Belarra: "Para que haya acuerdo de presupuestos con el PSOE tiene que haberlo en vivienda, es ineludible"

“Confío en que haya acuerdo de presupuestos, pero tiene que ser un buen acuerdo”. Esta es la reflexión que lanza la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, en estos intensos días de negociaciones con sus socios socialistas para sacar adelante las cuentas públicas para el próximo año.

Belarra (Pamplona, 1987) negocia por primera vez los presupuestos ya sentada en el Consejo de Ministros. Y avisa de varias líneas rojas que deben estar en el proyecto: el impuesto mínimo de sociedades del 15% y la regulación de los alquileres en la ley de vivienda. “Es indispensable”, comenta, para recalcar a la vez la idea de que el Gobierno se juega en este otoño su reelección. Por eso reclama medidas “ambiciosas”.

Pone como ejemplo de iniciativas valientes de la coalición el paquete para bajar la factura de la luz y comenta que las eléctricas no le está echando un pulso al Ejecutivo, sino a toda la ciudadanía. Desde su despacho, reflexiona además sobre el ambiente que se está viviendo estos días en el Congreso: “La única propuesta de la oposición es el insulto”, “la ultraderecha no respeta las reglas del juego democrático”. En un universo en el que hay lucha de “egos”, como ha dicho la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Belarra la secunda: “Lo que estamos haciendo con ella y con el equipo de mujeres que hemos tomado el mando en UP es cambiar eso. Desde nosotras mismas, trabajar en equipo y por consenso, tratar de construir un proyecto que vaya más allá de nosotras mismas y de los partidos y que nos permita llegar a la gente a la que no hemos sido capaces de llegar en estos años”. Días cruciales para la coalición y el futuro del país. Y en la estantería, entre libros, ha colocado su cartera de ministra.

¿Habrá acuerdo con el PSOE para los presupuestos generales?

Son unos presupuestos enormemente importantes, más allá de que quizás se ha transmitido un mensaje que no es correcto de que son algo así como un mero trámite. En realidad, tienen que ser la primera piedra de ese camino hacia una reconstrucción justa. Llevamos mucho tiempo trabajando con el PSOE porque pensamos que la primera propuesta no era lo suficientemente ambiciosa para cumplir con las expectativas de la mayoría de la ciudadanía sobre este Gobierno de coalición. Ahora que la vacunación está muy avanzada y empezamos a recuperar de alguna manera la normalidad, que es la mejor de las noticias, el Gobierno ya no va a tener que dedicarse tanto a la gestión de la pandemia. Lo hemos hecho de una manera muy diferente a cómo se gestionó la crisis de 2008. Hemos cuidado de la gente, hemos despegado el escudo social, hemos prorrogado los ERTE. Pero ahora toca ponerse a cumplir el acuerdo de Gobierno y desplegar esa agenda social y democrática. Dicho esto, confío en que haya un acuerdo. No se van a cumplir los plazos que fijó el presidente a comienzo del curso, pero confío en que podamos tener un acuerdo en las próximas semanas. Eso sí, tiene que ser un buen acuerdo y los presupuestos tienen que constituir esos primeros cimientos para una recuperación justa.

¿Eso en qué se traduce?

En, al menos, tres elementos que tienen que estar sí o sí. Estamos pensando ya en la España de después de los fondos europeos, que tiene que fijar un suelo de ingresos. Eso pasa necesariamente por abordar ya la reforma fiscal para poder tener ingresos suficientes el día de mañana para poder fortalecer los servicios públicos. Nosotras pensamos, y también ahora el G-20, 130 países que sustentan ese acuerdo y la Administración Biden, que las grandes empresas asuman su responsabilidad y su parte en esa reconstrucción. No puede ser que las grandes empresas en España se vayan a beneficiar de los fondos europeos y no se corresponsabilicen también de la reconstrucción. Por eso pensamos que ese impuesto mínimo del 15% sería un buen comienzo. Hay grandes empresas que pagan muchos menos impuestos proporcionalmente que una peluquería, un bar o un periodista que trabaja por su cuenta. Por ejemplo, el Banco Santander estuvo casi cuatro años, según las informaciones que se han publicado, pagando cero euros de impuesto de sociedades. Eso es abiertamente inconstitucional porque nuestra Constitución dice claramente que el sistema tributario tiene que ser justo. No puede ser que los trabajadores paguen más impuestos proporcionalmente que las grandes empresas. Ese 15% mínimo tiene que estar en los presupuestos y tiene que estar ya. Calculamos que supondrían unos ingresos para las arcas públicas de entre 3.000 y 8.000 millones de euros al año, que nos acercarían un poco a la recaudación fiscal que fija la UE. 

