Insolidaridad, migraciones: Frontex y la UE

La crítica situación que se vive desde hace más de un año en la ruta migratoria hacia Canarias -en simultaneidad a la pandemia- preocupa por muchas razones, pero desde luego no es menor el brote de discursos y actitudes racistas que conviene no subestimar; antes bien, debe ser confrontado cuanto antes.

Una amplia mayoría de la representación de la ciudadanía europea en el Parlamento Europeo (PE) celebra que, finalmente, se haya puesto en marcha en EEUU el formidable cambio de la nueva Administración Biden tras la lamentable y disruptiva Presidencia Trump. Al explicar este suceso, abundan los analistas que resaltan la importancia del movimiento “Black lives matter”, virtual punto de inflexión en el hartazgo en EEUU frente a la retórica divisiva y la política del odio instigadas por Trump. Y no es difícil, desde luego, empatizar desde fuera de EEUU con la lucha contra toda forma racismo y supremacismo opresor: pero hay que hacerlo también cuando nos toca más cerca. 

Por eso debemos preocuparnos cuando actitudes racistas se ponen de manifiesto ante un repunte migratorio. Como el que expresa el incremento abrupto de arribadas de pateras y cayucos a Canarias, procedentes de África, con el consiguiente incremento de presencia de subsaharianos en el atribulado paisaje económico y social de las Islas. Los mensajes racistas en las redes sociales se suman a bulos que difunden la imagen de la inmigración como una insoportable amenaza a la seguridad, multiplicando exponencialmente el impacto general de hechos por los que han de depurarse, sin duda, las responsabilidades penales individualizadas que sean menester. ¡Cuidado! La vigente Ley Orgánica de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España (conocida como “Ley de Extranjería”) prevé la expulsión de personas que se encuentren irregularmente en el territorio nacional y cometan actos violentos contra la Ley o el orden púbico, o resulten autores de delitos penados con penas de un año de cárcel.

En un Estado de derecho bajo el imperio de la Ley, las normas de la convivencia nos vinculan a todos: del mismo modo en que los derechos y sus garantías judiciales nos protegen a todos. De hecho, la Carta de Derechos Fundamentales de la UE (CDFUE) protege a todas las personas en territorio europeo. Por lo que del mismo modo en que ningún acto violento ni delito cometido por un nacional debe resultar impune, los delitos cometidos por personas extranjeras en España deben ser investigados y sus responsables enjuiciados y castigados, sin sombra de impunidad. En igualdad de derechos y condiciones que los delitos perpetrados por ciudadan@s español@s. Pero, asentado lo anterior, en ningún modo cabe entender que la polémica se acabe ni que la tarea esté hecha, ni que la situación sea aceptable o sostenible. Como se responde en los test: None of the above, ninguna de las anteriores respuestas es enteramente válida ni cierra la discusión.  

Como hemos resaltado a menudo en los debates del PE, es verdad que en España siguen siendo imprescindibles los programas de derivación solidaria entre CCAA. Pero también hay que exigirle a la UE sus responsabilidades: respuestas que sean eficaces (no negadoras de la realidad), auténticamente europeas y coherentes con sus valores, además de con su propio Derecho y con el Derecho Internacional humanitario.

En el primer Pleno del PE, en enero de 2021, tras el paréntesis de Navidad, volvió a la discusión la inaceptable situación de millares de personas malamente encajadas (que no es lo mismo que acogidas) en algún lugar al límite de las fronteras exteriores de la UE. Se habló apasionadamente de la inhumana situación en el campo de refugiados de Lipa, Bosnia-Herzegovina, donde se hacinan expuestos al frío del crudo invierno 3.000 seres humanos, a pesar de que la UE ha invertido en su ayuda más de 90 millones de euros, y aunque Bosnia no es la UE (sí lo es, sin embargo, su frontera con Croacia, el EM de la UE de más reciente adhesión en 2013).

