadano chino Gao Ping para llevar a cabo una actividad sistemática de fraude fiscal entre 2010 y 2012. Se enfrentan a delitos que van desde la organización criminal al cohecho, pasando por el contrabando, el blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública, amenazas o detención ilegal.

En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Fiscal solicita la pena de 47 años y tres meses de cárcel para el cabecilla, Gao Ping. Se le endosa más de una decena de delitos, y piden también una multa de 77,5 millones de euros.

Los acusados habrían desarrollado, de manera conjunta, concertada y permanente, distintas actividades criminales encaminadas a obtener un beneficio económico bajo “la autoridad de Gao Ping” y un “grupo de subordinados de su entera confianza”.

En la cúpula, Ping habría ejercido el control del entramado societario con la ayuda de su jefa de contabilidad, Qiaoya Ling, así como de la actividad empresarial y comercial de la organización criminal en Italia a través del huido Xuqun He Wang, el padre de su cuñada.

Ping habría controlado el flujo de dinero que llegaba a cuentas bancarias en China gracias a su red familiar. Su cuñado sería el máximo responsable de la planificación de las transferencias fuera de los cauces legales. Por su parte, la mujer de Ping, Lizhen Yang, se habría encargado de la gestión y administración de las múltiples sociedades que integraban la estructura económica.

Penetración en la sociedad española

El grado de penetración de la organización “en diferentes capas de sociedad española” propició que tuviera un trato de privilegio y de favor “por parte de algunos miembros de la administración española”. Así, Ping disponía de importantes contactos en el Ayuntamiento de Fuenlabrada ―localidad a la que pertenece el polígono de Cobo Calleja― y en las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Por ejemplo, ilustra Anticorrupción, gracias a un guardia civil se retiraron multas de tráfico impuestas a miembros de la red, mientras que el concurso de varios funcionarios contribuyó a facilitar la inmigración ilegal de trabajadores.

En este marco de relaciones, Yongping Xia, otro de los supuestos miembros de la organización, habría jugado un papel importante en la obtención de visados y pasaportes contactando con un trabajador de la Embajada de China.

Para lograr beneficios, también habrían recurrido a “la fuerza física o la violencia”. El propio Ping sería el “responsable de impartir justicia”, ordenando acciones intimidatorias para que sus clientes pagasen los préstamos concedidos previamente.

Ahí entraba en juego Haibo Li, que “estaba al tanto de todas las peleas” y al que “llamaban para posibles ajustes de cuentas o reclamaciones coactivas de dinero prestado”. La organización llegó a amenazar en alguna ocasión con arrancar “las pies y las manos” de una persona si no devolvían los montantes.

Once años de cárcel para Nacho Vidal

La organización también contaría con una serie de asesores encargados de maquillar las cuentas de las empresas pertenecientes al entramado societario de cara a la Hacienda Pública.

François Leiser sería el líder de la rama dedicada al blanqueo de capitales. Para ello, habría puesto en contacto a empresarios de gran poder adquisitivo —como Ping— que manejaban importantes montos en metálico con personas que querían repatriar a España el dinero oculto en paraísos fiscales, todo a cambio de una comisión.

A esto habría contribuido el actor porno valenciano Ignacio Jordá, conocido como Nacho Vidal, que habría participado en los envíos de capital a sabiendas del origen ilícito del dinero. Así, habría utilizado junto a su hermana la sociedad Vidal Production para la emisión de facturas ficticias que dieran cobertura a las transacciones internacionales.

Para Vidal, el Ministerio Público interesa una pena de 11 años de prisión por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil, así como nueve años de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, una multa de más de 50 millones de euros.

El viaje del dinero

Anticorrupción identifica además una “estructura subordinada” encabezada por Cong Liu, “uno de los líderes de la organización criminal” que tenía entre sus subordinados a empresarios chinos y profesionales españoles que actuaban de manera coordinada.

Una de sus lugartenientes sería Beilei Zhang, quien con su propio “grupo familiar” se habría encargado de “recaudar dinero en efectivo de los comerciantes de origen chino” para enviarlo al gigante asiático “utilizando para ello diferentes vías al margen de los cauces legales”.

El punto de partida sería la “necesidad” de los comerciantes chinos afincados en España de mandar a China el dinero no declarado a Hacienda, aunque Fiscalía también apunta a la existencia de “dinero de procedencia ilícita”. Otro de los supuestos cabecillas, Jianjun Zhou, se habría dedicado a importar productos de imitación.

La dinámica habría consistido en entregas en efectivo al propio Cong Liu o a sus emisarios, que movían el dinero, bien de forma rudimentaria, “vía aérea o por carretera” hasta países donde se completaba el envío, bien con métodos más sofisticados como la simulación de remesas de inmigrantes o las “operaciones de compensación entre países”.

Sin embargo, “la tipología principal de blanqueo” eran las falsas remesas, para lo cual solían servirse de gestoras de transferencias. Cong Liu llegó a tener “dos sucursales” en Alcalá de Henares, incluido un locutorio denominado Ángela Chaning.

Pasaportes falsos a seis euros

Para mantener esta supuesta operativa habrían hecho acopio de numerosos “pasaportes chinos manipulados”. La Fiscalía precisa que habrían comprado 3.500 copias a un solo proveedor por 6 euros cada una y que, de los 14.104 ordenantes, solo 32 (un 0,002%) eran personas físicas identificadas como residentes legales.

Alguna vez saltaron las alarmas porque, aunque se mantenían por debajo del umbral de 3.000 euros, solían transferir una media de 950 euros en cada operación, “lo que no se corresponde con envíos propios de remesas”.

Anticorrupción hace hincapié en los descuidos en los que incurrieron con el paso del tiempo a medida que el dinero a mover iba engordando. En este sentido, indica que a finales de 2010 aparecieron ordenantes de remesas con perfiles profesionales “de imposible existencia”, como un notario de 21 años o una cajera de 92.

Expansión internacional

En un momento dado, los controles dificultaron el flujo del dinero, por lo que Cong Liu habría decidido explorar la vía portuguesa. Su idea era abrir una gestora para mover unos 30.000 euros diarios, pero hasta obtener la licencia habrían introducido el efectivo a un ritmo de 100.000 euros por portes pagados a 200.

Una vez en China, el dinero lo recibía la hermana de Cong Liu para hacerlo llegar a sus “destinatarios reales en aquel país, aprovechando en algunas ocasiones también cuentas bancarias de sus padres”.

Fiscalía destaca que “tal es el volumen de dinero que Cong Liu consigue remitir a China, que se hicieron eco en otros países, habiendo dado servicio a empresarios de origen chino establecidos en Italia”.

Además, habría otras “estructuras” al mismo nivel jerárquico que la de Cong Liu pero con otro modus operandi. La presuntamente capitaneada por Wang Feng canalizaba el efectivo por transferencias bancarias entre sociedades instrumentales y la que habría comandado Jianren Zhang importaba mercancías de bazar pero solo declaraba “un máximo del 10%”.