Además de eso, pensamos que las familias necesitan un espaldarazo fuerte por parte del Gobierno. Si algo nos ha enseñado la pandemia, es que la conciliación en España son los abuelos, los padres y las madres y las escuelas infantiles. Cuando cierra todo, la conciliación es simplemente imposible. Quiero recordar sobre todo a madres con niños correteando por detrás en las videoconferencias. Ha llegado el momento de que las familias españolas sientan que estamos ahí, ampliando los permisos de paternidad y maternidad y asegurando una prestación por crianza de cien euros al mes para todas las familias con niños por debajo de tres años. 

¿Qué más?

Además de esto, la gente ya no entiende por qué se ha retrasado la ley de vivienda de esta manera absolutamente injustificable. Es absolutamente ineludible. El PSOE sabe que para que haya acuerdo acuerdo necesitamos que la ley de vivienda esté acordada también. Es un acuerdo que fijamos el año pasado, ese retraso es injustificable. El PSOE sabe que para que haya acuerdo de presupuestos tiene que haber acuerdo en vivienda.

¿Por eso han registrado esa ley de Vivienda en el Congreso? ¿Es una presión al PSOE? ¿Tienen miedo a que los socialistas no quieran aprobarla?

No exactamente. En realidad, esta ley no es nuestra, es de los colectivos y de los movimientos sociales. Si hay un movimiento en España con un respaldo mayoritario, es el de la vivienda digna. De hecho, tenemos compañeros que vienen de ahí. Son estos movimientos los que han promovido esta ley y nosotras lo que hacemos es dar traslado al Congreso junto con otras fuerzas, que son, por cierto, las que sostienen al Gobierno y que arman la mayoría parlamentaria. Le están diciendo al Gobierno o por lo menos a la parte del Gobierno que no está por la labor de llevar adelante la ley de vivienda que es urgente, que la gente necesita que se bajen los alquileres, que se frenen los desahucios con carácter estructural y tener un parque público de vivienda que haga que los alquileres y las hipotecas sean más asumibles.

¿Dónde está la fricción con el PSOE? ¿En la regulación de los alquileres? ¿Cómo están las posturas? ¿Qué propone exactamente UP?

En las últimas semanas hemos avanzado en la negociación. Estamos cerca, pero hay un elemento clave donde está la discrepancia: la regulación de los precios del alquiler. Llegamos a un acuerdo con el PSOE con los presupuestos del año pasado que decía muy claramente que tenemos que limitar las subidas abusivas y tenemos que lograr que los precios bajen. No podemos olvidar que se ha generado una burbuja de manera artificial por parte del sector inmobiliario para hacer que los alquileres estén muy hinchados. Tienen que bajar, ¿a qué precio? A los índices de referencia, que son los que fijan las comunidades autónomas o en su defecto el Ministerio de Transportes. Esos serían los precios que marcarían lo que puede asumir la ciudadanía de nuestro país y que harían que esas familias que pagan ahogadas a final de mes vivieran un poco mejor.

¿Puede pasar como con el SMI o el ingreso mínimo y que al final haya acuerdo? ¿El PSOE se avendrá a esas posturas?

Estoy convencida porque, además, la gente ha vivido durante mucho tiempo con un bipartidismo y después del 15-M ya no se acepta presentarse a unas elecciones con un programa y olvidarlo cuando gobiernas. La gente no asume ya que los políticos se comprometan a una cosa y no la cumplan. Estoy convencida de que vamos a ser capaces de llegar a un acuerdo. Lo que es urgente es que se dé pronto porque la tramitación parlamentaria es lenta y me gustaría que tuviésemos aprobada la ley lo antes posible para que las comunidades puedan regular los precios.

¿Confían en que, si llegan a acordar los presupuestos, tejer una mayoría con los socios de investidura? Desde UP están criticando al PSOE de no cuidar esa mayoría…

Efectivamente. Hemos sido la fuerza que más ha trabajado para construir esa mayoría plurinacional y progresista que ahora marca la dirección de Estado. Lo hicimos, a pesar de que los números se habían expresado con muchísima claridad desde 2016, desde 2018. Las propuestas que UP está poniendo encima de la mesa son las que van a permitir construir esa mayoría. Si escuchas a los socios, como ERC y Bildu, son propuestas muy similares a las que estamos poniendo encima de la mesa Unidas Podemos. Que los presupuestos incluyesen esas medidas es lo que nos va a permitir garantizar que hay mayoría para salir adelante. Desde mi punto de vista, es cuidar la coalición.

