El Gobierno permitirá a las menores de 16 y 17 años abortar sin permiso parental
La nueva ley incluirá el derecho a las “formas más novedosas” de anticoncepción y la promoción de la educación sexual y reproductiva
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha anunciado este miércoles que el Gobierno ha comenzado los trabajos para cambiar la ley de interrupción del embarazo y derogar la reforma de 2015 con el objetivo de que todas las mujeres tengan el derecho a decidir sobre sus cuerpos.
En una comparecencia ante la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, Montero ha avanzado que se modificará la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que incluirá el derecho a las “formas más novedosas” de anticoncepción y la promoción de la educación sexual y reproductiva. Esta reforma prevé eliminar la obligación del permiso paterno para que las jóvenes de 16 y 17 años puedan abortar, una condición incluida durante el Gobierno del PP.
Montero ha reivindicado el derecho a la interrupción del embarazo en condiciones de seguridad. “Reivindicamos, como tantas voces verdes y moradas en todos los rincones del mundo, el derecho de todas las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y reivindicamos una maternidad libremente decidida y sobre todo una vida sexual plena y libre”, ha señalado.
Acabar con el SAP
Montero se ha comprometido con otra de las reivindicaciones feministas de los últimos años: acabar con la aplicación del llamado síndrome de alienación parental a la hora de determinar la custodia de los menores, al considerar que carece de aval científico e invalida el derecho de los niños a ser escuchados.
El síndrome de alienación parental (SAP) se esgrime en algunas resoluciones judiciales para retirar la custodia a mujeres por considerar que manipulan a los niños contra el padre, a pesar de que no es reconocido por ninguna sociedad científica y de que el Consejo General del Poder Judicial ya se pronunció en 2013 en contra de utilizarlo. Montero ha indicado que su ministerio trabaja junto al de Justicia y la Vicepresidencia de Derechos Sociales para adoptar “todas las medidas necesarias” para evitar que el SAP, que presume interferencia o manipulación adulta del menor, sea tomado en consideración por parte de la Justicia.
En concreto, el Gobierno pretende “prever una cautela explícita” frente a la aplicación de criterios y teorías sin aval científico que “invalidan de partida el testimonio” de niños y adolescentes, especialmente en los casos de rechazo paterno, por presumir interferencia adulta, ha detallado la ministra de Igualdad.
Ha destacado también que las consecuencias de su aplicación resultan “enormemente preocupantes”, pues pueden contribuir a la “impunidad de formas de violencia contra la infancia y son desde luego inasumibles para un Gobierno feminista”.
“Ser escuchados a cualquier edad”
La protección de la infancia ha tenido un gran peso en la comparecencia de Montero, que ha avanzado que la futura Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual incluirá a todos los menores que hayan sido víctimas de delitos sexuales y no sólo a las mujeres a partir de 16 años, como se había establecido inicialmente en el anteproyecto.
La ministra ha recordado que la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas hace hincapié en que es un derecho fundamental de los menores el “ser escuchados a cualquier edad”.
Por ello, ha mostrado su “especial ilusión” de emprender estas medidas que han sido una “reivindicación histórica del feminismo” que han peleado las mujeres “durante tantos años”.
Otras novedades que se han incluido en el anteproyecto durante la fase de consulta pública ha sido la inclusión del feminicidio sexual como parte del ámbito de aplicación de la norma y una mejora en la protección de las víctimas de la industria de la explotación sexual, así como una nueva tipificación en el Código Penal para la persecución del delito de proxenetismo.
Asimismo, Montero ha indicado que la futura Ley de protección integral de la infancia y la adolescencia incluirá elementos fundamentales para proteger a los niños que sufren la violencia de género en su casa.
Por último, la ministra de Igualdad ha subrayado que el Ejecutivo dará un “impulso importante” a la Educación infantil en el tramo de 0 a 3 años, dado su impacto positivo en la inserción laboral de las mujeres y en la lucha contra la pobreza y vulnerabilidad de las familias.
Vencer al machismo
La ministra ha asegurado que en España se necesita “una agenda feminista para la reconstrucción”. Ahora, con el coronavirus, “es más urgente que nunca ofrecer soluciones”, ha asegurado, “será imprescindible que esta agenda esté reflejada en los Presupuestos Generales del Estado”, ha asegurado.
