La escuela pública es la pública

La obligación esencial de un estado ‘social y democrático de derecho’ (¿qué parte del ‘social’ constitucional no se entenderá cabalmente aún a estas alturas del desastre?) es garantizar a todos los ciudadanos el acceso a la enseñanza pública, pero una enseñanza pública de calidad, eficiente y suficiente para atender toda la demanda. Esa enseñanza pública al ser, insisto, un servicio público, tiene por consiguiente la obligación de educar en la escala de los valores constitucionales. No formará buenos ciudadanos si los ciudadanos ni tienen interiorizados las que podríamos llamar las ‘virtudes’ de la ética constitucional. No hace falta inventar. Los españoles aún seguimos siendo una manufactura democrática voluntarista, hecha con mucho tesón, pero falta de un elemento esencial que es la buena fe y la tolerancia, y con un rodaje insuficiente. Como los coches de antes, necesita aún unos miles de kilómetros antes de estar en plena forma mecánica. Encima, las taras de la dictadura no se quitan con un pulverizador quitamanchas. Aunque el tigre viva entre corderos e incluso sea amamantado por un vaca de la variedad rubia gallega siempre seguirá teniendo un traje unisex a rayas.

La enseñanza concertada nació en un momento histórico muy concreto: las masificadas escuelas y los masificados institutos del franquismo no podían atender a la demanda. Los esfuerzos presupuestarios de los gobiernos de la Transición y de los primeros gobiernos socialistas acudieron a los conciertos (no a los sinfónicos, que también) para suplir las carencias cuantitativas de la dependiente del Estado. La intención no fue, en absoluto, enmendar el mandato aconfesional y, mutatis mutandis, laico de la CE78 por un atajo, y mantenerle a la Iglesia Católica los privilegios que ya arrastraba en el campo de la educación desde el siglo XIX, y que tan bien refleja el conde de Romanones en sus memorias, y Benito Pérez Galdós en sus obras, y sobre todo en aquella bomba anticuras que fue Electra. 

Poco a poco, sin embargo, la enseñanza pública fue perdiendo calidad, a pesar de la entrega de su núcleo docente más entregado y mentalizado de que, como decía Thomas Jefferson, “desde que alguien asume un cargo público debe considerarse a sí mismo como propiedad pública”. Esto vale para los políticos y para los funcionarios. Además, “no puede esperarse que los hombres sean trasladados del despotismo a la libertad en un lecho de plumas”. 

La competencia no es mala cosa; como hubiera dicho M. Rajoy, al contrario, es buena cosa. Pero en un marco de equilibrio. Poco a poco la concertada fue aumentando su influencia y viendo mejorada su situación por los gobiernos conservadores, que en muchos momentos hicieron buenas las advertencias de J.M. Keynes en Brighton sobre su innata tentación reaccionaria, mientras en paralelo se recortaban los presupuestos y problemas laborales, como frecuentes huelgas o la desidia a la hora de contratar sustituciones, o el acceso de mediocres con carné de partido a las direcciones de los centros, todos ellos elementos que distorsionaron las leyes de la ‘mano invisible’ del mercado educativo. ‘A mayores’, como se diría en Galicia, la Conferencia Episcopal y sus medios propios o entregados a la causa de la antiizquierda, fueron ganando posiciones con una bien diseñada estrategia de conquista de posiciones, de abuso del adoctrinamiento religioso, y de ‘cruzada’ política. La coincidencia  de objetivos con la derecha convirtió su condición complementaria en una condición prioritaria. Volver las aguas a su cauce fue desde entonces considerado un atentado a los designios divinos… que en vez de agua bendita tenía como combustible un aumento constante de su apoyo económico. Y de su influencia política.

Hubo comunidades autónomas, como Canarias, en que el momento determinante del gran trasvase de alumnos de la pública a la concertada, y a la privada pura, puede situarse con un error de meses, en el momento en que los sindicatos consiguieron sustituir la jornada laboral partida por la continua, mientras proliferaban los conflictos laborales y las exigencias sindicales a veces disparatadas en la pública. En un tiempo de relativa bonanza económica, con padre y madre trabajando, la salida para que ambos mantuvieran las expectativas de mejoras profesionales y la estabilidad en el empleo fue elegir la concertada o privada para sus hijos, aún haciendo frente a cuitas reales de 500 a 700 euros mensuales. Distintos estudios de organismos educativos captan esta señal en el universo profundo.