¿Qué les dice el PSOE para no pactar ese sistema de precios?

El debate ha quedado claro en este último año, no profundizaría en esa cuestión, han expresado claramente que apuestan por los incentivos fiscales Desde nuestro punto de vista, eso supone asumir con dinero público, que no se va a destinar a los servicios públicos, el compensar lo que pierdan los arrendadores por bajar el precio. No lo vemos así, pensamos que se puede seguir haciendo negocio en el mercado inmobiliario con precios más asequibles. Y eso pasa por la limitación, que además es una medida que ya está funcionando en otros países de la UE y en Cataluña. Los datos están ahí: después de un año de implementación los precios bajan y no ocurre que baje la oferta de vivienda en alquiler, algo que preocupa a los socios socialistas. Tenemos que apostar por las medidas que sabemos que han funcionado. 

¿Cómo está la salud de la coalición en estos momentos?

Creo que es buena. Hago una reflexión más general de lo que está pasando en el contexto político de nuestro país. Ahora mismo lo que vemos es que los grandes debates de país, los que afectan realmente a la gente, como las medidas para bajar la factura de la luz, la subida del SMI o las de apoyo a las familias, se están dando en el seno del Gobierno. Estamos debatiendo sobre problemas reales. Frente a eso vemos a una oposición que la única propuesta que tiene es el ruido o el insulto para tapar la realidad. Se ha visto muy bien en la convención del PP durante estos días. La única medida que ha trascendido es que han invitado al expresidente Sarkozy, condenado por corrupción en marzo y ahora por financiación irregular de campañas electorales, algo de lo que el PP sabe bastante. Es evidente que tenemos en el principal partido de la oposición una amenaza para la democracia, se sitúa permanentemente al margen de la legalidad, que no tiene ninguna propuesta para nuestro país y que en medio de una crisis no tiene propuestas. Es dramático, el PP rebaja la calidad democrática a nuestro país. Lo que veo es que el bloque de gobernabilidad progresista, que conformamos UP y el PSOE con la mayoría parlamentaria, sólo tiene una alternativa, que es un gobierno de PP y Vox. Por lo tanto, cuidar esta mayoría y la coalición con propuestas que estén a la altura de lo que reclama la gente es absolutamente prioritario para no defraudar expectativas. Tenemos que estar a la altura.

¿Confía en que llegarán hasta 2023?

Si, sin ninguna duda. Creo que la legislatura se va a agotar.

En UP dicen que este otoño se la juega la coalición y será clave para la legislatura. ¿Por qué?  

Efectivamente, porque nos estamos jugando que un bloque de derecha y de extrema derecha sea la única alternativa. Tenemos que cuidar al electorado progresista y al conjunto de la ciudadanía y asegurar que se avanza de manera firme en derechos y libertades. ¿Por qué lo pienso? Todo el mundo sabe que si UP fuera la primera fuerza del Gobierno, habría cosas que se hubieran hecho hace mucho tiempo. Lo que no puede hacer este Gobierno es arrastrar los pies, tenemos que ir por delante y avanzando en debates que la sociedad nos está pidiendo. El Congreso aprobó esta semana prohibir la venta a pérdidas para los agricultores y los ganaderos de nuestro país, un avance sin precedentes. Se ha abierto esta semana la tramitación de la ley de salud mental y ahora también el debate sobre la regulación del cannabis. La gente nos está pidiendo que avancemos, en los próximos meses se fijan los pasos que se van a dar para la reconstrucción. Que sea verdaderamente ambiciosa en términos sociales, de transición ecológica, de apostar por la industria, con el debate ahora de Alcoa encima de la mesa… Los grandes temas se van a fijar en los próximos meses. En los próximos dos años nos vamos a jugar la próxima década, y ahí UP está haciendo las propuestas más ambiciosas para estar a la altura.

Hay un factor de estabilidad parlamentaria que es Esquerra, que va muy unido a lo que pase en Cataluña y con la Mesa de Diálogo. En los últimos días vimos la detención de Carles Puigdemont , ¿teme que se pueda enturbiar ese diálogo?

Hemos tenido quizás la mejor de las noticias este trimestre: por primera vez en España y Cataluña hay dos gobiernos que vuelven a mirarse y quieren dialogar y llegar a un acuerdo. Reconocen que ha habido un problema de naturaleza política y quieren darle una solución política. Esto es histórico después de tantos años en los que sólo hemos tenido judicialización y partidos que utilizaban la Constitución como arma arrojadiza contra los catalanes y los independentistas. Que ahora tengamos dos gobiernos dispuestos a dialogar y que han llegado al acuerdo de no ponerse plazos es un avance después de los años de conflictividad que no tiene precedentes.

