La Abogacía pide un Pacto de Justicia y una Ley de Derecho de Defensa

La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, ha pedido este miércoles un Pacto de Estado de Justicia y la aprobación de una Ley Orgánica del Derecho de Defensa que asegure la “igualdad de armas” en los procesos, así como políticas contra el intrusismo profesional.

Estas son algunas de las solicitudes que ha formulado Victoria Ortega en el Foro del Colegio de Abogados de Madrid en el que ha sido presentada por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.

A juicio de Victoria Ortega es necesario llegar a un consenso para alcanzar un Pacto de Estado de Justicia, “que recoja reformas integrales y estructurales” que a su juicio son necesarias.

En este sentido ha recordado que informes de instituciones de la Unión Europea señalan que la justicia española tiene déficit.

Ha añadido que “sin justicia no hay sociedad, Estado ni convivencia y no funciona nada ya que condiciona la realidad socio-económica”.

Ha puesto como ejemplo los “cuatro mil millones de euros inmovilizados en los juzgados a consecuencia de una justicia lenta” y ha añadido que “la congestión judicial tiene un impacto negativo en la tasa de inversión de las empresas”.

Victoria Ortega ha comentado que en un momento en el que hay que abordar nuevos fenómenos como la ciberdelincuencia “nos seguimos rigiendo por normas del siglo XIX que hay que adaptar a la realidad”.

Igualdad de armas en los procesos

También ha reclamado la aprobación de un Ley Orgánica de Derecho de Defensa “para asegurar la igualdad de armas en los procesos” y garantizar la confidencialidad y el secreto profesional.

En este sentido ha mostrado su preocupación por nuevas normas como las de persecución del blanqueo de capitales que “criminalizan a profesiones y profesionales” como los abogados.

Igualmente cree necesario llevar a cabo políticas contra el intrusismo y aprobar definitivamente el Estatuto General de la Abogacía con exigencia de colegiación para ejercer de abogado con garantías de su formación y control deontológico.

En este marco Victoria Ortega estima que no es contrario a la libre competencia que los ciudadanos conozcan los costes de los procedimientos judiciales en los que participan.

También considera que se debería facilitar la conciliación de los abogados y por ello se ha congratulado de una reciente sentencia que ha reconocido el derecho a la suspensión de un juicio ante la inmediata paternidad de un letrado que tenía que participar en el mismo.

Ortega ha abogado por impulsar mecanismos alternativos a la justicia para la resolución de conflictos como la mediación y el arbitraje.

En el Foro tanto Victoria Ortega como el decano del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso, han sido preguntados por el papel que puede jugar de la abogacía en la situación política de Cataluña.

Al respecto José María Alonso ha opinado que la solución por la vía política “es muy complicada pues la pretensión de grupos catalanes del derecho a la autodeterminación no tiene encaje en la Constitución y el Gobierno de España tiene escaso margen para ceder”.

A juicio de Jose María Alonso “en el problema catalán la Abogacía puede jugar un papel tan importante como jugó en la transición” por lo que ha realizado un llamamiento a todos los abogados “para que trabajen en este sentido” y “para convencernos de que somos más potentes con Cataluña con el resto de España”.

Victoria Ortega se ha adherido a las palabras de José María Alonso y se ha mostrado esperanzada en que este conflicto se va a solucionar.