En esa situación –tantas veces provocada por la tacañería o el pasotismo culposo y premeditado de la administración– la concertada en su mayor parte religiosa amén, aumenta su poder. También en comunidades autónomas nacionalistas cuyas radicales ‘inmersiones’ son claramente rupturistas con el espíritu constitucional que establece la cooficialidad del español con las lenguas vernáculas, y aún con los dialectos. Y quizás un día hasta con el que se llama ‘lenguaje silbado’ de algunas de las Islas Canarias, como La Gomera, que incluso podría tener una academia propia para normativizar, fijar y dar esplendor a esta modalidad lingüística. Sería una manera de alcanzar, por otra parte, una barrera defensiva ante los opositores de la España que tiene la alambrada del catalán, el valenciano, el mallorquín… que rompen el principio de igualdad de oportunidades.

Tiempo al tiempo, que hay excéntricos con muchas horas libres para parir ocurrencias. Hay muchos falsos progres que creen que lo progresista es seguir desarbolando al Estado y volver a los estaditos del nunca jamás.

La universidad pública no es inmune a este síndrome. Al contrario, la enfermedad se ha cronificado. La libertad de establecimiento de las universidades privadas ha introducido la competencia; pero en este sector la función del Estado es distinta a las otras enseñanzas no universitarias.  o hay ‘concertadas’, aunque pueda haber líneas de ayudas o becas. El combate se libra en la calidad de la docencia, en la investigación, como valor añadido esencial, a la vez para la formación y para la autofinanciación, y en demasiadas ocasiones para trampear la incompatibilidad del funcionario a través del blanqueo en fundaciones, y en la eficiencia en el uso del dinero público.

Los efectos del corporativismo y la endogamia en las universidades públicas, por un sistema de gobernanza anacrónico, virreinal y post franquista, rara avis en Europa, son demoledores. El pasotismo en el control del profesorado, las locuras que se ofrecen en las campañas electorales para el rectorado, que en nada se diferencian de las políticas en las autonomías o ayuntamientos más insensatos y manirrotos, carné al menor despiste o tropezón del Tribunal de Cuentas, juzgado de instrucción o fiscalía, o razonable repulsa social… han ido dejando espacio libre a las privadas, aunque a veces sean meros chiringuitos, que ya irán desapareciendo por su propio peso.

No es normal, por ejemplo, que en muchas universidades públicas, en vez de racionalizar los presupuestos, en unas circunstancias de recortes generalizados, y hacer más con menos, por mera supervivencia, se empleen más de 200.000 euros en matrículas gratuitas para los hijos del profesorado, al margen de los ingresos familiares y de los aprovechamientos académicos. O que las recomendaciones del Tribunal de Cuentas de aumentar los fondos propios se dirijan siempre al aumento de tasas académicas, en vez de, por ejemplo, valorizar determinados servicios como los aparcamientos reservados; o que en vez de ‘colaborar’ con los gobiernos regionales en la pandemia, bien con la transición digital, en lo que por lo general han fracasado, o con proyectos a realizar en jornada laboral, con los medios humanos y técnicos de la universidad… adjunten un presupuesto proforma o algo muy parecido al lado.

La endogamitis, hermana gemela de la soberbia,  desconoce la frontera que separa lo normal de lo anormal… junto al precipicio de lo penal.

Mientras los rectores en su captación de votos sigan rebajando irresponsablemente las exigencias de las normas de progreso y permanencia para encubrir el fracaso docente y mantener la paz de los incapaces… la riada hacia la privada irá aumentando, en condiciones económicas normales.

La Ley Celaá, en fin, tiene sin duda un defecto de origen, no ha podido ser consensuada. Una vez se estuvo a punto, con Ángel Gabilondo como ministro, pero se frustró en el último tramo.

Ahora lo importante son algunas cosas: un presupuesto de choque para recuperar la calidad de la pública no universitaria, una ley de universidades que europeíce la gobernanza y más presupuesto universitario… previas auditorías y con objetivos de interés general. Y el que no los consiga… que con su capa haga un sayo. En Europa ya han comenzado las absorciones.