Las encuestas dicen que el PP sería hoy la primera fuerza, sumando mayoría absoluta con la ultraderecha de Vox. ¿Los ciudadanos no están percibiendo lo que está haciendo la coalición?

Es pronto para leer encuestas. Hay otras que dicen cosas distintas. Estamos lejos de una cita electoral, estos meses son clave, estamos esforzándonos para que el Gobierno esté a la altura. UP está trabajando incansablemente para que ese bloque de gobernabilidad, esa alternativa al PP y Vox, permita avanzar en lo que reclaman los españoles. 

Se ha visto en estas dos semanas, y lo habrá sentido en las sesiones de control, un clima casi irrespirable en el Congreso. Se le llamó bruja a una diputada socialista y se expulsó a un diputado de Vox que se negó a abandonar el Hemiciclo. ¿Qué está pasando en la Cámara  Baja? ¿Qué imagen se da a los ciudadanos? ¿Es una dinámica de polarización para que llegue a la sociedad?

Es un reflejo de que las derechas en nuestro país no tienen propuesta. No veo al PP poniendo encima de la mesa soluciones aunque sean diferentes para problemas como la factura de la luz. Nosotros ponemos encima de la mesa las propuestas más ambiciosas que se han hecho nunca por parte de un Gobierno, que nos está valiendo una ofensiva por parte de las eléctricas sin precedentes, amenazando con cerrar las nucleares de golpe…

¿Están las eléctricas chantajeando al Gobierno?

Creo que las eléctricas le están echando un pulso no al Gobierno, sino a la ciudadanía. La gente ve cómo la factura está carísima y se está dando cuenta de que tener un mercado eléctrico que es un oligopolio, en manos de tres empresas, es un problema. Cuando las cosas se ponen difíciles, cuando a nivel internacional el gas sube mucho, estar en manos de empresas privadas que sólo buscan su propio beneficio es un problema para los bolsillos. Estamos proponiendo medidas que no tienen precedentes y que son muy ambiciosas, van a tocar los beneficios absolutamente inmerecidos para rebajar la factura.

Frente a eso, cuando el PP hace control al Gobierno en el Congreso lo único que hace es proteger a las eléctricas y los intereses de las grandes energéticas. Esto tiene que ver con que tienen mucha gente sentada en los consejos de administración con esas puertas giratorias que tendremos que cerrar. Eso es malo para nuestro país, que la oposición sólo se dedique a proteger a quienes más privilegios han tenido. ¿Qué pasa cuando no tienes propuestas? Que lo único que te queda es extender el odio, insultar, gritar, que es lo que vemos cada semana en la sesión de control. Pediría a la gente de nuestro país, a la que considero muy bien informada y que puede pensar por sí misma, que vean la sesión y que vean quién insulta y grita, que no se dejen engañar por este relato de que todo es ruido. No es verdad, hay fuerzas políticas que estamos intentando dar soluciones a los problemas. ¿Podremos equivocarnos, podremos hacerlo mejor? Seguro. Siempre estoy abierta a escuchar lo que dice la gente para mejorar, pero hay una gente que se dedica a insultar y gritar.

Por desgracia, insultos en el Congreso siempre ha habido. Cuando UP entró en el Congreso recibimos miradas de desprecio muy virulentas, aquella portada famosa de Rajoy mirando con desprecio a Alberto Rodríguez pasará a la historia por el desprecio a que la gente normal entre en las instituciones. Pero lo que está pasando es peor, que un grupo parlamentario, como Vox, no acata la disciplina del Congreso. Eso no había pasado jamás, la ultraderecha está en rebeldía contra las instituciones del Estado. Esto es gravísimo. Ha pasado muchas veces que un diputado se exalta, dice una barbaridad, la Presidencia le llama al orden y le pide que abandone y esa persona sale. El grupo parlamentario normalmente le tira un poco de las orejas. Aquí pasó lo contrario: su grupo le protegió y evitaron cumplir una orden directa de la Presidencia. Estamos ante la constatación de que la ultraderecha no respeta las reglas del juego democrático. En otros países de la UE hay un cordón sanitario a la ultraderecha, en España no, el PP y Cs se han echado en brazos de Vox y lo han normalizado como si se pudiera gobernar con quienes odian a los niños migrantes, a las mujeres. Tendríamos que tener un debate en España sobre si eso se puede tolerar o no. 

