La Audiencia mantiene en prisión a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart

Jordi Sánchez y Jordi Cuixart seguirán en la prisión de Soto del Real (Madrid). La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado este viernes los recursos de los presidentes de la Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) y de Òmnium Cultural, contra la prisión provisional que dictó contra ellos la juez Carmen Lamela el pasado día 16.

La decisión no ha sido unánime, ya que uno de los cinco magistrados que integraban la Sala, José Ricardo de Prada, ha votado en contra y emitirá un voto particular. Este viernes se ha adelantado el fallo y los autos serán notificados en los próximos días, han informado fuentes jurídicas.

La decisión se ha comunicado horas después de que se celebrara, a puerta cerrada, la vistilla en la que los abogados de los líderes de las asociaciones catalanas han argumentado, para solicitar la excarcelación, que la situación en Cataluña "ha cambiado" y "sobrepasa" la existente cuando se dictó la prisión tras la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) y la aplicación del artículo 155 de la Constitución, lo que que conllevó la disolución del Parlamento de Cataluña y que el Govern fuera cesado.

Además, los defensores de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart han argumentado que esta circunstancia prueba que no tienen posibilidad de reiteración delictiva, tal y como destacó la Fiscalía, porque estos acontecimiento sucedieron casi dos semanas después de entrar en la cárcel.

Los autos que dará a conocer la Sala los próximos días, y cuyos ponentes serán los magistrados Ángel Hurtado y Julio de Diego, recogerán previsiblemente los argumentos de la Fiscalía, cuyo representante este viernes en la vistilla, Pedro Rubira, se ha opuesto a la excarcelación de los investigados.

Eran "conscientes" de que desarrollaron una "actuación al margen de las vías legales"

Los magistrados comparten los argumentos de la Fiscalía para mantenerles en prisión. En las vistillas han sostenido que los investigados continúan desde prisión "llamando a la movilización social para conseguir de las autoridades catalanas la desconexión forzosa de Catalunya".

Según el Ministerio Público, tanto Sànchez como Cuixart eran "conscientes" de que esos días desarrollaron una "actuación al margen de las vías legales impidiendo la aplicación del ordenamiento jurídico en su conjunto y, en particular, de la norma fundamental de todos los españoles, la Constitución".

La Fiscalía mantiene que el "llamamiento" que hicieron a la movilización mientras se estaban realizando los registros en sedes de la Generalitat "no era para realizar una concentración o manifestación pacífica, sino impedir que los miembros de la comisión judicial pudieran desarrollar sus funciones en cumplimiento de la ley e impedir el normal ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, e impedir el normal desenvolvimiento de una sociedad democrática que propugna como valor supremo el Estado de Derecho".

COMPETENCIA PARA INVESTIGAR LOS HECHOS

Por otro lado, la Sala confirma la competencia de la Audiencia Nacional para investigar estos hechos enmarcado en el delito de sedición, ya que se desestima la alegación presentada por los abogados defensores de que la competencia corresponde al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.

Según han contado las fuentes jurídicas presentes en la Sala, los letrados han presentado "documentos" del juez de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, que investiga los hechos relacionados con los preparativos del referéndum del 1 de octubre, como el auto en el que ordenó las entradas y registros de varios departamentos y organismos del Govern, el pasado 20 y 21 de septiembre, en el que se muestra competente para instruir estos hechos y delitos.

Precisamente, por los acontecimientos y movilizaciones sociales que tuvieron lugar estos días frente a las sedes dependientes del gobierno autonómico, se encuentran investigados por sedición los presidentes de ANC y Òmnium Cultural.

Con respecto a Cuixart, su abogada, Marina Roig, ha aportado a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal pruebas gráficas y grabaciones que, en su consideración, demuestran que su defendido no impidió la salida de la comitiva judicial tras los registros, han apuntado las fuentes jurídicas.

En cuanto al riesgo de fuga y la destrucción de pruebas, los abogados han destacado en que la magistrada instructora no precisa, ni argumenta debidamente esta posibilidad. Es más, han insistido en que no existe probabilidad de que puedan huir porque han sido citados en dos ocasiones y siempre han acudido.