La Fiscalía descarta el delito en las protestas ante la casa de Iglesias y Montero: "incómodas pero no amenazantes"

La Fiscalía Provincial de Madrid se opone al recurso presentado por la ministra de Igualdad, Irene Montero, contra el archivo de la querella contra la concejal de Vox en Galapagar, Cristina Gómez, por coacciones y acoso diario en su domicilio y redes sociales.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Collado Villalba (Madrid) decretó el 13 de julio el sobreseimiento provisional de la causa al no apreciar indicios de delito en la actuación de la concejala, una decisión que fue apoyada por el Ministerio Público.

Fuentes fiscales informan a Efe este martes que la Fiscalía no ha variado su posición, por lo que ha impugnado el recurso de apelación que la titular de Igualdad interpuso ante la Audiencia Provincial.

De esta forma, el Ministerio Público no ve delito en las protestas que se producen en el domicilio del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad desde mayo.

″Incómodos pero no amenazantes”

Entiende que las expresiones y gritos pueden resultar incómodos pero en ningún caso son amenazantes ni atentan contra el orden establecido ni contra los agentes policiales apostados en las inmediaciones de la residencia en Galapagar (Madrid).

Montero, en cambio, considera que el proceder de la concejala “puede ser constitutivo de delito”, ya que esta mujer ha ido a su casa durante más de un mes a pedir que ella y su familia se vayan de su hogar y abandonen el país “rumbo a Venezuela” y que incluso ha manifestado en las redes sociales que no pararía hasta conseguirlo.

“Eso no forma parte del derecho de manifestación y es peligroso para la democracia que la extrema derecha intente hacer pasar este discurso de odio por derecho de manifestación”, dijo Montero el pasado junio cuando presentó la querella ante el juzgado.

La dirección de Podemos ha arremetido todo este tiempo contra la “actitud pasiva” de la Fiscalía frente al acoso a sus dirigentes en su domicilio, donde se producen concentraciones habitualmente.

“El acoso a la casa de la familia de Iglesias y Montero es público desde el primer momento, y lo llevamos denunciando desde hace más de tres meses. En todo este tiempo no ha habido ninguna noticia de la Fiscalía”, lamenta una fuente de la dirección.

Iglesias y Montero decidieron suspender sus vacaciones en Felgueras (Asturias) y regresar a Madrid “por seguridad” ante las amenazas vertidas contra ellos en las redes.

Este lunes, además, presentaron dos denuncias ante la Comisaría del Congreso de los Diputados por un delito de incitación al odio y a la violencia contra sus tres hijos y por el acoso que sufren en su propia casa. El vicepresidente segundo y la ministra de Igualdad han aportado como pruebas algunos mensajes de Twitter en los que dos usuarios señalan a los menores de edad, unos hechos por los que solicitan la apertura de una investigación y han relatado cómo un grupo de personas lanzó objetos al interior de su hogar una madrugada.