Estos días se están volviendo a batir récords en la factura de la luz. Han aprobado ese paquete de medidas. ¿Cuándo lo notarán los ciudadanos? ¿Creen que se cumplirá el compromiso del presidente de que se pagará menos que en 2018?

Se va a cumplir.

¿Sirven las medidas? Los ciudadanos no lo ven.

Efectivamente, y los medios tienen un papel absolutamente imprescindible, que es informar bien a la ciudadanía. Vamos a seguir viendo precios de máximos históricos en el mercado mayorista el próximo año, por los altísimos precios del gas, pero lo que ha hecho este Gobierno es desconectar el precio del mercado mayorista de lo que va a pagar la gente en la factura de la luz.

Voy a intentar explicarlo. Cómo se fija el precio de la luz en España es un timo. Simplemente. Es como si vas a una frutería, compras tomates, patatas, puerros y un aguacate y te cobran todo al precio del aguacate. Lo que hemos hecho con las medidas es que se pague la patata al precio de la patata, el puerro al precio del puerro y el aguacate al precio del aguacate. Es decir, que ahora las eléctricas no puedan cobrar más dinero por la energía hidroeléctrica o la nuclear al precio del gas, que era el más caro. Estaban sacando unos beneficios milmillonarios. Ya no lo pueden hacer. Todos esos beneficios extra van directamente a bajar la factura de la luz. Estas medidas van a tocar los privilegios de las eléctricas y eso explica la virulencia con la que han respondido, por ejemplo Iberdrola avisando de que quiere frenar algunos planes, amenazando con parar las nucleares. Por primera vez un Gobierno se atreve a tocar los privilegios de las eléctricas. 

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, hablaba de lucha de “egos” en los partidos. ¿Cómo traduce esas palabras? ¿Es su candidata? ¿Cómo se van a presentar a las elecciones?

No puedo estar más de acuerdo con lo que dice la vicepresidenta. Ojalá fuera diferente, pero las mujeres feministas que estamos en política hemos sufrido en nuestras propias carnes lo que es una política enormemente masculinizada, hegemonizada por hombres. Hemos visto como cuando los hombres tenían poder en política en nuestro país no sólo no se dedicaban a colaborar entre ellos, sino a competir y ver quién tenía más poder e imponer sus ideas. Lo que estamos haciendo con Yolanda y con el equipo de mujeres que hemos tomado el mando en UP es cambiar eso. Desde nosotras mismas, trabajar en equipo y por consenso, tratar de construir un proyecto que vaya más allá de nosotras mismas y de los partidos y que nos permita llegar a la gente a la que no hemos sido capaces de llegar en estos años, y convencer a más gente. ¿Por qué? Quiero que seamos la primera fuerza progresista en España, que lideremos el gobierno de coalición y poder avanzar más rápido en temas que ahora nos toca arrastrar de alguna manera al PSOE. Si fuéramos la primera fuerza, se harían en cuestión de los primeros meses del año. Ya tendríamos ley de vivienda o derogación de la reforma laboral, y podríamos estar pensando en otras cosas que también reclama nuestro país, como el debate de la reducción de la jornada laboral.

Entró en el Consejo de Ministros cuando se fue Iglesias para competir en Madrid. Luego se vivió el mayor cambio de Gobierno en democracia durante este verano, con el ascenso de Calviño a la Vicepresidencia primera y la salida de Calvo, Ábalos y Redondo. ¿Cómo es el nuevo Ejecutivo? ¿Funciona? ¿Le gusta? ¿Se siente cómoda?

Estaba cómoda antes y ahora. La ciudadanía no nos va a medir por las caras nuevas, sino por las políticas que llevemos adelante. Más que la remodelación del Gobierno, lo que puede hacer que tenga mejor valoración y que la gente piense que somos útiles para mejorar sus vidas es subir el SMI, las medidas para bajar la factura de la luz o que ahora podamos llevar a cabo una reforma fiscal. La gente nos va a medir por eso y es en lo que en UP estamos absolutamente concentradas.

¿Cuál será la siguiente ley que lleve al Consejo de Ministros? ¿En qué está trabajando?

Espero que seamos coproponentes de la ley de vivienda y lo veamos muy pronto. Este Ministerio está trabajando en la ley de Familias, en nuestro país hay una diversidad familiar muy amplia y, sin embargo, sólo unas familias tienen todos sus derechos garantizados. Hemos empezado a trabajar para que todas las familias, independientemente de cómo sean, tengan todo el reconocimiento y sus derechos garantizados. Va a ser muy ambiciosa.