La directora del CNI no responde ni a una pregunta del Europarlamento sobre el uso de Pegasus

“El CNI es la única institución que tiene una comisión parlamentaria [en el Congreso de los Diputados] para dar cuenta de sus actividades y solo ante ella puedo hacerlo. [...] ”. Estas fueron ayer las palabras que Esperanza Casteleiro, directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), empleó ayer en el Europarlamento para eludir responder a las preguntas de los parlamentarios comunitarios sobre el uso del programa de espionaje Pegasus. Hasta 28 cuestiones plantearon los eurodiputados a la española, en el marco de la comisión especial creada para estudiar los efectos de esta tecnología en los Veintisiete. Y ni una respuesta.

La directora del CNI se limitó a explicar pormenorizadamente el marco legal en el que operan los servicios secretos españoles y se amparó en la Ley de Secretos Oficiales para evitar dar explicaciones sobre el caso. La comisión lleva ya meses estudiando a Pegasus y, en el caso de nuestro país, el caso tiene dos vertientes: por una parte, habló del espionaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y a ministros como Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, por parte de un tercer país, con las sospechas apuntando a Marruecos. Y, por otro, se abordó el caso más polémico, el espionaje de al menos 65 políticos independentistas catalanes que, según un informe preliminar de la Eurocámara, habría llevado a cabo el propio Ejecutivo central.

Casteleiro no cerró la puerta a repasar las cuestiones que se le formularon, para ver si legalmente puede contestar a alguna, y entonces hacerlo “por escrito”.

Su negativa de ayer fue general. No contestó a diputados de otros países pero tampoco a los españoles e, incluso, a algunos de los propios espiados, supuestamente. Por ejemplo, se le preguntó en varias ocasiones si el CNI cuenta con Pegasus entre sus herramientas de espionaje. Uno de quienes consultaron por esto fue Carles Puigdemont, el expresidente catalán huido de la justicia española, pero también insistieron en ello diputados de Ciudadanos como Jordi Cañas.

Cañas defendió el silencio de la jefa de los servicios secretos. “No es que no quiera hacerlo, es que no puede hacerlo. Se trata de una ley y en un Estado de Derecho hay que respetar las normas.... El Centro Nacional de Inteligencia ha respetado la ley. Ha investigado a personas por un supuesto delito y bajo orden judicial. Me refiero a los 18 sobre los hipotéticos 65. Y ha venido a mostrar respeto a esta comisión y a decir lo que puede, que es muy poco”.

Otras cuestiones han versado sobre cómo se destruye el material recogido durante las investigaciones que no tiene relación con ellas, formulada por el socialista Juan Fernando López Aguilar, o si el CNI puede espiar en el extranjero o lo ha hecho en Alemania o Suiza, consultado por representantes de Alemania.

La belga Saskia Bricmont, de Los Verdes, dijo estar especialmente preocupada por los eurodiputados que han sido vigilados. “Entre ellos figuran compañeros del Parlamento Europeo, cuya inmunidad les protege en el marco de su mandato. Y por lo tanto, espiar a los eurodiputados es ilegal. No hemos obtenido respuesta a ello durante la audiencia. Por un lado, lo que pedimos es que la justicia haga su trabajo con total independencia. Por otro lado, también pedimos a los gobiernos que compartan más información con la comisión de investigación, porque todos están utilizando el argumento de la seguridad nacional”, aseguró.

La comisión que investiga Pegasus ha visitado recientemente los principales países en los que se ha revelado el uso de programas espía (Hungría, Polonia y Grecia), así como Israel, país de origen de la empresa que los fabrica, NSO. Pero el bloqueo de PP, PSOE y Ciudadanos ha hecho imposible por ahora la visita a España.