Pero, ahí la diferencia, la valoración y respuesta de la situación en Canarias debe asentarse en la premisa de que estas Islas sí son UE. Quienes llegan a Canarias ya han llegado a la UE. Las personas rescatadas del riesgo de una muerte cierta en las aguas del Atlántico y acogidas en Canarias ya se encuentran en la UE. Y en su recepción con respeto al Derecho de la UE mide la estatura de Europa, no la del municipio por cuyas calles transiten o en cuyos establecimientos se alojan (incluyendo los hoteles e instalaciones turísticas vacantes por la prolongada crisis de la pandemia). Y, desde luego, el cuadro que viene describiendo hasta ahora este marcador de calidad europea en la respuesta describe, sin ambages, un incumplimiento dramático del mínimo que cabe exigirle, no digamos esperar. 

Con todo, es cierto asimismo cierto que en el año 2020 la UE ha transferido a España 43,5 millones de euros de su Fondo de Emergencia para las Migraciones. Para su acogida digna, su atención sanitaria, su alimentación y el saneamiento de las instalaciones de recepción de inmigrantes. Y para la identificación de traficantes. Por su parte, el Gobierno de España ha dispuesto una subvención de 30 millones de euros a Cruz Roja para velar por la dimensión humanitaria de los sucesivos vuelos de su derivación y redistribución en la península. Todo ello es parte de un esfuerzo de respeto al Derecho europeo e Internacional. Pero no menos innegable es que la capacidad de Canarias para un esfuerzo sostenido y creciente de acogida exhibe límites claro por su territorio como en su población, estresada en una prueba que se prolonga en el tiempo, y en la que desde luego hay prevenir y combatir la tentación de abrirle cauce a brotes de xenofobia.

A lo largo de 2020 llegaron por mar a Canarias, en esa ruta migratoria atlántica de l@s desesperad@s, más de 23.000 personas. Y pasan ya de 1.200 en lo que va de 2021. Preciso es reconocer el continuado esfuerzo de su Salvamento & Rescate por las autoridades españolas con cargo a recursos públicos. Esos miles de personas son los supervivientes de una saga de indecibles horrores y privaciones en cayucos y pateras en la que otr@s much@s indefenso@s y vulnerables perecen, devorados por la mar en la ruta más mortífera y arriesgada hacia la UE. Y todo ello viene sucediéndose sin que se hayan practicado esos execrables pushbacks, devoluciones en caliente, como se imputan a Frontex (la ahora cuestionada Agencia Europea de Guardia de Fronteras y Costas) en las islas del mar Egeo, en la frontera grecoturca. 

El debate sobre Frontex crece de temperatura. Y es objeto de escrutinio y severo control en el PE, en paralelo a las pesquisas que sigue sobre sus malas prácticas la Oficina contra el Fraude (OLAF), la Defensora Europea del Pueblo, la Comisión Europea y su propio órgano rector (Management Board de la Agencia). A las informaciones sobre devoluciones en caliente (pushbacks) se suman investigaciones por mala administración, despilfarro y lentitud en el cumplimiento de los objetivos fijados por su Reglamento en vigor (impulsado por la  Comisión LIBE del PE y aprobado en 2018) que la potencian como la agencia más pesada y mejor dotada de toda la constelación LIBE e incluso de toda la UE: a lo largo del presente MFP 2021/2027 recibirá 5.600 millones de euros para desplegar 10.000 agentes armados y uniformados (la primera fuerza operativa equipada de la historia de la UE), además del compromiso (a esas alturas incumplido) de incorporar “de inmediato” 40 oficiales especializados en velar por la protección y garantía de los derechos fundamentales en las operaciones de fronteras exteriores.

Tres conclusiones emergen claramente del debate en el primer Pleno del PE, en enero de 2021. Primera, la tremenda secuencia descrita en 2021, cuyo final no se vislumbra en la medida en que el azote de la Covid continúe oscureciendo globalmente el horizonte, se enfrenta inexorablemente a límites temporales: su acogida en Canarias no puede ser ni indefinida ni tampoco incremental. Segunda, esta partitura malsonante de insolidaridad europea ejecutada hasta ahora no sólo no es sostenible, sino que es inaceptable: la UE debe asumir su responsabilidad común, mancomunada, compartida. Que es cabalmente lo que ordena el art. 80 TFUE, clave del Derecho europeo en vigor en la materia. Tercera, una vez más: Law matters. El Derecho importa. Los derechos importan. Importan también en las crisis. Importan sobre todo en las crisis.